La Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos exigen aborto legal y apertura de mercado como condición para brindar asistencia.
País 23/07/2018
Gaston Gracia Daponte
El título de la información presentada en esta nota no trata de fijar una postura contraria respecto a una ley que permita interrumpir embarazos en nuestro país, como sucede en muchos países del mundo, sino que por el contrario, es un intento por comprender en toda su dimensión la necesidad que tienen los países del Primer Mundo por disminuir la pobreza en países cuyo desarrollo no permitirá la inclusión de los sectores más vulnerables.
Fríamente, la economía global necesita menos pobres y para ello, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) vienen planificando un método para que en los próximos años nazcan menos pobres.
“La planificación familiar reduce las tasas de fertilidad y construye una poderosa herramienta para combatir la pobreza. Un estudio de 1999 en 59 países calculó que, si la tasa de nacimientos hubiese decrecido un 5% de la población en los años ochenta, la proporción de las personas que vivían en situación de pobreza hubiera disminuido un tercio”, describe la Ocde en un documento titulado “Asignatura Pendiente – Las Mujeres y las niñas como prioridad en la agenda”.
La Ocde es un organismo internacional de carácter intergubernamental que conforman treinta y cuatro países miembros cuya característica común es la de poseer democracias con economías de mercado. Fue creado en 1960 para dar continuidad y consolidar el trabajo realizado por la antigua Organización Europea de Cooperación Económica (Oece), que se había constituido para canalizar la implantación de las ayudas del Plan Marshall para la reconstrucción y desarrollo en el continente tras la Segunda Guerra Mundial.
A través de este plan, los estadounidenses otorgaron ayudas económicas por valor de 13.000 millones de dólares de la época para la reconstrucción de países europeos a cambio de eliminar barreras al comercio y modernizar la industria europea para evitar la propagación del comunismo que mantenía influencia en el occidente del viejo mundo.
En abril de 2016, la Argentina presentó primero un plan de acción y luego concretó su pedido formal para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) iniciando los trámites institucionales para su aceptación como miembro concretando un cambio en política exterior que impulsó la gestión de Cambiemos.
Parte del inicio de las formalidades para formar parte de este organismo se dieron en mayo de 2017, donde Argentina se convirtió en miembro pleno de la Agencia de Eenergía Nuclear dependiente de la Ocde, y en octubre de ese mismo año la Argentina se incorporó como “adherente” a las recomendaciones del organismo en sus Recomendaciones de Buenas Prácticas Energía Nuclear dependiente de la Ocde.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desburocratización y simplificación que con 200 artículos que modificaban leyes vigentes para desburocratizar y simplificar los procesos dentro del estado iba en línea con el tipo de normativas que requiere la Ocde para poder ser miembro.
La organización se financia por el aporte que realizan sus países miembros basados en una fórmula que toma en cuenta el tamaño de la economía de cada país integrante. En 2017 los fondos alcanzaron los € 200 millones con variaciones en los aportes desde casi los € 40 millones de Estados Unidos hasta el millón de euros que brinda Islandia.
En mayo de este año se esperaba que el organismo realizara su invitación a formar parte de la organización pero la incorporación quedó en suspenso. De ingresar, la Argentina se ubicaría en el anteúltimo puesto si se compara el PBI por habitante en dólares de paridad de poder adquisitivo (que tienen en cuenta las diferencias de precios entre países), sólo superando a México de los 35 miembros de la Ocde.
Adoptar el acervo normativo para ser miembro incluye las exigencias para el Desarrollo Sustentable que contienen a las de salud sexual y reproductivas. Los principales países de la Ocde consideran, a través de distintos documentos oficiales, que el aborto legal y gratuito es una pieza clave para el desarrollo en la medida que reduce el número de personas pobres.
Los principales países de la Ocde consideran, a través de distintos documentos oficiales, que el aborto legal y gratuito es una pieza clave para el desarrollo en la medida que reduce el número de personas pobres.
El documento de la Ocde en el que señala la disminución de la pobreza brindando acceso a la realización de abortos legalizados profundiza además el concepto económico de ahorro para el sistema sanitario, al dotar a la población de una herramienta que le permita “planificar” la cantidad de hijos que una mujer pueda tener.
“Atender la necesidad insatisfecha de planificación familiar en el mundo evitaría 54 millones de embarazos no deseados, 26 millones de abortos, 21 millones de nacimientos no planificados, 7 millones de abortos naturales y 79 mil muertes relacionadas con el embarazo.
