Redacción La NUEVA Mañana
Durante el acto de asunción del flamante gobernador Martín Llaryora se registraron dos reclamos: uno dentro de la Legislatura provincial, y otro afuera.
En el mismo recinto, legisladores de Juntos por el Cambio alzaron carteles durante el discurso del mandatario tras su jura, que rezaban: "Si no van a robar, déjense controlar".
La frase alude a los cambios realizados en las últimas sesiones de la Unicameral con la composición anterior de mayoría legislativa oficialista, modificando algunos atributos del Tribunal de Cuentas provincial, que tras las elecciones del 23 de junio pasado, tiene mayoría opositora: dos integrante de JxC y uno de Hacemos Unidos por Córdoba.
Según las diferentes declaraciones realizadas por referentes de Juntos por el Cambio, estos cambios "limitan los controles de este órgano fiscalizador de la provincia".
La ley que comienza a regir en el órgano que conforman desde ahora María Fernanda Leiva y Beltrán Corvalán como vocales opositores y Silvina Rivero por el oficialismo, los gastos que no podrán controlar y quedan excluidos del control preventivo del Tribunal de Cuentas son el Fondo Nacional de Incentivo Docente; Convenios de pasantías; Pago a asesores o servicios profesionales prestados por personas humanas que tengan previa autorización del Poder Ejecutivo Provincial; Subsidios o ayudas económicas, hasta un monto determinado; los actos que autoricen contrataciones con organismos del Estado y Sociedades de Economía Mixta; Gastos en combustible en vehículos de flotas oficiales; Compra de pasajes aéreos para viajes oficiales al exterior; y Gastos para la flota de aeronaves provinciales;
Además, el Tribunal de Cuentas podrá hacer controles o auditorías en las reparticiones públicas cuando lo considere conveniente. Para ello deberá contar con el voto de dos tercios de los miembros de la Legislatura.
En tanto, en las afueras de la Legislatura, un reducido grupo de padres y docentes de escuelas PROA del interior provincial, reclamaron por la finalización de las obras.
Verónica Sandoval, mamá de un alumno de cuarto año de Unquillo, precisó a LNM: "Somos papás, alumnos y docentes autoconvocados de las escuelas ProA de la provincia y estamos pidiendo la finalización de obras que se iniciaron en el 2016: muchas de ellas están esperando la construcción. Por tal motivo, precariamente nos pusieron en edificios prestados que tienen cortocircuitos, problemas de agua, en las instalaciones en general. Además, falta titularización de docentes, mala calidad del PAICOR... Por eso necesitamos los colegios se construyan sí oo sí para el año 2024".
La madre señaló que el grupo de autoconvocados estáconformado por representantes de las localidades de La Falda, La Calera, Unquillo, y Alta Gracia, "que tiene el edificio que se lo entregaron hace poco pero está muy mal construido... En Unquillo, son 150 estudiantes y el año que viene entra un curso más. Como no tienen bancos probablemente las clases empiecen en abril o mayo", advirtió.
