Horas después del “Aprossazo”, el ministro Fortuna fue convocado a la Legislatura para la semana que viene. ¿Cuál es la situación actual de la aseguradora de salud de los trabajadores provinciales?
Política 05/06/2018 César Pucheta
Por: César Pucheta
El martes 12 de junio, el ministro de Salud, Francisco Fortuna, deberá presentarse a la Comisión de Salud de la Unicameral para dar cuenta de una serie de cuestionamientos en torno al funcionamiento de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross) por pedido de los legisladores del FIT, Eduardo Salas y Ezequiel Peressini. La interpelación pone el ojo sobre la entidad provincial creada en el 2006 por el entonces gobierno de José Manuel de la Sota y que, desde entonces, mantiene frentes de conflicto abiertos con todos los actores del sistema de salud de la provincia.
Historia clínicas complicadas
En un fallo del año 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a la Argentina y a la Apross cubrir los tratamientos de Irene Cuevas, una chica de 16 años de Alta Gracia que posee múltiples discapacidades y necesita del acompañamiento de un equipo interdisciplinario de profesionales para llevar adelante su vida. El reclamo llegó a la instancia internacional luego de un intenso pedido por parte de la familia para que la administradora de salud se hiciese cargo de la cobertura de la niña. Pero ese no es el único fallo que avanza sobre los incumplimientos de Apross que llega a la Justicia. En otro caso resonante, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aún debe resolver sobre un reclamo de la familia de Guadalupe Olmedo, una niña de 11 años, que necesita ser asistida en un centro de rehabilitación que la entidad dejó de pagar sin previo aviso ni mayores explicaciones desde hace más de un año. Los casos se multiplican.
“Pecas” Soriano: “Esto es una caja negra en donde el dinero de los afiliados se pierde de modo permanente sin que nadie se pregunte por qué sucede eso”.
Carlos “Pecas” Soriano dice que podría haber solucionado su problema particular a través de un amparo. Había gastado $150 mil para el tratamiento de una urgencia médica que le había hecho perder un ojo y había puesto en serio riesgo su propia vida. Apross no le cubría la totalidad de los gastos y él había empezado a tramitar su cruzada acompañado de un abogado del Ministerio de Salud que lo asesoraba especialmente en este reclamo. Pasaron tres meses de silencio hasta que el médico y escritor se hartó y decidió publicar una carta abierta que tenía como destinatario directo al presidente del Directorio de la Apross, Raúl Gigena. La respuesta de la administradora nunca llegó, pero en su lugar empezaron a aparecer cientos de testimonios que le hicieron notar que casos como el suyo eran más regla que omisión en la historia reciente de la salud pública de Córdoba. El 29 de Mayo del 2017, Soriano se encadenó en la sede de Achával Rodríguez y Cañada y comenzó una huelga de hambre que duró 19 días. “Fueron días muy duros porque comprobé la inhumanidad de quienes conducen la administradora. En ningún momento estuvieron preocupados por sacar un muerto de ahí sino que estaban ocupados en qué era lo que podía decir la gente si yo me moría”, dice Soriano a La Nueva Mañana.
El resultado de aquellos días de luchas y discusiones que se fueron sucediendo a la par de acusaciones cruzadas en la Justicia y declaraciones políticas altisonantes fue “un engaño”, dice Pecas. Lejos de solucionar el problema por las vías correspondientes y devolver el dinero según deberían estipular las reglas de funcionamiento de cualquier seguro de salud, a Soriano le dieron una especie de subsidio. “Me dieron $80 mil pesos que sacaron del Ministerio de Desarrollo Social. Esa plata no me correspondía porque está para otra cosa. A mi hermana le dijeron que me iban a reconocer el reclamo y que, además, le iban a solucionar el problema a todas las personas que nosotros habíamos sumado al reclamo como casos testigos del mal funcionamiento de la Apross. Al menos en algo de eso se avanzó, pero a mí me engañaron”, dice un año después. La mitad del dinero fue donado al Merendero de Unquillo y la mitad restante, al Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara.
Según su propia presentación institucional, la Administración Provincial de Seguro de Salud se define como “una entidad autárquica con individualidad financiera. Su función es la de organizar y administrar un sistema de seguro de atención médica para los habitantes de la provincia de Córdoba, con el fin de organizar la salud de la población mediante coberturas de atención médica con el aporte solidario de todos sus afiliados”. “No se entiende cómo, entonces, el ministro Fortuna dice que es una obra social ya que eso no es así”, advierte Soriano. La diferencia no es menor ya que al ser definida legalmente como una administradora de salud, la institución esquiva el compromiso de cumplir con las obligaciones mínimas que están obligadas a todas las obras sociales del país a partir de la regulación nacional que rige sus parámetros de funcionamiento. De esta manera, los afiliados de Apross no solamente corren el riesgo de no acceder al programa médico obligatorio sino que también se ven impedidos de contar con aquellas prestaciones que por leyes especiales del Congreso deben ser cubiertas por cualquier obra social.
