Redacción La Nueva Mañana
La legisladora Brenda Austin, de la Unión Cívica Radical (UCR), presentó en la Unicameral un proyecto para una nueva Ley de Acceso a la Información Pública en Córdoba, alineada a los estándares nacionales e internacionales y que garantice la transparencia de la gestión pública provincial.
Explicó Austin que la iniciativa surge en respuesta a las crecientes dificultades para acceder a la información sobre el manejo de los recursos del Estado provincial, puesto en evidencia con el reciente escándalo de los contratados en la Legislatura.
"Esta es una vieja deuda que tiene Córdoba en relación a la transparencia; es un tema que una y otra vez vuelve al centro de escena en relación a la información sobre gastos públicos o decisiones del Estado. De hecho, hasta hoy han habido varios proyectos que se presentaron y nunca se discutieron en la Legislatura, impulsados por organizaciones de la sociedad civil que empujan la agenda de la transparencia", señaló.
En este sentido, remarcó que si bien Córdoba tuvo en 1999 “una ley que supo ser pionera en la materia”, lo cierto es que, a la luz de los estándares internacionales y a la Ley Nacional de Acceso a la Información, “ha quedado completamente desactualizada”. De hecho, subrayó, según el Índice de Acceso a la Información Pública Provincial (IAIPP) publicado en 2019 por el Banco Mundial, que analiza la calidad normativa en función de un índice global (RTI), Córdoba se ubica por debajo del promedio a nivel nacional, en el puesto 11 considerando a las 19 jurisdicciones con normativa sobre el tema, que es encabezado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Mendoza.
“Córdoba está lejos de tener estándares de transparencia aceptables en términos comparativos. Si a eso le sumamos que el peronismo de Córdoba y el gobierno de Llaryora se niegan sistemáticamente a brindar información que es pública, porque involucra fondos que son de todos los ciudadanos, la situación de la provincia se vuelve crítica. La falta de transparencia es un nicho de corrupción”, señaló Austin.
Y agregó: “La opacidad del Estado provincial se puede ver con claridad a partir de las dificultades para acceder a la información relacionada a los contratos de la Legislatura, como un ejemplo emblemático que está mostrando las limitaciones de la ley, que lleva a los periodistas que están buscando esa información a tener que judicializar un derecho básico como es el del acceso a la información. Las interpretaciones restrictivas por parte de quienes se niegan a dar la información solo aumentan las sospechas y debilitan a las instituciones. Sin embargo, no es el único caso, son numerosos los pedidos de informes, en diversos temas, que no encuentran respuesta”.
Consultada por La Nueva Mañana, Austin destacó que su iniciativa "deja bien aclarada la cuestión de la transparencia activa, que es la obligación del Estado de poner a disposición en sus portales web toda la información sin que sea requerida; para mejorar los procedimientos, los plazos y las herramientas de control".
También indicó que la antigua ley hablaba de "documentación", que dio lugar a una interpretación de que sólo se refería a "documentación escrita y no toda la información que hiciera a esa documentación".
"Incorporamos también cuestiones que tienen que ver con el procedimiento legislativo, como las actas de votación. También sumamos a municipios y comunas, y entes que reciban fondos del Estado, incluyendo empresas contratistas, partidos políticos, sindicatos", detalló y sintetizó: "Modifica los sujetos alcanzados, el concepto de información pública y los procedimientos".
"En concreto, diría que es una ley que mejora los estándares a la normativa nacional e internacional y busca sacar a Córdoba del retraso en la materia, mejora la obligación en relación a la transparencia activa y aclara cuestiones para su cumplimiento efectivo", concluyó.
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