Pueblos originarios: "El discurso de Milei y su práctica política son puntualmente racistas"

Durante la reciente pasada semana se produjeron dos hechos de política internacional  altamente significativos por cuenta y obra de la diplomacia argentina encargada de representar a la administración nacional –a cago del presidente Javier Milei- en los foros internacionales. Los hechos en cuestión fueron dos votaciones en la ONU en las cuales Argentina quedó expuesta como el único país del mundo que se opuso a respetar  los derechos de los pueblos indígenas –en la primera votación- oponiéndose también –días después- a bregar por eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.  Ambos hechos fueron señalados fuertemente–con carácter de repudio- por la prensa internacional.

Esta votación argentina -al mismo tiempo- sorprendió a propios y a extraños respecto a la falta de acompañamiento de Argentina a las votaciones de EE.UU. e Israel (países con los cuales Milei reitera permanentemente tener un alineamiento absoluto). En atención al voto contra el respeto a los derechos de los pueblos indígenas LNM dialogó con Pablo Reyna, docente en el Instituto de Culturas Aborígenes y en la Universidad Provincial de Córdoba, investigador en el Centro de Investigaciones del Instituto de Culturas Aborígenes y licenciado en Historia. Además es miembro de la Comunidad Timoteo Reyna del Pueblo Camiare (Comechingón), cuyo origen está en San Marcos Sierras. 

¿Cómo han tomado –usted y la comunidad a  la cual pertenece- el voto de Argentina –único entre todo el concierto de países del mundo- en contra de los derechos de los pueblos originarios?

- La medida de Milei va en contra del posicionamiento político histórico que el Estado argentino ha tomado con respecto a los pueblos indígenas -al menos en las últimas cuatro o cinco décadas-; ya que desde finales del siglo pasado Argentina reconoce derechos diferenciales para la población indígena. Aquí es necesario mirar un poco la evolución histórica: Ya en 1985 se sanciona una ley -la 23.302- que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y en 1994, con la Reforma Constitucional el estado se suma a la ola multicultural de reconocimiento, por un lado de la población originaria, y de asignación de derechos ligados a la identidad, el territorio, la salud, la educación, entre otros tópicos. Asimismo, el estado, adhiere y ratifica el Convenio 169 de la OIT en referencia a pueblos Indígenas a fines del 2000, y se suma a la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007. Es decir, que en diferentes coyunturas políticas, desde el neoliberalismo hasta el progresismo, Argentina mantuvo una posición pro activa al reconocimiento de derechos para pueblos originarios. Si bien, cada coyuntura fue diferente, en cuanto a la efectivización de esos derechos, y en su conjunto no ha habido grandes cambios, la postura del gobierno de Milei es retrógrada y desconoce el trabajo de diferentes comunidades a lo largo de país realizado desde hace décadas.

¿Cuál es la mirada que tienen ustedes respecto a la administración de Milei en atención a sus problemáticas?

-La actual política del gobierno de Milei ha significado un enorme retroceso para la cuestión indígena. La desfinanciación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la adhesión a la vieja narrativa que invita a pensar a la población indígena en tanto "terroristas" -y como perniciosa para la sociedad- nos permiten observar que su discurso y su práctica política son puntualmente racistas.

¿Hay algún ejemplo que sirva de muestra de lo que afirma?

- Y, como ejemplos podemos citar la Resolución 53/2024, que deroga el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y que suspende todas las solicitudes en trámite de inscripción de las comunidades indígenas, o sus diferentes alocuciones en defensa del genocidio orquestado por el estado a fines del XIX, con Julio A. Roca a la cabeza.

"EN CÓRDOBA ES UN RECONOCIMIENTO A MEDIAS"

¿Y cómo describiría el vínculo de las comunidades indígenas de Córdoba con el gobierno provincial? ¿Qué reclamos tienen para esta administración y cuáles son los pasos favorables –de haberlos- que consideran que se han dado?

 - En referencia al ámbito provincial, la actual gestión ha aprovechado la situación nacional para seguir profundizando una línea "cordobesista" que, supuestamente, se distancia de lo que ocurre a nivel nacional. El gobierno de Llaryora, en continuidad con el de Schiaretti y el de De La Sota, han reconocido la presencia indígena en Córdoba, creando la posibilidad para fomentar procesos de autorreconocimiento, pero siempre atados a lo que el Estado propone y dispone. Es decir, es un reconocimiento a medias, puesto que discursivamente se alaba la diversidad cultural, promoviéndola incluso, pero bajo férreos criterios aún coloniales, y en tanto y en cuanto, esa "otredad" no cuestione los cimientos más profundos del status quo. Y ejemplos sobran. 

 ¿Cómo cuáles?

 -Bueno, aquí va uno: la comunidad indígena de Cosquín, que tiene una titulación comunitaria de tierras del año 1817 -momento en que compran sus propias tierras a la orden de los padres Belermos- todavía está esperando que el Estado provincial los reconozca como sujetos de derecho válidos en la cuestión del trazado de la Autovía de Punilla. El estado ha expropiado sus tierras sin ni siquiera tener en cuenta ese antecedente histórico y la actual ley 26.160 de emergencia territorial. Asimismo la comunidad urbana de La Toma desde el año 2014 pide la restitución de una casa que perteneciera al curaca Belisario Villafañe y que fuera expropiada por la última dictadura -que se encuentra en la calle León Pinelo 32 de barrio Alberdi- y el estado cordobés guarda silencio al respecto. Un último ejemplo de los tantos, es la puesta marcha de un derecho como la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) garantizado por la ley nacional de educación -y ratificado en Córdoba-, que se reduce a rememorar algunas efemérides sobre pueblos indígenas en las escuelas de la provincia. En este sentido, como indígenas deberíamos estar trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación en la producción de aprendizajes y contenidos para los diversos niveles de educación; en la transversalización de la currícula desde una perspectiva intercultural que no sea funcional; en la compartición de textos -desde el ámbito comunitario hay varios libros escritos sobre la cuestión indígena desde la propia mirada y experiencia-, formando a docentes, equipos directivos e inspectores en relación al derecho indígena; iniciativas todas que son continuamente frenadas por parte de las autoridades ministeriales que tienen un discurso pro diversidad cultural, pero escasa formación al respecto.

Hablando de educación, ¿cómo toman las comunidades la constante reivindicación de la figura de Julio Argentino Roca por parte de Milei?

-En este punto hay que  pensar que parte de su performance –la de Milei- está ligada a la provocación constante y no al diálogo democrático como se espera de un gobierno elegido en estos términos. Asimismo esta lectura histórica que postula Milei, no es nueva. Es la que ha realizado también la junta militar que tomó el poder de manera terrorista en 1976. Los militares en aquel momento ensalzaron la figura de Roca, haciéndole homenajes y monumentos, al igual que Milei, pues entendían que el genocidio de fines de siglo XIX era la base para la apropiación ilegal de tierras y de personas, y la entrada de Argentina al mundo con la constitución del modelo agro/exportador. En aquel momento, con Roca a la cabeza, se construyó un "enemigo interno" -los indígenas- para legitimar ese orden; cuestión que se condice con la instalación de otro "enemigo interno" -el "subversivo"- durante la década del 70 del siglo pasado, que, como se sospecha, intenta también refundar la sociedad en términos neoliberales. De allí que no sea casual la reivindicación constante del presidente Milei de Julio Roca, pues el proyecto político que está detrás es el mismo: un proyecto de país racista, expropiador, que postula que existen personas peligrosas dentro del estado que hay que perseguir y eliminar.