Con la firma de su secretaria General, Sonia Alesso, y su secretario General Adjunto, Roberto Baradel, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) emitió un comunicado a través del cual expresó su rechazo al paquete de leyes del Gobierno Nacional, "que vulneran derechos y conquistas de las y los trabajadores".

Afirma la entidad gremial que la versión reducida de la Ley Bases (o Ley ómnibus) "tiene el mismo contenido que la del proyecto que fracasó en febrero en la Cámara de Diputados".

Cuestiona, en este sentido, que días después de realizarse la Marcha Federal Universitaria, a la que califican como "una de las movilizaciones más grandes de la historia argentina en defensa de la educación pública"; los mismos diputados y diputadas que "se negaron a tratar el aumento del presupuesto universitario, el Fondo de Incentivo Docente y la movilidad jubilatoria se aprestan a darle un cheque en blanco a un gobierno decidido a seguir ajustando a los sectores populares para cumplir con el mandato de las grandes corporaciones empresarias".

La Ctera llama a la "reflexión y responsabilidad a todos bloques opositores, a no ser cómplices de un nuevo ataque de (Javier) Milei a los derechos conquistados en materia laboral, previsional, tributaria y de soberanía nacional"; entendiendo que "los cambios que el proyecto propone en las leyes del trabajo representan una violación al Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y a los tratados internacionales suscriptos con la OIT (Organización Internacional del Trabajo)".

Enumeran a continuación las decisiones que violan el citado artículo de la Constitución: "Se eliminan las sanciones para los que no respetan la registración laboral y para los que se apropian de los aportes realizados por los trabajadores; se favorecen los despidos arbitrarios con la introducción, mediante Convenio, de la posibilidad de que el trabajador financie su propia indemnización; se copian aspectos de la reforma de (Jair) Bolsonaro en Brasil, tal como la introducción de la figura de 'colaboradores' para encubrir la relación de dependencia y burlar los derechos laborales; se establece la validez de los despidos discriminatorios y se amplía el período de prueba; se limita el derecho de huelga abriendo la posibilidad de considerarla una causal de despido".

En el comunicado rechazan también el llamado "paquete fiscal", que propone el oficialismo en el Congreso y califican como de “injusticia tributaria”. Denuncian que esta iniciativa "reduce el impuesto a los bienes personales, vuelve a instalar el mal llamado impuesto a las ganancias para trabajadorxs y aumenta el de los monotributistas".

Y se oponen a la "eliminación de la moratoria previsional para jubiladas y jubilados, al tiempo que se habilitan moratorias para favorecer a los más ricos, como en el caso del blanqueo de capitales". Analizan que "se generan condiciones para incentivar la especulación financiera" y "se abre la puerta a la posibilidad de que la Argentina se convierta en un paraíso para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilegales".

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