El Defensor Adjunto Hugo Pozzi participó de la audiencia pública que tuvo lugar hoy para tratar el aumento solicitado por Ecogas, que además propone actualizaciones semestrales en la tarifa.
Economía05/12/2016
La Defensoría del Pueblo de la Provincia participó, representada por el Defensor Adjunto Hugo Pozzi, de la audiencia pública que tuvo lugar el día de hoy para tratar el aumento solicitado por Ecogas, que además propone actualizaciones semestrales en la tarifa.
Ante la propuesta de actualizaciones semestrales, Pozzi pidió que exista correspondencia entre el plazo para actualizar la tarifa y el plazo de recomposición de los salarios. Además expresó que "el pago de la factura de gas no debe atentar contra el normal desenvolvimiento de la economía hogareña ni privar a los ciudadanos de la satisfacción de sus necesidades básicas".
En este sentido, el Defensor Adjunto expresó que las revisiones tarifarias deben realizarse con "la suficiente sensibilidad social para evitar que el pago de la factura del gas se traduzca en privaciones significativas de otros gastos de primera necesidad como lo son comida, vivienda, salud y educación".
La Defensoría también solicitó que la empresa de a los ciudadanos la posibilidad de abonar la factura de manera mensual y no solo de manera bimestral, ya que de esta manera los hogares pueden distribuir el impacto del gasto en dos pagos, aunque no disminuya la carga a pagar.
Respecto de la Tarifa Social, Pozzi propuso que la Defensoría del Pueblo sea entidad receptora para atender a los ciudadanos que no hayan sido incorporados al beneficio, pero que a partir de su condición explicita de vulnerabilidad deberían obtenerla, dejando a consideración final el otorgamiento al organismo de control pertinente.
En ese marco, pidió también que se tenga en cuenta la situación de aquellas organizaciones (comedores comunitarios, copa de leche, bibliotecas vecinales, etc.) que tienen un fin social y solicitó otorgarles flexibilidad para que accedan a una tarifa social o diferenciada de acuerdo a la institución y si tienen alguna documentación faltante otorgarles un plazo no menor a los seis meses para regularizar dicha situación.
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