Redacción La Nueva Mañana
En una entrevista periodística, la jueza Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, que en la madrugada del jueves dispuso la liberación de 114 personas que habían detenido las fuerzas de seguridad en la manifestación de los jubilados; aclaró que tomó dicha decisión para garantizar "derechos constitucionales".
Explicó que tras asegurarse de que ninguna de estas personas tenía pedido de captura y en virtud de que la Policía no entregó documentación formal que detallara qué ilícito había cometido cada una; decidió la liberación al considerar que debía garantizarse "el derecho a manifestarse".
Consideró para ello que las detenciones se produjeron en el marco de una protesta de jubilados.
Cabe mencionar que su decisión fue duramente cuestionada por el Gobierno Nacional y que incluso algunos medios afines al oficialismo la tildaron de "camporista" para dejar entrever que en su accionar había un sesgo opositor.
“En el momento del control de la detención, lo que importa es el pedido de captura. Yo no estaba siendo informada de nada. Mi función era el control de legalidad, que se respeten los derechos constitucionales”, aludió Andrade, quien evitó en la entrevista con la periodista María O'Donnell hacer referencia a las repercusiones que generó su decisión.
Aclaró finalmente la jueza que aquellas personas detenidas que portaban armas no fueron excarcelados.
Paralelamente, docentes nucleados en la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP) compartieron un respaldo a Andrade, a través de un comunicado firmado por Matilde Bruera (UNR), Alejandro W. Slokar (UBA /UNLP), Daniel Erbetta (UNR), Marcelo Riquert (UNMdP), Ricardo Álvarez (UNL), Omar Palermo (UNCuyo) y Javier De Luca (UBA), entre otros.
Repasa el diario Ámbito que los académicos resaltaron la "irrestricta vigencia" de los "derechos de libertad de reunión (arts. 14 CN, 15 CADH y 21 PIDCyP), de libertad de expresión y de peticionar a las autoridades (arts. 14 CN 13 CADH y 19 PIDCyCP)" que disponen la legalidad de las protestas llevadas a cabo durante la marcha de los jubilados.
Los profesores exigieron el "resguardo de la independencia judicial en la labor llevada a cabo por la jueza penal Karina Andrade en los lamentables hechos de conocimiento público ocurridos en proximidades del Congreso Nacional en la jornada de ayer (por el miércoles)".
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