Mega DNU de Milei: es cordobesa la primera demanda de inconstitucionalidad admitida del país

Hace un mes atrás el abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Luis Alberto Díaz, junto a un conjunto de ciudadanos, abogados  y otros académicos, presentaron en la Justicia Federal una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad (ADI) contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei, para impedir su aplicación total o parcial por atentar contra derechos y garantías constitucionales.

El 19 de abril el Juzgado Federal Número 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, informó a Díaz que la presentación fue admitida. De esta manera, la demanda de estos letrados  se convierte en la primera del país, según explicó Díaz, en no ser rechazada por la Justicia. Sin embargo, este jueves el abogado presentará un pedido a Vaca Narvaja para que cumpla la Acordada 12/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y expida un certificado aceptando la ADI e inscribiéndola como un proceso colectivo, ya que considera que la respuesta del juez federal es "incompleta".

La estrategia legal de Díaz  se da en el marco de múltiples recursos de amparos y acciones declarativas a Demi constitucionalidad que se han presentado (que  han sido rechazadas sin darle tramite) a lo largo de todo el país desde la entrada en vigencia en el mes de diciembre, cuando Javier Milei emitió el mega DNU 70/2023, pero se diferencia de otras en que (tras estudiar con detenimiento los argumentos de la Justicia a la hora de desestimar dichas acciones) incluye puntos claves como la figura de colectivos ciudadanos y abogados que se ven afectados por su aplicación.

Asimismo, el avance de la ADI en el Juzgado de Vaca Narvaja se da al mismo tiempo que la Cámara de Diputados, tras emitir dictamen la semana pasada (luego que en febrero no se alcanzara), se prepara para debatir una Ley que propone instaurar una reforma sistematizada en todo el Estado, que desregula la economía, deroga cientos de leyes (derechos conquistados), reforma el régimen laboral en detrimento de los derechos de trabajadores y trabajadoras a la vez que limita el derecho a huelga y protesta, e impacta de lleno en la educación y la salud, afectando principalmente los derechos de mujeres y diversidades, niñeces, adultos mayores, pueblos originarios, personas pobres, y personas con enfermedades o discapacidades.

En diálogo con La Nueva Mañana, el letrado cordobés celebró el avance de la ADI presentada por él y sus colegas pero explicó que la respuesta de Vaca Narvaja es incompleta ya que no se atiene a la Acordada 12/2016 de la Corte Suprema de la Nación, por lo cual exigirán el jueves que cumpla lo establecido en la misma. “Para que la gente entienda la gravedad de esta norma que el Ejecutivo quiere imponer es necesario que la gente sepa que este decreto busca implementar una rueda de injusticia perpetrada desde el Estado contra los sectores más vulnerables”, explica Díaz.

-Hace un mes atrás, cuándo presentaron la acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU 70/2023, ¿esperaban que avanzara?

-La verdad que no lo esperábamos. Sin embargo, sabíamos que nuestro planteo era diferente a los otros. Estuvimos tres meses trabajando en ello, pero pensábamos que era difícil  admitir, especialmente después de los últimos fallos de la Corte. Por eso cuando nos llegó la confirmación que el juez federal Vaca Narvaja lo había recibido nos pusimos muy felices. Estamos desbordados de alegría pero también sabiendo que esa respuesta es incompleta y que no se atiene a la Acordada de la Corte, respecto a los procesos colectivos y a su inscripción como tales. 

-¿Qué significa la respuesta que da el juez federal Hugo Miguel Vaca Narvaja a la acción declarativa contra el DNU 70/2023 que usted y su equipo presentaron? 

-Lo primero que sabemos es que no nos ha rechazado in límine (es decir, le da trámite), algo que podría haber ocurrido, y eso ya es un triunfo. Pero todavía no sabemos muy bien cómo terminar de entender lo decretado porque es un proceso colectivo el que nosotros iniciamos. Es decir, invocamos la representación de la ciudadanía de Córdoba y de los abogados en particular. Y el juez nos admite. Pero cuando uno presenta una acción colectiva, de acuerdo a la Corte Suprema, tiene una reglamentación específica, y el juez debería haber hecho determinadas cosas que aún no hizo. Entonces, no tenemos muy bien claro cuál ha sido la estrategia de él pero creemos que debería decretar dándole trámite  de acción colectiva.

-¿Qué pasos van a seguir luego de esta “respuesta incompleta” por así llamarle del juez Vaca Narvaja?

-Este jueves vamos a pedirle que se expida de acuerdo a la acordada de la Corte Suprema de Justicia para procesos colectivos. Lo haremos para evitar que se trámite todo y que después nos digan, 'no, bueno, pero ustedes ni siquiera tenían un caso', como ha pasado con la Corte, con los planteos del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el abogado Jorge Rizzo, a quienes se les dijo que no tenían un caso concreto para plantear. 

Nosotros ya sabemos que estamos adentro, que ya no se puede volver para atrás con eso. Pero, por los dos precedentes anteriores de la Corte que te mencioné, lo que nosotros queremos es que el juez diga que es una acción colectiva y si vamos a tener un caso concreto para litigar. Por eso vamos a pedirle al tribunal que cumplimente con los requisitos que establece la Corte Suprema.

La respuesta del Juzgado Federal Número 3 de Córdoba:

 

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