Este martes la Coordinadora por la Defensa del Bosque Nativo (CoDeBoNa) presentó una denuncia por los primeros incendios de este año, que comenzaron el 19 de junio, en la Reserva Natural Militar de La Calera, jurisdicción del ministerio de la Defensa de la Nación.

La Reserva cuenta con más de 11.700 mil hectáreas y está ubicada a lo largo de la Autopista Córdoba-Carlos Paz. El incendio desatado en junio de este año, fue el primero de los que luego ocurrieron y, aún se mantienen en Córdoba, y que de acuerdo a relevamientos del Inta, ya arrasaron más de 191 mil hectáreas de monte nativo en toda la provincia. Un récord desolador que se llevó la vida de dos vecinos que murieron luchando contra las llamas: Cristóbal Varela y José Roble. 

En diálogo con La Nueva Mañana, el abogado representante de la CoDeBoNa, Carlos González Quintana, confirmó que la denuncia ingresó en la Fiscalía  Federal N°2 de Córdoba, la cual deberá investigar los motivos por los cuales se iniciaron los incendios, que en total fueron cuatro, dentro de la Reserva donde se encuentra el principal Centro de Detención de la provincia durante la dictadura militar, La Perla.

"La idea es que con el acompañamiento de 13 técnicos de las ciencias naturales y humanas, se pueda aportar información para que la Justicia Federal, que tiene competencia territorial allí donde se produjeron los incendios, investigue y determine si hubo responsabilidad por parte del Plan Provincial del Manejo del Fuego, es decir del Gobierno, a la hora de no haber prevenido o no haber controlado", detalló el abogado.

Y agregó: "Denunciamos en el fuero federal porque es la única garantía que tenemos de que algo se investigue. En la Justicia provincial, las fiscalías que intervienen, están atravesadas por compromisos políticos con el Gobierno. Es muy difícil que un fiscal de la provincia avance contra el Gobernador por tema incendios".

Desde la organización denunciante sostienen que detrás de cada incendio hay dos tipos de especulaciones, ambas de carácter económico: una obedece al sector agropecuario que busca extender su territorio para la pastura intensiva y otra vinculada al crecimiento inmobiliario de las empresas desarrollistas.

"Luego del fuego habilitan loteos, de manera ilegal, ya que existen dos leyes provinciales y nacionales que lo prohíben. Sin embargo, y a pesar de las normas vigentes, aparecen después autorizados por la secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba", denuncian desde la Coordinadora.

Asimismo, González Quintana destacó que de las 11.700 hectáreas que tiene la reserva, se quemaron un 20 o 30 por ciento, lo cual evidencia un daño ambiental cuantioso y por supuesto de difícil reparación.

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