El Concejo Deliberante inició el debate por la regulación de apps de viajes, taxis y remises

Bajo la presidencia de Marcos Vázquez, del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba (HUXC), la Comisión de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito del Concejo Deliberante empezó a debatir proyectos para regular el funcionamiento del servicio público de autos de alquiler con chofer, contratados mediante apps o aplicación electrónicas.

El caso más visible es el de la plataforma Uber, que motivó recientemente un fallo del Tribunal Superior de Justicia, que puso en evidencia la necesidad de dictar un marco legal para esa actividad.

En esta primera reunión, los ediles acordaron formar una mesa de trabajo, que intentará avanzar en los puntos en los que hay acuerdo o consenso general, y también trabajar en las disidencias de fondo, además de convocar a todas las partes interesadas en el tema, para escuchar sus planteos.

Están en discusión cinco iniciativas: dos de la concejala Jéssica Roveto Yapur (Cordobeses por la Libertad); del concejal Gabriel Huespe (Ciudadanos); del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR); y del bloque oficialista.

El primer eje de debate gira en torno al encuadre jurídico de los servicios prestados mediante aplicaciones. Rovetto Yapur y la UCR señalan que se trata de un servicio privado y que así debe tratarse, diferenciado de la regulación de taxis y remises, que se consideran servicio público.

Los autores de cada uno de los proyectos hicieron una presentación general de los mismos.

Rovetto Yapur opinó que en un contexto de crisis en el servicio de transporte urbano, de falta de trabajo y de cambios en la vida cotidiana por impacto de las nuevas tecnologías, las apps “vienen a aportar soluciones para los vecinos”, y dijo que “el Estado debe permitirlas y promoverlas”. “Hasta ahora, la única respuesta fue prohibirlas, y no funcionó”, agregó.

Mencionó estadísticas según las cuales en países como Brasil, Chile o México, los conductores de vehículos contratados mediante apps “tienen ingreso bruto promedio tres veces superior al salario mínimo vital y móvil”, y que en Córdoba ganan hasta cinco veces más que esa misma referencia. “Perciben entre $70.000 y $100.000 diarios”, graficó.

Huespe defendió su proyecto con el argumento de que hay una demanda insatisfecha en materia de transporte, que las aplicaciones pueden cubrir, y también destacó la generación de puestos de trabajo. “Las apps permiten vincular esa demanda, con quienes quieren ofrecer el servicio. La Justicia habló y dijo que es un tema de interés público, que no puede quedar en un vacío legal. Nos tenemos que hacer cargo de regular”, puntualizó.

Desde la UCR, Javier Favre pidió despojarse “de fanatismos ideológicos y partidarios, y legislar para el progreso y la modernidad. Hay nuevas formas de vinculación laboral, de prestación de servicios, de economías colaborativas. Si regulamos en exceso, vamos a desnaturalizar el espíritu colaborativo de las aplicaciones. Los controles estatales al transporte han demostrado ser ineficientes. Al control real lo aplica el usuario al elegir qué sistema usa y poner estrellitas o no a la calidad del servicio”, opinó.

Desde el oficialismo, Marcos Vázquez planteó que buscan “generar condiciones de igualdad, para asegurar trabajo. Nos interesan los vecinos y las 6.000 familias que hay detrás de los taxistas y remiseros, que tributan y cumplen requisitos para trabajar. Las corporaciones verán si se quedan o se van. Queremos avanzar tecnológicamente y sumar las apps, pero que también los taxis puedan utilizarlas y transformarse”, sostuvo.

Por su lado, Laura Vilches (FIT) pidió “desalentar el transporte privado y priorizar el transporte público y masivo”.

“Quienes dicen que las apps son solución a la falta de trabajo, solo están mirando el último eslabón del sistema. No pido que desaparezcan las apps, ya que siempre tendrán su demanda. Pero si muchos usuarios van hacia ese sistema es porque el transporte masivo no les está dando respuestas. Los choferes que se suman a las aplicaciones son trabajadores, docentes, profesionales, que lo hacen para sumar unos pesos, porque no llegan a cubrir sus necesidades económicas básicas”, opinó.

En el transcurso del debate, surgió un eje en el que hubo coincidencia generalizada: la necesidad de regular las aplicaciones, pero, al mismo tiempo, quitarles regulaciones y exigencias burocráticas a taxistas y remiseros, para que puedan competir mejor con las apps.

Hay puntos donde el consenso parece cercano, como es el caso de que los prestadores deben inscribirse, tener pólizas de seguro, carnet de conductor, no tener antecedentes penales, hacer ITV, autos de hasta diez años de antigüedad y tributar. Más diferencias hay en cuestiones como el  ploteo de vehículos sí o no; limitar o no la cantidad de horas de trabajo; y qué hacer con el esquema tarifario.

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