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El texto firmado por el titular del bloque, Cristian Ritondo señala: "La totalidad del proceso de juicio político impulsado durante el año 2023 por el bloque del Frente de Todos de esta Cámara de Diputados por orden del entonces presidente Alberto Fernández contra los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, estuvo teñido de reiteradas irregularidades".
Política08/01/2024Un grupo de diputados nacionales del PRO presentó este lunes un proyecto de declaración por el cual solicita que la Cámara baja declare "inválido y nulo" el proceso de juicio político que el Frente de Todos realizó durante el año pasado contra los cuatro jueces de la Corte Suprema, al sostener que se "violaron las garantías constitucionales" y se cometieron "graves irregularidades".
"La totalidad del proceso de juicio político impulsado durante el año 2023 por el bloque del Frente de Todos de esta Cámara de Diputados por orden del entonces presidente Alberto Fernández contra los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti estuvo teñido de reiteradas irregularidades", señaló el texto firmado por el titular del bloque, Cristian Ritondo, y otros legisladores de ese espacio como Damián Arabia y Sabrina Ajmechet.
Añadieron que "no se encontraban razones para iniciar dicho procedimiento excepcional y no existían motivos suficientes para que esta Honorable Cámara acuse ante el Senado a los mencionados ministros. Por lo tanto, al ser este un juicio político en cuyo procedimiento se lesionaron garantías constitucionales, se faltó al reglamento de la Cámara de Diputados y, en reiteradas ocasiones, fueron detectadas serias irregularidades que han sido denunciadas, se declara invalido a la totalidad del procedimiento".
El Frente de Todos inició el proceso de juicio político el pasado 26 de enero a partir de 14 expedientes en los que se incluían causas como el fallo por la coparticipación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el fallo que definió la composición del Consejo de la Magistratura, la resolución de 2017 que avaló el cómputo del 2x1 para los delitos de lesa humanidad y la presuntas irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial.
Con su mayoría en la comisión, el Frente de Todos dictaminó en la reunión del 28 de noviembre y el expediente quedó con posibilidades de ser abordado por el plenario, aunque la posibilidad de que sea aprobado es casi nula porque se requiere el voto de los dos tercios de la Cámara.
Fuente: Télam
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