Por primera vez en la historia de Argentina, el proyecto de Interrupción voluntaria del embarazo se vota en la Cámara Baja. El texto contó con 64 firmas a favor. La votación se mantiene muy reñida y se espera un final abierto.
País13/06/2018
Redacción La NUEVA Mañana
Este miércoles 13 de junio es un día histórico: por primera vez el proyecto de Interrupción voluntaria del embarazo llegó a la Cámara de Diputados. La despenalización del aborto es uno de los temas más demandado por el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans. El texto a favor de la interrupción voluntaria del embarazo contó con 64 firmas, mientras que el proyecto presentado por la oposición, con 57.
El dictamen, que comenzó a ser debatido desde las 11 de hoy en el recinto podría extenderse entre 18 y 20 horas, tiene como base el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Recibió al menos cuatro modificaciones en busca de sumar mayores consensos y tentar a los legisladores aún indecisos.
Entre esos cambios se incorporó la objeción de conciencia, que habilitaría a los profesionales a ejercerla de manera individual pero no así a las instituciones de salud.
Otra de las modificaciones está vinculada al artículo que habilita a las adolescentes de entre 13 y 16 años a someterse a un aborto sin la autorización de sus padres, punto que quieren eliminar para que esa situación quede supeditada a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial.
También se contempla el aborto después de la semana 14 en casos de "malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina" y de violación, en los que bastaría una declaración jurada de la mujer para realizar la práctica, sin mediar intervención judicial.
Una última modificación consiste en poner a disposición de las mujeres que manifiesten voluntad de abortar la información necesaria para que tomen la decisión, que incluiría un período de reflexión obligatoria e incorporaría medidas para reforzar la educación sexual además de crear consejerías de atención integral a cargo de equipos interdisciplinarios para acompañar a la mujer antes y después de la interrupción del embarazo.
El proyecto establece que "en ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer" y contempla penas que van de 3 a 10 años al que practique un aborto sin ese consentimiento, que se elevan a 15 años en caso de muerte de la paciente.
Otro punto clave es que se obliga a los hospitales públicos, prepagas, obras sociales sindicales, del Congreso, de las Fuerzas Armadas y PAMI a realizar la práctica médica del aborto.
Los principales puntos del proyecto
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