La titular de la Oficina Anticorrupción explicó los proyectos de ley del Gobierno para dar transparencia a la política y advirtió que el próximo debate será qué sistema de partidos necesita el país.
Política 10/08/2018
Miguel Angel Perin
A su paso por Córdoba, La Nueva Mañana entrevistó a la responsable de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Laura Alonso puso el acento en la necesidad de adecuar el sistema político argentino, transparentando su financiamiento y organización.
- ¿Cuáles son los lineamientos sobre los que se trabaja en cuanto al financiamiento de la política?
- El Poder Ejecutivo acaba de enviar una propuesta al Congreso para que debatan una reforma importante a la ley de financiamiento de las campañas. La primera vez que la Argentina tuvo una ley de financiamiento de las campañas fue en el 2003, después de la crisis del 2001 y se reformó durante los años del kirchnerismo. Se pusieron un montón de limitaciones que lo único que consolidaron fue la opacidad en el financiamiento de las campañas políticas.
La propuesta que envió el presidente al Congreso tiene como eje máximo la transparencia, levantar algunas prohibiciones de la ley kirchnerista. Por ejemplo, la ley prohibía que cualquier empresa pueda donar a una campaña electoral y entonces se han generado, como muchos intuíamos, algunas situaciones extrañas. En ese sentido creo que tanto que la información sobre el financiamiento sea pública, que las empresas que no sean contratistas del Estado puedan participar con transparencia financiando campañas, que se establezcan límites a los montos que se puedan dar a las campañas, que se conozcan públicamente podrá ayudar a conocer una situación grave e histórica.
El problema del financiamiento de la política es sistémico, porque los partidos son débiles. Los partidos políticos son pobres y las campañas son ricas. Hay baja profesionalización de los equipos a la hora de hacer los registros contables y las auditorías internas adecuadas para evitar situaciones irregulares. Y también el control judicial ha sido ineficiente, porque no ha logrado aplicar sanciones altas porque la ley no prevé sanciones altas. Entonces también tengo el objetivo de que una nueva ley de financiamiento político ponga sanciones altas sobre los partidos políticos, por ejemplo, en el término de multas; y también sobre las personas, las autoridades y los responsables de los partidos políticos en las campañas políticas para que todos sean contestes y conscientes de la responsabilidad que les cabe a la hora de hacer una campaña política no solo en términos de cómo me presento o cuestiones de imagen sino que sean responsables, se sientan responsables del dinero que recaudan para financiar esa campaña.
- Cuando se habla de financiamiento de partidos se piensa en las campañas preelectorales pero la política es de todos los días. Hay casos en que la actividad cotidiana de algunos partidos no se refleja con la cantidad de votos que obtienen. Esa instancia, el financiamiento cotidiano, ¿estará incluida en la nueva ley?
- El financiamiento ordinario está incluido. Cuando uno habla de los partidos políticos hay dos capítulos a la hora de hablar de financiamiento. El ordinario, que es para la manutención o la vida cotidiana del partido y el de campaña, que es mucho más voluminoso, porque es público y es privado. El financiamiento ordinario también es público y privado pero en general los partidos parecen activarse durante las campañas electorales. Algunos son muy profesionales, con fuertes herramientas electorales, o por historia o por profesionalismo pero llama la atención que muchos partidos que no tienen ninguna vida o tienen muy pocos votos igualmente están recibiendo aportes públicos. Incluso partidos sin votos y sin cargos…
- Lo que vulgarmente se llama “sellos”…
- “Sellos de goma”. El “sello de goma” se utiliza en la política para muchas cosas, no solamente para llevarse plata del erario público o el riesgo de que armen campañas ficticias, de candidatos que nunca van a llegar a nada para sumar dinero de origen ilícito. Porque ya el problema no es solo si una empresa legal financia una campaña. El problema de Argentina es si los narcos están financiando campañas.
