El proyecto del oficialismo prohíbe candidaturas a quienes después de participar en internas pretendan cambiar de partido. Sí lo permite en caso de partidos que se escindan de alianzas.
Ed Impresa 11/01/2019 Gastón Gracia Daponte
A través de un proyecto de ley que pena el transfuguismo, Unión por Córdoba le pone límites a los dirigentes con aspiraciones a cargos electivos de todos los partidos políticos, pero por sobre todo hacia dentro de sus propias filas con un claro ultimátum: nadie podrá sacar los pies del plato, de lo contrario deberán esperar tres años para volver a su partido de origen.
La iniciativa de los legisladores Oscar González (presidente provisorio de la Unicameral) y María Romero (Bloque de Unión por Córdoba) realiza una reforma al Régimen Jurídico de los Partidos Políticos (Ley 9572) incorporando la cláusula antitransfuguismo como artículo 59 bis.
“Quien se hubiera postulado en primaria o comicios internos para la selección de candidatos a cargos electivos, no podrá ser candidato a cargo electivo ninguno por un partido distinto o alianza electoral que no integre el partido político en el cual compitió, por el término de tres años”, estipula el artículo propuesto.
En un año electoral donde se definirán las autoridades nacionales, provinciales y municipales, junto a la renovación total de los legisladores de la Unicameral y parte del Congreso Nacional, UPC no deja ningún cabo suelto, sobre todo después de cómo quedó el escenario político provincial tras la muerte del ex gobernador José Manuel de la Sota. Detrás de la figura de su hija, la dirigente Natalia de la Sota, viene realizando numerosas muestras de unión y fuerza del espacio más grande que hoy tiene el peronismo.
El gobernador Juan Schiaretti y el delasotismo saben que se necesitan para mantener el poder en la provincia tras 20 años de gobierno, y precisamente por eso ambos intentan imponer condiciones. El gobernador desde el ejercicio del poder y el delasotismo desde su amplio poder territorial.
“Es imperioso para consolidar el sistema republicano que los partidos se democraticen, sean cada vez más transparentes y abiertos, puedan seleccionar a sus mejores hombres y mujeres, como así también (y como contracara) no permitir que quienes los desprestigian y los usan para mero instrumento de sus ambiciones personales, tengan cabida entre sus filas. Ese es el porqué de este proyecto”, expresan Romero y González en los fundamentos de la iniciativa.
Los límites que se impondrán están dirigidos también a dirigentes que pertenecen al peronismo pero que se encuentran disputando el poder en distritos como la Capital provincial fuera de su estructura, por caso, Olga Riutort, quien ya fue tajante en su definición tras el llamado a la unidad. Será candidata a intendenta de la ciudad con o sin el peronismo. Si bien la ex concejala hace muchos años formó su propio partido político, de cristalizarse la unidad, será una de las pocas que quede afuera sin posibilidades de volver, al menos durante tres años.
“Mientras las fuerzas políticas arribamos a los consensos necesarios para darnos la ley especial a la que hace referencia el artículo 58 de la Ley de Partidos Políticos en lo referido a las elecciones primarias, creemos que es necesario que se ponga un límite a la deleznable práctica de quienes, cuando los dirigentes reconocidos, afiliados, adherentes o sufragantes en una interna le dieron la espalda, busquen otra agrupación (masiva o simple “sello de goma”) para candidatearse”, expresaron los legisladores en la fundamentación de la iniciativa.
Si en el peronismo, la ley antitransfuguismo impone condiciones tácitas a sus dirigentes de cara a las elecciones generales de este año, en Cambiemos el escenario es distinto. La alianza conformada en Córdoba por la Unión Cívica Radical (UCR); el Frente Cívico (FC); la Propuesta Republicana (PRO) y la Coalición Cívica (CC) se prepara para disputar una interna el próximo 18 de marzo para definir todos los cargos electivos de la provincia, principalmente los binomios para gobernador e intendente.
El artículo de antitransfuguismo es claro en su prohibición, pero habilita a cualquiera de los principales aspirantes de Cambiemos a la gobernación y a la intendencia a poder presentarse como candidato, aún después de haber perdido la disputa interna, por el mismo partido con el que se presentaron en la elección interna. Más allá de la discusión jurídica, cualquier partido político es autónomo en sus decisiones y puede, a través de sus órganos institucionales, declinar cualquier alianza y optar por ir en soledad.