Las cirugías para la adecuación de la genitalidad a la identidad autopercibida que deben ser garantizadas según la Ley Nacional de Identidad de Género sirven como ejemplo. “Apross no cubre las cirugías porque dice que la Provincia no tiene una ley de identidad de género. Eso es una falacia porque lo que se reconoció es un derecho humano a la salud de las personas trans. Las autoridades deberían saberlo, de hecho hay hospitales como el Rawson en el que se hacen algunas intervenciones. Son derechos humanos consagrados a nivel nacional y deben ser cumplidos, la Provincia no tiene opción de elegir o no si adhiere a una ley”, dice Martín Apaz, de la organización Devenir Diverse.
El Directorio presidido por Raúl Gigena se completa con el vicepresidente Carlos Richarte Aguiar y los vocales Gustavo Aliaga, Graciela Fontanesi, Walter Villarreal. En la conformación de ese cuerpo directivo, dice Soriano, se encuentra uno de los problemas que explican el funcionamiento del sistema. “Gigena es contador, Richarte es un médico que viene del sector privado, Aliaga es abogado y las dos personas restantes son representantes sindicales de la UEPC y el SEP sin ninguna experiencia en políticas de salud pública. Ese grupo de personas son las que definen sobre cada uno de los casos que deben dar respuestas a las necesidades sanitarias de cada uno de los afiliados”, advierte Soriano. Consultada por La Nueva Mañana, la legisladora Liliana Montero señala que “la gestión Gigena ha puesto la mirada meramente en la cuestión económica. Yo no quiero desmerecer el hecho de que un contador esté al frente de la Apross pero el problema es la ausencia de criterio médico. Ellos viven señalando que existe un cuerpo de auditores que garantiza la presencia del criterio de salud pero lo cierto es que esos auditores están puestos en ese lugar por el directorio. Gigena informa a los auditores sus decisiones y las auditorías se encargan de dictaminar en esa dirección”. El pedido de una auditoría externa será uno de los puntos que la oposición intentará imponer en el ámbito legislativo.
Uno de los conflictos de mayor repercusión de los últimos tiempos fue el reclamo de los anestesistas que llegó a la Justicia en reiteradas oportunidades y que recorta el servicio a los afiliados por la periódica negativa de la administradora a dar respuesta a los reclamos que principalmente tiene que ver con las actualizaciones salariales y el retraso en los pagos. La realidad de los prestadores es similar en casi todas las áreas. “Apross trata de reducir las prestaciones por todos lados sin tener en cuenta la salud de la población. Tenemos convenios con 23 obras sociales y ninguna pone los palos en las ruedas que Apross le pone al prestador. Hay todo un sistema burocrático diseñado para trabar la prestación. Los aranceles son muy bajos, los pagos se retrasan y casi no hay cobertura en el interior”, dice Isabel Mamani del Colegio de Psicólogos de la Provincia. “Hay un gran recorte en lo que tiene que ver con la atención a discapacidad y el acompañamiento terapéutico. La persona con un problema de discapacidad necesita una atención permanente porque es una cuestión crónica”, advierte con preocupación. Las denuncias por recortes y coberturas deficientes preocupan de sobremanera también a pacientes oncológicos, a jubilados y a los afiliados que intentan acceder a tratamientos de fertilización asistida y deben sortear una serie de trabas burocráticas que directamente eliminan las posibilidad de las potenciales prestaciones.
En Apross se ha institucionalizado también la figura del “coseguro” que no es otra cosa que el monto de dinero que deben desembolsar los pacientes para completar el costo de los tratamientos que la administradora decide cubrir tan sólo en parte. Se estima que la administradora cuenta con uno 620 mil afiliados, lo que representa un ingreso mensual que gira alrededor de los $900 millones. El sistemático pedido de informes en torno al destino de los fondos que ingresan y que no repercuten en una ampliación de cobertura se relaciona entonces con las dudas en torno al funcionamiento de un sistema de salud que se define como “solidario” ya que la mayoría de los afiliados que aportan no hacen uso de las potenciales prestaciones. La lógica de las obras sociales que reciben los aportes permanentes de personas sanas que por lo general no reciben ningún tipo de prestación como contrapartida. En Apross, además, esas prestaciones no se cumplen. “Esto es una caja negra en donde el dinero de los afiliados se pierde de modo permanente sin que nadie se pregunte por qué sucede eso”, dice, preocupado, Pecas.
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