La apertura comercial y el libre mercado con potencias industriales del Viejo Continente ponen en riesgo el tejido industrial local y los encadenamientos productivos que agregan valor a la materia prima.
Economía 04/05/2018 Facundo Piai
Durante los últimos años del gobierno del Dr. Alfonsín se implementaron una serie de reestructuraciones en el comercio exterior que se tradujeron en un aumento de los bienes importados. La apertura comercial fue una consecuencia de las negociaciones que el radicalismo había tenido con el Banco Mundial para obtener un préstamo por 350 millones de dólares.
Este préstamo y otro por más de mil millones de dólares “están parcialmente condicionados al cumplimiento de reformas estructurales por parte de la Argentina”, informaba el diario La Nación el lunes 26 de septiembre del año 1988. Una vez implementadas, las reformas profundizaron el modelo económico impulsado por Martínez de Hoz, en tanto que liberalizaron aún más la economía, también, contribuyeron al deterioro del tejido productivo durante la década del noventa y sentaron las bases para la privatización del patrimonio estatal.
La historia es harto conocida, durante el gobierno de Alfonsín se incrementa exponencialmente la pobreza y el desempleo, que estaba en torno a tres puntos en 1983 y termina su mandato con el 7% de la población económicamente activa desocupada, según publica Chequeado.com en base a la Encuesta Permanente de Hogares.
Como si nada de esto hubiese ocurrido, el presidente Macri afirmó en el foro del G20 que “el libre comercio es el camino que nos va a llevar a resolver los problemas que hemos acumulado durante muchos años”. Desde Cambiemos esgrimen como una victoria que “Argentina volvió al mundo”, en clara alusión al retorno de los organismos multilaterales de crédito y las negociaciones por generar acuerdos de libre comercio con Occidente. Pese al entusiasmo de los dogmaticos del libre comercio, estos dichos parten de presupuestos falaces, como si el mundo se hubiese estancado en la unipolaridad de la década del ochenta, una vez consumado el fracaso de la URSS. Estas frases del siglo pasado, que hoy emplean desde el oficialismo, no solo desconocen el poderío de China, Rusia, las dos Coreas, Irán, etc. que dan forma a un mundo multipolar, sino que también omiten las consecuencias nocivas que el libre comercio tuvo para las economías que lo aplicaron.
Consecuente con la visión del mundo anticuada que esgrimen desde el Gobierno, el secretario de Comercio, Miguel Braun, aseguró que “estamos buscando formar parte del Acuerdo Transpacífico eventualmente”, antes de que Trump gane la elección norteamericana. Cuando la facción yanqui pro trasnacionales representada por Hilary Clinton perdió la elección frente a la propuesta de Donald Trump de administrar el comercio exterior, naturalmente, los Estados Unidos abandonaron el acuerdo de libre comercio, conocido como Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Pese a la dimisión de EEUU, más de diez países siguen formando parte del acuerdo, dentro de ellos se destacan: Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Japón, Vietnam, Chile, México, entre otros. No obstante, la retirada de los norteamericanos hizo que la estrategia internacional de Cambiemos dé un giro, y busque profundizar acuerdos comerciales sin aranceles con los otros jugadores del bloque occidental, la Unión Europea (UE).
En consecuencia, Argentina junto a Brasil motorizan un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Europa. Las negociaciones están avanzadas, los ejes centrales estarían consensuados y se espera el anuncio del Tratado de Libre Comercio en cuanto antes. El acuerdo vendría a replicar la vieja doctrina de la división internacional del trabajo, acentuando la distinción entre países industrializados y los dedicados ad eternum a la actividad primaria. En efecto, un intercambio comercial no regulado como el que se propone acentuaría la especialización de Europa como polo industrial y reprimarizaría las economías de los países miembros del Mercosur.
Curiosamente, los primeros rechazos al inminente acuerdo vinieron de trabajadores de la comunidad europea. Las principales críticas fueron de los granjeros españoles, alemanes, franceses e italianos, que consideran una amenaza al eventual arribo de materias primas y alimentos desde Argentina y Brasil. Las ventajas competitivas del territorio americano, (grandes superficies de tierra fértil poco explotadas, sumado al desarrollo técnico aplicado a la producción de materias primas) permiten una alta competitividad en los productos agropecuarios, la industria agroalimentaria y la agroindustria del Mercosur en general. En contraparte, la agricultura europea está dominada por la producción rural en pequeña escala, el 86% de las granjas de la UE tiene un área inferior a 20 hectáreas, en donde más de un 6% de la superficie agrícola son cultivos ecológicos. Según Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, su industria agroalimentaria genera 46 millones de puestos de trabajo en 15 millones de empresas y generan el 6% del Producto Interior Bruto (PIB) total de la Unión Europea. En el 2015, cerca de 10 millones de personas fueron empleadas directamente por el sector agrícola del viejo continente. Entonces, ni los granjeros quieren ser desplazados por la importación de alimentos, ni los dirigentes de Europa quieren un conflicto con más de 40 millones de trabajadores.
