Gaston Gracia Daponte
El gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, envió este miércoles a la Unicameral el proyecto por el que propone la designación de los integrantes de la Comisión Técnica de Garantías, establecida por la ley 10.461 que asegura la prestación de los servicios esenciales, entre ellos, el de energía eléctrica en medio del conflicto desatado con el gremio de la empresa estatal de energía por la intención de modificar el Convenio Colectivo de Trabajo.
En el proyecto enviado propone como integrantes titulares a Pedro Enrique Ducanto; al Ing. Jorge José Galarraga; al Dr. Rubén Hugo Bengió; al Ab. Guillermo Ernesto Maisuluis y el Dr. Olivio Rubén Costamagna quien para el poder ejecutivo cumplimentan acabadamente tanto los requisitos legales como de idoneidad y capacidad para el ejercicio de estas funciones.
Esta ley prevé la intervención de esta comisión técnica para calificar las actividades de dichos servicio cuando se plantee un conflicto laboral que los afecte para contar con la prestación garantizada de servicios mínimos, sus modalidades de ejecución, planteles destinados a tales efectos y asesoramiento de la autoridad de aplicación.
Previendo una escalada en el conflicto con el gremio más combativo de la provincia, el gobernador Juan Schiaretti decidió reglamentar hoy la ley 10.461 sancionada el 14 de junio del año pasado en la que se declara y garantiza la prestación de los servicios esenciales entre los que se encuentra la energía eléctrica. La iniciativa, que estaba presentada en la Legislatura, fue convertida en ley luego de un irracional y extenso conflicto en el trasporte urbano de pasajeros que dejó durante casi dos semanas sin movilidad a los usuarios de la ciudad de Córdoba.
En este marco y adelantándose a los conflictos laborales que surgirán por la denuncia del Convenio Colectivo de Trabajo de los empleados de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica, el gobernador pidió a la Unicameral la conformación de la Comsión Técnica de Garantías y su aprobación para la semana que viene.
Concretamente, lo que el gobierno busca ajustar es el costo que le ocasionan a la provincia los cuatro puntos del convenio colectivo de trabajo, la electricidad gratuita para los empleados, las vacaciones extendidas, el pago durante más de un año de las enfermedades inculpables y los aportes al fondo compensador sindical que entre los cuatro puntos requieren un gasto de 660 millones de pesos. Los restantes 400 millones se ajustarían a través de la reducción de las horas extras, suplencias, viáticos y otros ítems. Para justificar el recorte voceros del Centro Cívico aseguran que esta cifra alcanzaría para pagar un mes de la compra de energía a Cammesa.
Ayer el Ministerio en cuestión se declaró competente para abocarse a la denuncia del convenio colectivo de trabajo 165/75 de Epec y dispuso convocar a la conducción de la empresa y a los sindicatos de Luz y Fuerza de Córdoba, Río Cuarto y Villa María a una audiencia de apertura del próximo lunes a las 16.
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