El Gobierno de Milei le reclamó a las provincias que apliquen medidas para derogar las tasas municipales
El Ministerio de Economía envió una nota a las 23 provincias, en la que se les solicitó que implementen medidas para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las "Tasas municipales".
Según explicaron oficialmente, en especial pretenden que se deroguen aquellas cuyo valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio, a las que caracterizan como ilegales y arbitrarias, por incumplir la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales.
En el escrito se solicitó que se eliminen estas "Tasas municipales" que tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables; que no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado; y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además, se pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable.
Según la cartera de Luis "Toto" Caputo, el ejercicio de la potestad tributaria aplicada por municipios perjudica los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión tributaria.
A su vez, de acuerdo a la visión del Gobierno nacional, los tributos municipales afectarían los costos de los bienes y servicios e impedirían una mayor reducción de la tasa de inflación nacional.
La nota enviada también enfatiza que Ley de Coparticipación, a la cual adhirieron todas las provincias, obligaría a estos distritos y sus municipios a no gravar por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos.
En la nota se resalta que esos tributos municipales son deducibles en la liquidación del Impuesto a las Ganancias y que, por este motivo, se disminuye la masa coparticipable, lo que genera un claro perjuicio al Estado nacional y a las diferentes jurisdicciones provinciales en sus recursos coparticipables, sin que exista justificación alguna.
Fuente: NA
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