Esos “sellos de goma”, que no tienen votos además podrían ser vehículos para el lavado de dinero de actividades de origen ilícito. Y si bien aquí hay una cuestión para mirar, de índole general, es qué sistema de partidos políticos quiere la Argentina. Si la Argentina quiere seguir teniendo 40 partidos políticos a nivel nacional y más de 500 partidos a nivel distrital. Si va a tener un sistema de control sobre ese universo prácticamente ingobernable e incontrolable que sea adecuado.
La verdad es que yo creo que no debemos ser hipócritas, tenemos que ser sinceros en esta discusión. El sistema de partidos políticos en la Argentina es incontrolable. El ciudadano común quizás piensa que hay dos o tres partidos políticos pero cuando uno le muestra la realidad y empieza a describir todos los riesgos como el financiamiento de origen ilícito de un sello de goma la situación puede ser después muy complicada después en términos de resultados. Y no estoy hablando de sellos de goma que estén en campañas nacionales, presidenciales. Estoy hablando de sellos de goma en campañas provinciales, en campañas municipales que en realidad tienen un montón de plata y uno no entiende muy bien por qué.
Hay muchos riesgos y por eso yo creo que esta es una ley que hay que aprobar, pero que también va a obligarnos a pensar y a revisar en el futuro otra ley, que es la ley de partidos políticos que debe responder esta pregunta: ¿qué sistema de partidos políticos quiere la República Argentina entrando a su quinta década de Democracia continuada, como nunca le sucedió. ¿Vamos a tener un sistema de partidos alocado, incontrolable, absolutamente lleno de riesgos, de “sellos de goma” corruptibles, corrompibles para vender su sellito a otro partido y armar sus alianzas después? ¿O vamos a tener un sistema de partidos acorde? Esta es una temática que excede a la Oficina Anticorrupción, que corresponde al Ministerio del Interior, con la Justicia Electoral y con la propia vida de los partidos políticos, que hay muchos que la tienen, y tienen votos y una historia porque son partidos tradicionales.
Pero también hay “sellos de goma” o como llama una de las politólogas más expertas que se llama Ana María Mustapic “los microemprendimientos electorales”. Hay gente que lucra teniendo esos pequeños partidos y le saque de vez en cuando algún que otro dinerillo al Estado para disfrazarse de partidos en campaña. Y este riesgo que acabo de plantear de que estos “sellos de goma” sean el vehículo del financiamiento de narcos, tratantes de personas y otros capitalistas del crimen organizado.
- Por el perfil de sus integrantes este Gobierno es cuestionado por cuestiones éticas en el ejercicio de la función pública. ¿En qué consiste el proyecto de ley de ética pública sobre el que está trabajando?
- Respecto a la ley de ética pública, cuando nosotros llegamos al gobierno dijimos que era uno de los puntos a reformar entre toda la legislación nueva que se ha ido reformando. En materia de transparencia hicimos al inicio de este año una consulta pública a actores de la sociedad civil, a especialistas en la materia, también contamos con la asistencia técnica del Banco Mundial y de la OSD. Hemos terminado una propuesta que entendemos que el presidente enviará al Congreso en las próximas semanas, que trae un capítulo mucho más robusto y sólido respecto a cómo manejar las situaciones de conflictos de intereses, qué deben hacer los funcionarios cuando tienen acciones, cuando son directores de una empresa, qué deben hacer los poderes del Estado a la hora de aplicar esa ley, no solo el Poder Ejecutivo sino también el Legislativo y el Judicial.
Por ejemplo hay un capítulo sobre nepotismo mucho más actualizado que lo que tiene la ley vigente… Una ley muy vieja del año 1999. Y asimismo, la propuesta que va a mandar el presidente fortalece el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses de los funcionarios públicos, porque les va a requerir más información. Y al mismo tiempo, mucha información que el kirchnerismo por una reforma legal transformó en reservada y secreta va a volver a ser pública con esta nueva ley.
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