Esta ventana alimenta las reiteradas especulaciones políticas que insisten en que Mauricio Macri no pondrá en riesgo el liderazgo provincial de Juan Schiaretti quien hasta aquí le permitió, como líder nacional del “peronismo dialoguista”, ejecutar su plan de gobierno en aras de la gobernabilidad. Así, Cambiemos estaría habilitado a presentar dos candidatos, como estrategia que asegure la reelección del actual gobernador.
La situación en la UCR pasa hoy por la disputa interna para definir los nombres de las fórmulas a gobernador e intendente como una clara definición. Si el Presidente se inclina por apoyar un mecanismo de selección que favorezca a sus candidatos por encima de Ramón Mestre, están dispuestos a encarar la elección con la lista tres.
Desde el año 2008, cuando la comisión de expertos se abocó al estudio de las reformas electorales necesarias para introducir cambios a un sistema de elección arcaico después de la denuncia de fraude que realizó Luis Juez en 2007, una de las principales recomendaciones fue acabar con esta práctica que traiciona la voluntad de los electores.
No sólo que no se avanzó en esta materia sino que Unión por Córdoba, a lo largo de los años fue el principal partido político que se benefició de esta práctica, autorizando escisiones de los bloques opositores que luego le fueron afines o incorporando directamente a legisladores de otros partidos políticos a su propio bloque.
Durante este período legislativo, el oficialismo recibió en el seno de su estructura partidaria en la Unicameral a la legisladora Adriana Oviedo quien dejó el bloque del Frente Cívico por el cuál había sido electa y los legisladores Ricardo Vissani, Fernando Salvi y Nora Bedano provenientes del kirchnerista Córdoba Podemos. Liliana Montero terminó por dejar diezmada la representación política de esta misma fuerza cuando abandonó la fuerza por la que había sido elegida para constituir su propio bloque unipersonal. Córdoba Podemos descendió un lugar al constituirse como cuarta fuerza tras perder la mitad de sus legisladores.
Esto puso una vez más en la discusión política algo que paradójicamente no tiene discusión: las bancas en la Unicameral pertenecen a los partidos políticos y no a los políticos. Pero como esto no está prohibido, es una práctica que se utiliza en forma reiterada tanto en la Legislatura provincial como en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.
El caso más resonante de esta práctica en el órgano deliberativo de la ciudad se dio durante el gobierno del ex intendente Daniel Giacomino. Tras ser expulsado del Frente Cívico por el que había sido elegido intendente, quedó en minoría en el Concejo Deliberante tras la diáspora de los concejales juecistas. Transfuguismo en todos los ámbitos institucionales de representación popular de la ciudad de Córdoba.
Si bien la modificación propuesta al régimen jurídico de los partidos políticos no impide estas prácticas ni en la Unicameral ni en el Concejo Deliberante, la discusión de este proyecto de ley, necesariamente extenderá el debate a todos los estamentos ocupados por cargos electivos para evitar que los tránsfugas violenten la voluntad popular.
“Con esa praxis corrompida se debilita el sistema de partidos y flaco favor se le hace al mejoramiento de los mismos, tarea que, bien o mal, con errores y con aciertos, estamos encarando los militantes políticos desde hace algún tiempo. Por ello proponemos esta cláusula antitransfuguismo, adoptando la primera acepción que el diccionario de la Lengua Española de la www.rae.es le brinda a la palabra tránsfuga (“persona que pasa de una ideología o colectividad a otra”), finalizan los argumentos del proyecto de ley de Romero y González.
Durante el año pasado el oficialismo llevó adelante varias reformas al Código Electoral Provincial en medio de fuertes cuestionamiento del interbloque Cambiemos que adjudicó estos cambios a la conveniencia política del gobierno de Unión por Córdoba para facilitar su reelección.
En abril de 2018 se eliminó el plazo del 1 de marzo del año electoral en curso para que el gobernador anuncie la fecha electoral; el Financiamiento de las Campañas Electorales que fija los límites de los aportes públicos y privados; sanciones al clientelismo político y la implementación de las dobles candidaturas a nivel provincial habilitando que el candidato a gobernador pueda ocupar al mismo tiempo el primer lugar de la lista de legisladores.
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