Por cada dólar invertido en proporcionar anticoncepción moderna, se ahorraría 1,40 USD en gastos de atención médica. Colmar esa necesidad no solucionada de servicios anticonceptivos tendría asimismo una significativa repercusión en la mortalidad infantil. El 13% de las muertes de niños menores a cinco años en los países en desarrollo (característica conseguida recientemente por el gobierno de Mauricio Macri) podría evitarse alargando el espacio de tiempo entre nacimientos por lo menos de dos años”.
En la evaluación sobre la Comisión de Cooperación Europea a Nicaragua publicado en la página de la Ocde se realiza un análisis acerca de la evolución positiva en el desarrollo del marco legal que garantiza el cumplimiento de los derechos humanos en aquel país. Destaca avances en esta materia pero marca como retroceso la penalización del aborto terapéutico “negándose el derecho a la vida y a la salud de las mujeres embarazadas”.
En la descripción de los marcadores sobre los objetivos de la ayuda económica que la Ocde le brinda a España, incluyen a la Salud Sexual y Reproductiva y Salud Infantil, destacando el aborto seguro donde no está prohibido por ley.
De esta forma, la Ocde impone, entre otras cuestiones, el aborto legal a cambio de asistencia financiera para los países miembros. Una vez que el marco legal es adoptado lo primero que hay que tener en cuenta es cómo el Estado financia la cobertura de las interrupciones para el embarazo.
La píldora RU-486, o Mifepristone, fue desarrollada en los años ochenta por la empresa farmacéutica francesa Roussel Uclaf, tras años de investigaciones clínicas, incluyendo estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Population Council, una organización no gubernamental internacional sin fines de lucro que realiza investigación biomédica en ciencias sociales y sobre la salud pública. No es casual que desde esta súper ONG provenga Angel Gurría, secretario General de la Ocde desde 2006.
Desde que el mifepristone fue aprobado en Francia en 1988 más de 620 mil mujeres en Europa lo han ingerido combinado con una prostaglandina para realizar un aborto farmacéutico. Luego de los intentos por mantener este medicamento fuera del mercado francés, el ministro de Salud de ese país definió al mifepristone como “la propiedad moral de las mujeres”. El gobierno francés logró la patente en este país y Europa en 1981 mientras que para América la patente la conquistó Estados Unidos.
El documento de la Ocde en el que señala la disminución de la pobreza brindando acceso a la realización de abortos legalizados profundiza además el concepto económico de ahorro para el sistema sanitario, al dotar a la población de una herramienta que le permita “planificar” la cantidad de hijos que una mujer pueda tener.
El régimen oral de mifepristone-misoprostol es muy efectivo -entre 92 y 95%-, y cuando falla, la mujer debe someterse a un aborto quirúrgico. Durante el proceso del aborto farmacéutico, la mujer tendrá cólicos y sangrado, el cual puede presentarse igual o más fuerte que un período menstrual pesado.
Este sangrado, fuerte o ligero, puede durar de 9 a 16 días. Los efectos secundarios que pueden presentarse son: náuseas, dolor de cabeza, vómito y diarrea, pero las molestias pueden aliviarse con un analgésico. En Estados Unidos y varios países de Europa, mifepristone ha sido autorizado para su uso hasta las siete semanas de gestación y en algunos otros países hasta los 63 días de gestación.
La finalidad de sancionar un régimen legal para permitir la interrupción del embarazo trata en su dimensión profunda del plan para disminuir la pobreza en los países en desarrollo y más tarde en vías de serlo.
Organismos internacionales han desarrollado la píldora, que en términos vulgares, diseca el embrión concebido en la mujer para luego expulsarlo naturalmente.
El acceso a estas píldoras en donde es de uso común está garantizado para todos los sectores de la sociedad y disminuyen en grandes proporciones los costos sanitarios que el Estado debiera afrontar si las mujeres concurrieran a las clínicas públicas y privadas para practicarse un legrado.
Según estudios desarrollados por la Ocde esto disminuirá un tercio de los nacimientos en los sectores vulnerables en los próximos años para poder controlar mayores recursos estratégicos del mundo que se viene.
Las necesidades de acceso al agua potable, el oxígeno, la comida y los recursos no renovables serán cada vez más requeridos por los países desarrollados y para conseguirlos necesitan que no nazcan más pobres. Un verdadero aborto social.
Según el informe de la OCDE, Atender la necesidad insatisfecha de planificación familiar en el mundo evitaría:
54 millones de embarazos no deseados
26 millones de abortos
21 millones de nacimientos no planificados,
7 millones de abortos naturales
79 mil muertes relacionadas con el embarazo.
U$D 1,40 En gastos de atención médica por cada dólar invertido en proporcionar anticoncepción moderna
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