La audiencia de este miércoles en Tribunales de Río Tercero tiene como imputado al policía Luciano Emanuel Carnero, quien llega al banquillo imputado por homicidio simple con exceso en el ejercicio de sus funciones.
22/05/2024
Redacción La NUEVA Mañana
El 14 de diciembre de 2012 Lucas Funes, de 23 años de edad, murió asesinado por una bala que impactó en su nuca durante una persecución policial en barrio Monte Grande, de Río Tercero.
El informe judicial acusó al joven fallecido de haber intentado robar en un negocio ubicado sobre avenida General Savio junto a su hermano, motivo por el cual habrían sido perseguidos. Sin embargo, el caso es investigado como presunto gatillo fácil y abuso policial.
La audiencia de este miércoles, del juicio que tiene como imputado al policía Luciano Emanuel Carnero, comenzó 8:45 en los Tribunales de Río Tercero. El delito por el que está acusado Carnero prevé una pena de entre uno a cinco años de cárcel. La defensa niega que se trató de un exceso y menos de un caso de “gatillo fácil”.
Carnero, agente policial de la Unidad Regional Departamental Tercero Arriba (Urdta), fue sobreseído en 2014, pero posteriormente la Cámara Criminal y Correccional de Villa María revocó esa decisión y en 2019 remitió la causa a la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero a cargo de Paula Bruera. Carnero llegó al juicio imputado por homicidio simple con exceso en el ejercicio de sus funciones.
Desde entonces, la Fiscalía de Bruera incorporó nuevos elementos probatorios, entre ellos una reconstrucción virtual realizada por la sección desarrollo interdisciplinario de Policía Judicial, lo cual permitió tener nuevos elementos para elevar la causa a juicio.
Desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba informaron que quedaban solo dos testigos, que por cuestiones uno de salud y la otra laboral, no habían podido asistir en tiempo y forma al juicio. La segunda testigo entró en contradicciones, según manifestó el tribunal (que fue extremadamente exigente con esta persona), que vio el hecho en el 2012.
La defensa pidió que se agregara como falso testimonio y a su vez pidió la incorporación de una nueva documentación de unos análisis de peritaje que había mandado hacer, ya que alegó que el Estado no le provee de recursos para hacer consultas con peritos de parte, a través de una videoconferencia. Las dos querellas se opusieron, pero la fiscal dio algunas explicaciones acerca del caso y el tribunal resolvió incorporar esa prueba.
El clima dentro de la Sala de Audiencias durante la mañana fue álgido y afuera de la sala hubo “una gran cantidad de policías, que vinieron a acompañar al acusado, no solamente de la departamental Tercero Arriba, sino también de varios lugares de la provincia de Córdoba”. "Claramente hay una presión policial hacia el tribunal, que hoy dictaría sentencia", indicaron desde la Mesa de Trabajo por los DD.HH. de Córdoba.
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