En efecto, los europeos ensayan un acuerdo que atiende a los reclamos de sus productores y propenden poner límites al volumen de alimentos importados. Por su parte, el sector agrario español de la región de Andalucía, representado por la entidad Asaja Sevilla, teme que el impacto sea muy negativo en: azúcar, carne de vaca, pollo y cerdo, frutas y hortalizas e, inclusive, arroz. “La UE importa ya 246.000 toneladas de vacuno de los países de Mercosur, por lo que si finalmente se alcanza un acuerdo que incluya el cupo adicional de 99.000 toneladas libre de aranceles, los precios en el mercado comunitario se hundirán por sobreoferta”, explican desde la entidad.
Los topes a la importación que pretenden los funcionarios de la comunidad europea y la regulación a los sectores de su economía considerados estratégicos ponen en evidencia el absurdo del librecambismo que pregona Cambiemos. Puesto que mientras Mauricio Macri abre las importaciones y somete al tejido productivo pyme a un darwinismo económico, los europeos, contrariamente, protegen a su producción agropecuaria del arribo de mercancías más competitivas que desplazarían a los productores y al trabajo local.
Según publica el portal Bae Negocios, de acuerdo a información filtrada de las negociaciones en Bruselas de la semana pasada, los europeos proponen normas muy flexibles para la industria automotriz. Lo que pretenden es tener la posibilidad de que las automotrices del viejo continente con sedes en Argentina y Brasil se transformen en maquiladoras e importen, sin arancel, las distintas autopartes para, solamente, ser ensambladas. Lo que implica que las firmas europeas tengan “la flexibilidad de armar autos con piezas chinas, que ya están produciendo con calidad para varios componentes, como por ejemplo, las cajas”.
A todo esto, la balanza comercial de la Argentina (relación entre importaciones y exportaciones) es altamente deficitaria. Venimos de un 2017 con un rojo comercial que representó el 0,9% del PBI y las proyecciones para este año son poco alentadoras. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios difundió recientemente en un informe que durante febrero del corriente año el déficit fue de “US$ 903 millones”, lo que significa un “aumento del rojo comercial de 316,1%”, ya que en febrero del año 2017 había sido de US$ 217 millones. Esto se explica por un incremento de las importaciones, que, en términos interanuales, fue de un 26%.
En consecuencia, la inserción pasiva de la Argentina en el mercado global, como lo plantea Cambiemos, implica una amenaza para el país y la región. La apertura comercial y el libre mercado con potencias industriales del Viejo Continente ponen en riesgo el tejido industrial local y los encadenamientos productivos que agregan valor a la materia prima y permiten la elaboración de las mismas con alta competitividad. Así se reprimariza la economía, se reconfigura la industria en mera ensambladora de piezas y se somete al país a una nueva ola de endeudamiento extranjero. Al mismo tiempo, de ocurrir tal acuerdo, se profundizaría el déficit comercial (se destinan más dólares para importar de los que se obtienen por exportaciones), y se dificultaría el pago de los intereses de deuda.
De este modo, en lugar de definir un modelo de desarrollo que busque mantener ocupada a la totalidad de la población en función de las particularidades de nuestra economía, intentando generar valor agregado a las riquezas naturales, complejizar nuestras exportaciones (que siguen estando dominadas por materias primas) y diversificar el aparato productivo, Cambiemos decide que sea la corporación financiera quien decida cómo y dónde asignar los factores de la producción. Como ya ha ocurrido en otras épocas de nuestra historia, Argentina pierde el control de su comercio exterior al aplicar las transformaciones que solicita el Banco Mundial como condición sine qua non para prestar dinero (previa aprobación del FMI). Esta pérdida de soberanía implica el pago de altas tasas de interés por los préstamos externos y la apertura comercial. Así, la corporación financiera internacional garantiza que sus principales inversionistas y aliados (las multinacionales) dispongan de un mercado para comercializar sus bienes y servicios.
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