Florencia Gordillo
Por: Florencia Gordillo
El aborto salió del closet. Desde que inició el debate por la legalización del aborto en la Cámara de Diputados, la sociedad quedó empapada de relatos de mujeres que decidieron contar sus experiencias. El signo identitario es el pañuelo verde que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito implementó desde el 2003. Ya no sólo se usan en una marcha o un encuentro feminista sino todos los días, colgados de una mochila o una cartera, como un símbolo de reivindicación de derechos.
Es la séptima vez que se presenta el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. La Cámara de Diputados estima que el 13 de junio será la sesión donde se realizará la votación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Algunos legisladores ya hicieron pública su postura pero se especula que aproximadamente 40 aún no definieron cómo votarán.
En la última audiencia participó el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. “Más allá de todos los dilemas morales, el aborto existe y es un problema que tenemos que abordar”, expuso el ministro. Los debates no sólo se dan en el Congreso. Ahora la sociedad entera se manifiesta a favor o en contra del aborto. Sucede que es una realidad, y al estar penalizado condena a muchas mujeres que no pueden acceder a información, un tratamiento o medicamentos para realizar la práctica.
En la Argentina, el aborto es legal sólo en dos excepciones: para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer gestante o si el embarazo proviene de una violación. “La penalización es ineficiente y no desalienta la práctica. Tener tipificado al aborto como delito en el Código Penal no protege a nadie. Legalizar la práctica significa dar un paso hacia la garantía del derecho a la salud y al reconocimiento de la igualdad de las mujeres, respetando su autodeterminación reproductiva. Y también para darle certeza al sistema de salud y a sus profesionales sobre sus obligaciones para actuar en condiciones de legalidad, confidencialidad y seguridad”, explica Mayca Balaguer, del Cuerpo de Abogadas Feministas.
El aborto es una de las principales causas de mortalidad materna. Rubinstein informó en la última audiencia que en 2016 se contabilizaron 43 muertes de madres gestantes por aborto, alcanzando así un 17,6% de las muertes maternas. Sumó a esto que entre el 2005 y 2014 hubo una disminución del 20% de los egresos hospitalarios por esta causa fruto de las políticas de prevención y el uso de la pastilla de misoprostol.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el misoprostol es un medicamento seguro y eficaz para el aborto hasta la semana 12 de embarazo. Proviene de una sustancia llamada prostaglandina, que se encuentra en forma natural en el cuerpo y participa en la ovulación, la fecundación del óvulo y el parto. Lo que hace es generar contracciones en los músculos lisos del cuerpo y dilatan el cuello del útero facilitando la expulsión.
En un informe elaborado por el Dr. Rodolfo Rodolfo Gómez Ponce de León (asesor regional en salud reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud), se explica que “el uso seguro del misoprostol es una importante y efectiva intervención, con la ventaja adicional del gran impacto a un costo relativamente bajo, y debería constituirse en una prioridad que guiara las decisiones, manteniendo el foco en resultados seguros en cada país. Las mujeres tienen el derecho a gozar de los beneficios de los avances de la ciencia y el conocimiento en el mantenimiento del más alto nivel de salud posible”.
Las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos tienen una necesidad concreta y urgente: conseguir misoprostol para realizar la práctica de manera segura. Así lo recomiendan médicas de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y también las Socorristas en Red, un grupo de mujeres que brindan información sobre aborto.
Gisela y Romina no se conocen entre sí. La primera vez que se encuentran es en una ronda de mujeres que comparten una misma decisión: interrumpir sus embarazos. Gisela se atiende en un hospital de zona Norte, allí su médica le sugirió “googlear” a “un grupo llamado algo rosa”. Socorro Rosa es la red que asiste a mujeres que quieren abortar. A Romina le pasó el contacto una amiga.
“Yo sentí que las Socorristas me salvaron la vida, porque además de brindarme la información correcta, completa y clarísima me brindaron el apoyo que necesitaba ya que estuve sola en todo momento. Gracias a ellas fue un proceso sin riesgos y lo menos traumático posible”, cuenta Gisela.
Según un informe que presentaron las Socorristas en el Senado, en 2017 acompañaron a 4.783 mujeres en el proceso de interrupción del embarazo. El 30% de las mujeres tienen entre 20 y 24 años, el 42% no tiene trabajo y el 58,3% tiene creencias religiosas.
Sofía integra hace tres años la red de Socorristas, que también forma parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito. “Me sumé por la necesidad de practicar el activismo feminista más cuerpo a cuerpo y en carne propia porque veía que era una necesidad y una demanda de las mujeres. Acompañar es un aprendizaje constante. Implica salir de nuestros lugares individuales para poder pensarlo de forma colectiva, por eso también el acompañamiento es político, porque es una práctica de autonomía para las mujeres que nosotras acompañamos”, cuenta Sofía.
Las cordobesas tienen además otra traba para acceder a un aborto seguro. Hace seis años que no se aplica la “Guía de procedimientos para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible” por un amparo presentado en 2012 por la asociación civil Portal de Belén. Al ser declarada inconstitucional, quedó prohibida la realización de abortos bajo las dos causales que contempla el Código Penal.
Ana Morillo trabaja en centros de salud de la Municipalidad e integra la Campaña Nacional por el derecho al aborto. Asegura que en Córdoba “garantizar el acceso al aborto con causales legales es lo más complicado”. “Para que eso suceda tenemos que tener la medicación (el misoprostol) y no la tenemos disponible en el sistema de salud en Córdoba. Lo que estamos haciendo es la implementación del modelo de reducción de riesgo y daño que es la consejería pre y post aborto”, explica Morillo.
A través de las consejerías las mujeres acceden a información clara, oportuna y segura de cómo realizarse un aborto con medicamentos. Luego, interrupción se realiza de manera ambulatoria, cada mujer decide con quién y dónde hacerlo. Después pueden solicitar una atención post aborto. “El protocolo y los miedos que hay en algunos miembros del equipo de salud para implementar esta estrategia de atención de abortos no punibles hace que no podamos avanzar con la atención como debería ser en todo el sistema de salud por las causales legales de aborto”, asegura Morillo.
La despenalización del aborto fue uno de los reclamos centrales del movimiento feminista que en junio por cuarto año consecutivo realizará la marcha Ni Una Menos.
“#NiUnaMenos es una consigna que, a fuerza de repetición y omnipresencia, nos obligó a replantear estructuras y estereotipos que parecían irremovibles. Y #NiUnaMenos es, además, la lucha por nuestros derechos laborales, sexuales y reproductivos”, expresaron desde el Colectivo Ni Una Menos Córdoba, en un comunicado.
“Ya no solo se discute violencia de género, acoso, el rol de las mujeres en el poder, ni se trata de contar todas las violencias sino también estamos discutiendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y la necesidad de vivir también una vida sexual no solamente ligada a la cuestión reproductiva ni determinada por el miedo a los embarazos no deseados”, dice Betiana Cabrera Fasolis, referente de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala).
De a poco, no sólo se va difuminando el miedo y el silencio, sino también se construyen distintas formas de vivir la sexualidad. Ahora que el aborto está en boca de todos, que el pañuelo verde es un símbolo de reivindicación de derechos, queda pendiente saber si el Congreso les dará a las mujeres una oleada más de libertad.
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