Con el avance de la Ley Bases a la Cámara de Senadores y, por tanto, frente a la posibilidad cada vez más cierta de que sea aprobada, crecieron los debates sobre los artículos más controversiales. Las exenciones impositivas y demás beneficios para grandes inversiones son los que generan más rispideces. Los artículos dentro de este capítulo delinean un modelo de desarrollo por los próximos 30 años sin contemplar dónde debe robustecerse el aparato productivo para poder emplear a la totalidad de la población económicamente activa.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) propone diferentes exenciones impositivas y aduaneras, garantizando la libre disponibilidad de divisas -entre otros beneficios-, para las inversiones mayores a 200 millones de dólares. En efecto, la principal crítica se centra en el riesgo de implementar medidas de largo alcance apretados por la necesidad inmediata de divisas, sin contemplar los efectos futuros. De modo tal que se trataría de cambios estructurales descalzados de un plan integral para robustecer y diversificar el aparato productivo.
Dicho de otro modo, los dólares que ingresaran hoy por inversiones en el sector hidrocarburífero, litio, minería o eventualmente en el sector agropecuario, podrían no estar disponibles mañana consecuencia de la libre disponibilidad de lo generado por las exportaciones, lo cual condiciona la oportunidad de apalancar sectores productivos existentes con la renta generada por la extracción de recursos naturales. Además, dado que quienes ingresan al régimen podrán importar insumos y bienes de capital por sobre la oferta de proveedores locales, la medida desalienta la integración vertical de las cadenas productivas de valor, desanimando así el efecto derrame que las inversiones tienen.
Al interior del mundo productivo las posiciones son diversas. Muchos empresarios optan por no expedirse buscando evitar sentar posición que generen tensiones sobre un proyecto que aún puede sufrir modificaciones en el Senado.
En Córdoba quienes sentaron posición favorable fueron los miembros de la cámara que asocia a metalúrgicos y autopartistas. En un comunicado público apoyan los “incentivos fiscales tendientes a atraer grandes inversiones” y sugieren dos modificaciones. Por un lado, que los proveedores locales de los eventuales proyectos también sean exceptuados del Impuesto PAIS al importar insumos y maquinarias. Por otro, proponen “limitar los beneficios” que reciben los proyectos en función de las exportaciones generadas.
“¿Entonces no están de acuerdo con el RIGI tal cual está planteado en el proyecto? ¿Qué pasa si se aprueba tal cual está?”, consultó La Nueva Mañana a un importante empresario del sector que prefirió el anonimato, quien respondió lacónico: “las posiciones están divididas”.
Si bien la Unión Industrial de Córdoba aún no definió una posición institucional sobre la medida, pudimos hablar con su presidente quien opinó desde su rol de empresario particular. “La necesidad de implementar un régimen de este tipo obedece a que el país ha tenido a lo largo del tiempo un pésimo comportamiento en el cumplimiento de normas y reglas que regulan las determinadas actividades. Esta incertidumbre hace que para que arriben inversiones se tenga que pagar un precio más caro que el que sería de haber tenido un comportamiento serio a lo largo de nuestra historia”, aclaró Luis Macario.
El riesgo argentino tiene un costo por falta de confianza, señaló el empresario harinero. Quien desestimó el “fatalismo” en torno a la ley, “pareciera que si sale la ley se cierra el congreso… eso no va a ser así”, enfatizó. Tanto los artículos que apuntan a modernizar el mercado laboral como el régimen de inversiones, opinó Macario, pueden perfeccionarse en posteriores leyes que neteen los “efectos colaterales de la Ley Bases”. Para el empresario las eventuales “contraindicaciones” de la normativa no deben frenar su avance.
Por ejemplo, si en Córdoba se instala una terminal automotriz alentada por el nuevo régimen dada la magnitud de la inversión, generaría una situación de “competencia desigual con las ya existentes”. Entonces, para quien preside la UIC “habrá, de alguna manera, algún tipo de reacomodamiento para que trabajen en un pie de igualdad”.
La necesidad de las inversiones son prioridad para Luis Macario, presidente de Gastaldi Hermanos. En el caso del petróleo, es más “evidente aún porque apremia el tiempo en un mundo que está en una transición energética”. De modo tal que si no se extrae antes del paso hacia energías limpias no podrá valorizarse el recurso natural.
En el plano nacional, dentro de los que sí se expidieron se destacan los empresarios petroleros de peso y del sector minero que lo hicieron favorablemente. El presidente de la cámara que nuclea a las mineras, Roberto Cacciola, por su parte, indicó que estos incentivos ocurrirán sin estímulos.
En la vereda de enfrente se posicionaron la Unvos son claves para las provincias mineras “para que los proyectos grandes vayan adelante”, algo que la Unión de Industriales de Argentina, la asociación que nuclea a los metalúrgicos del país, como así también la cámara que representa a los proveedores de las petroleras y distintas federaciones provinciales de industriales. Hay dos argumentos que se repiten recurrentemente. Uno es la competencia desleal con eventuales importaciones libre de impuestos. Por otro lado, la ventaja que tendrán determinados sectores para acceder a los siempre limitados dólares que dificultaría la importación de insumos a parte de la industria.
En suma, las medidas buscan fortalecer a sectores con un marcado perfil externo. Las mismas profundizan la inconexión de la explotación de commodities con la producción nacional. De modo tal que la inversión pública del Estado en el Gasoducto Vaca Muerta-Saliqueló de unos 2 mil millones de dólares podría no redundar en futuro robustecimiento de reservas, estabilidad del peso e importación de insumos para revalorizarlos puertas adentro.
