Sin dictamen, Senadores debatirá este miércoles el proyecto sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Versiones instaladas indican que se encaminaría al rechazo.
País 06/08/2018 Daniel Salazar
Por: Daniel Salazar - Especial La Nueva Mañana - Redacción Buenos Aires
Sin dictamen, la Cámara de Senadores debatirá pasado mañana el proyecto sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esa es la única certeza que tiene hasta ahora la discusión sobre el aborto avalada por el compromiso de los legisladores, de tratarlo con o sin dictamen, que asumieron en aquella reunión preparatoria del plenario de comisiones que realizaron a comienzos del mes pasado, después de que recibieron el proyecto aprobado por Diputados el 14 de junio para iniciar su tratamiento.
Se llegó a esta instancia tras la fuerte discusión reglamentaria para determinar las mayorías necesarias con el fin de aprobar los despachos dados, el miércoles de la semana pasada, en el plenario de las Comisiones de Salud, de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales que se cerró sin acuerdos.
La controversia surgió a partir de una interpretación restrictiva que hizo el senador jujeño Mario Fiad, presidente de la comisión de salud y cabecera del plenario, apoyado por quienes se oponen a la legalización del aborto, sobre la necesidad de que el proyecto de Diputados con modificaciones que presentaron los senadores que avalan la despenalización debía obtener la mitad más uno de las firmas, es decir 27 firmas de la cantidad total de los 53 integrantes de las comisiones, para que obtuviera dictamen.
Por el contrario, los legisladores que avalan la legalización del aborto encabezados por el rionegrino Miguel Pichetto, que habían acordado incorporar los cambios propuestos por los senadores cordobeses al proyecto original de diputados, con los representantes de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, reclamaron que la cantidad de 26 firmas que reunieron en base a la cantidad de senadores presentes en el plenario al momento de pasar a firmar el dictamen eran suficiente para obtener despacho de mayoría.
No obstante, el radical Mario Fiad concluyó: “Con 26 firmas no hay factibilidad de dictamen, el debate será en el pleno el día 8 de agosto” y dio por finalizada la reunión.
De esta manera, habrá que esperar hasta el miércoles para saber si el pleno del Senado, que deberá zanjar esta cuestión reglamentaria, debatirá en el recinto el proyecto original de Diputados o si por el contrario avanzara en la votación de la iniciativa con cambios.
En términos legales se llega al recinto con el proyecto que tiene media sanción de Diputados. De esta forma, si finalmente el pleno de senadores decide que se debata ese proyecto y es aprobado, la norma se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo de la Nación para su promulgación.
Sin embargo, esta alternativa no tiene chances de que sea aprobada. Para los senadores “celestes”, que son los que aparentemente cuentan con la mayoría de 36 adhesiones, según sondeos preliminares a los que accedió La Nueva Mañana, quieren que se trate este proyecto que votarían en contra, para echar por tierra definitivamente las pretensiones de despenalizar el aborto.
También los senadores “verdes” que vieron que no contaban con los votos suficientes para sostenerlo, 27 votos según aquel conteo, decidieron acordar con los movimientos feministas e incorporar los cambios que propusieron los cordobeses Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez, ambos de Cambiemos, y el peronista federal de UPC, Carlos Caserio para sumar cinco senadores con algunos más que se incorporaron al respaldo del proyecto.
Con el propósito de torcer la votación que hasta ahora no lo consiguieron con 32 votos, modificaron los límites para llegar a la práctica y bajaron las 14 semanas permitidas para interrumpir el embarazo a 12; además agregaron a la objeción de conciencia profesional, la institucional y eliminaron la pena de prisión para los médicos que “obstaculicen o dilaten” la realización del aborto, entre las más destacadas.
Por el contrario, si el Senado decide debatir el proyecto que fue girado de Diputados que contemplaría las modificaciones de la denominada “opción Córdoba” y es aprobado, la iniciativa será girada nuevamente a la Cámara baja.
En este sentido se abren dos caminos: que Diputados apruebe por mayoría absoluta de los presentes el proyecto con las modificaciones introducidas en el Senado, por lo que se sanciona la ley y se gira al Poder Ejecutivo. O bien Diputados puede insistir con el texto original que había obtenido media sanción.
