Reabren una investigación por evasión impositiva de la minera Barrick Gold
La Justicia admitió un pedido de la AFIP para revisar el sobreseimiento de directivos de la multinacional por la explotación de la mina de Veladero.
La Justicia admitió un pedido de la AFIP para revisar el sobreseimiento de directivos de la multinacional por la explotación de la mina de Veladero.
Ambientalistas indicaron que no se puede "permitir más minería sobre los glaciares de los argentinos", tras el pronunciamiento de la Corte Suprema.
El máximo tribunal ratificó la constitucionalidad de la legislación que pone límites a la actividad minera en todo el territorio de la Argentina.
Se trata de Hugo Quiroga, quien está a cargo del Juzgado de Jáchal en San Juan. Había solicitado que se dejara de lado su competencia en el caso.
Así lo estableció el juez Pablo Nicolás Oritja. El relevamiento será realizado entre pobladores de las localidades de Iglesia y Jáchal. El último desborde ocurrió el 28 de marzo de este año.
El juez Sebastián Casanello consideró que las irregularidades por parte de la empresa Barrick Gold que explota el lugar “obliga a considerar de modo definitivo su cierre”. Luego de la inspección ocular se definirá la situación.
El pedido fue hecho por el ministro de Energía, Juan José Aranguren y el Gobernador de San Juan, Sergio Uñac.
La operación contará de tres pasos entre la compañía canadiense y la Shandong Gold Group Co. Ltd de China. La noticia llega después de una nueva denuncia por un nuevo derrame de cianuro a los ríos del norte de San Juan.
Sería a causa del derrame denunciado este martes. El Gobierno y la empresa niegan que haya contaminación en la zona.
Anoche se produje un nuevo derrame de “solución rica” compuesta por solución cianurada y mineral de oro, en la mina que explota en la cordillera la empresa canadiense Barrick Gold.
Desde el organismo denunciaron que "no se hizo ninguna auditoría" y que el Gobierno "mintió" sobre no despedir a trabajadores cuyas tareas son necesarias para garantizar el funcionamiento. Con estas medidas, que ahora afectan a la planta administrativa, "Conicet va camino al cierre", alertaron los trabajadores.
El abogado Gianfranco Davicini, que representa a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), precisó que las personas suspendidas percibirán un 75% de su salario y explicó que esta medida se enmarca en un plan de retiros y jubilaciones anticipadas.
El abogado Luis Alberto Díaz presentó ante la Justicia Federal una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU 70/2023 para impedir su aplicación total o parcial.
Los denunciados "podrían haber incurrido en forma reiterada y sistemática en una justificación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una directa o indirecta reivindicación del terrorismo de Estado y una apología de los criminales condenados por esos delitos".
Además le impusieron una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación especial de dos años y seis meses como así también una multa equivalente al 50% de la cantidad de dinero desviada.