En ningún caso podrá introducir nuevos cambios. Para sancionar la iniciativa original, Diputados deberá obtener el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes. Para cualquiera de los dos casos, en la Cámara baja ya se habla del 23 de agosto como el día para votar el proyecto, en caso de que esta iniciativa de Diputados con modificaciones sea sancionada en el Senado.
De todas maneras, de acuerdo con las consultas realizadas por La Nueva Mañana, los senadores “celestes” no se arriesgarían a acompañar la opción mejorada de la sanción de Diputados, que también rechazan pero que ven como una mejor opción que la del texto original de la Cámara baja, por temor a que cuando regrese los diputados lo aprueben sin cambios.
De esta manera, según las versiones que surgen del Congreso, los senadores antiabortistas que, afirman distintas fuentes, son mayoría, se encaminan a rechazar la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En el caso de que el Senado rechace la legalización del aborto, sea cual fuere el proyecto que finalmente sea sometido a debate, no podrá volver a repetirse el tratamiento durante este período de sesiones ordinarias. Quienes impulsan la legalización deberán entonces esperar hasta el próximo período legislativo para insistir con la norma.
El senador formoseño señaló que “desde el principio sostenemos que los proyectos de despenalización del aborto violan la Constitución Nacional, en el artículo 75 inciso 23 y también el Pacto de San José de Costa Rica donde de manera explícita el artículo 4 se habla claramente que la vida comienza a partir de la concepción” y agregó que estas normas también “violan el Código Civil y la Convención de los Derechos del Niño”.
Ampliando sus argumentos de rechazo, José Mayans dijo que “no cuantifican el tema de gastos y sancionamos una ley de aplicación general que obligamos a las provincias a cumplirlas pero no les decimos de dónde se van a sacar los fondos”.
Por lo tanto, concluyó el senador que la iniciativa que viene de Diputados aun con cambios también “está viciada de imperfecciones, primero hablaron de 14 semana como límite para abortar y después lo bajaron a 12 y ¿cuál es la diferencia?. Si se trata igualmente de una vida que se está fortaleciendo, que se está desarrollando que merece el amparo del Estado. Obviamente que hay circunstancias que son especiales y yo no estoy de acuerdo con la represión a la mujer que llega a esta situación, tenemos que tener un Estado contemplativo que contenga a una mujer que llega a esta situación, pero tampoco que sea libre, gratuito, obligatorio porque si no cuál es el mensaje que se da a la sociedad: vayan hagan lo que quieran total después el Estado les pone un quirófano en cinco días y les solucionamos el problema”. Además “nosotros creemos que hacer interpretaciones torcidas de la Constitución no favorece al país y este proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad por todas parte”, concluyó Mayans.
La senadora mendocina, Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que “no es caprichosa la necesidad de que el aborto legal sea ley, porque es la principal causa de muerte materna en mujeres sanas y jóvenes”.
No obstante, aclaró que “desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito siempre se habló de educación sexual, anticonceptivos y aborto legal para no morir, por lo tanto “no hablamos solo de interrupción del embarazo, que obviamente debe configurarse como la última instancia a la que una mujer debe acudir, sino que la responsabilidad de diseñar y ejecutar eficazmente políticas públicas que garanticen el derecho a la salud integral de las mujeres a través de una educación sexual integral y el acceso a anticonceptivos, debe ser del Estado”, enfatizó la legisladora.
En este sentido, criticó “que no es casual que quienes hoy nos plantean que la solución a este flagelo es la educación sexual, los mismos que llamativamente en su momento se opusieron a su aplicación“.
Además, la senadora dijo que aprobar la ley “es una cuestión de justicia social porque garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en iguales condiciones, la ilegalidad genera que quienes no pueden pagar una intervención médica segura, no tienen otra opción que la clandestinidad y el peligro de muerte”. Sin embargo, prosiguió que “quienes cuentan con recursos económicos lo hacen en forma segura, lo que también demuestra la hipocresía y el negocio que existe detrás de la clandestinidad”.
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