Andrea Calderón, miembro de Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio de Argentina, señaló que no hay controles ambientales y las empresas mineras pagan solo un 3% en regalías.
Ed Impresa18/08/2023 Pierina Propato
Especial para La Nueva Mañana
La industria del litio promete ingresos millonarios en dólares en el país en el mediano plazo. Sin embargo, su explotación y aprovechamiento carecen de una legislación integral que regule la actividad, que mayormente está en manos de empresas extranjeras.
Según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Argentina es el segundo país con la reserva de litio más grande del mundo con 20 millones de toneladas, después de Bolivia. Dada su importancia para rubros industriales, el “oro blanco” es buscado para la producción de tecnología, para la electromovilidad y para la producción de baterías electroquímicas que permiten almacenamiento de energía. Este dato es fundamental para entender el valor geopolítico del mineral en la transición energética, pero también qué puede significar en el contexto de una profunda crisis económica. En este sentido, la explotación de las reservas del litio puede significar una importante fuente de ingreso de dólares al país a mediano plazo; no sin antes, modificar la legislación vigente.
La Constitución nacional establece en su artículo 124 que “las provincias poseen el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios”. A su vez, toda la actividad minera está regida por el Código de Minería, sancionada en el gobierno menemista, que otorga a las administraciones provinciales la competencia para concesionar la explotación de los recursos. “Las regulaciones y exigencias que se le hacen a la actividad minera en el país hoy son prácticamente nulas, eso hace que la Argentina sea atractiva para las grandes potencias”, explicó Andrea Calderón (*), investigadora del Conicet, a La Nueva Mañana. Este código tiene dos puntos a favor de las multinacionales: prevé nulos controles ambientales, ya que los mismos están a cargo de las empresas que llevan adelante la actividad de explotación, y, por otro lado, sólo prevé un cobro en regalías del 3 por ciento a boca de mina (es decir, tal como es extraído el mineral). Según explicó la especialista, la situación es muy diferente a la que ocurre en otros países de Latinoamérica que han declarado al litio como recurso estratégico llegando a cobrar, en el caso de Chile, un 40 por ciento de regalías.
“Es imposible llevar adelante investigaciones para el desarrollo de tecnologías con el fin de reducir el impacto ambiental porque justamente el litio pertenece a las empresas que lo explotan”.
Si bien el Estado nacional no ha perdido total injerencia sobre la actividad minera y recibe en recursos tributarios vinculados a la actividad, “el régimen general vigente en la Argentina está muy lejos de ser una estrategia integral, como ocurre en otros países de la región”, aseveró Calderón. Es por eso que se han presentado numerosas iniciativas al respecto aunque ninguna prosperó, incluso la última que espera ingresar a comisión en la Cámara de Diputados desde mayo de este año.
Un grupo de diputados oficialistas ingresó un proyecto que busca declarar la importancia económica estratégica de las reservas de litio. El texto declara en su artículo 4 que “el Gobierno federal es el titular de la política nacional de explotación del litio, la que debe cumplir con las finalidades enunciadas en el artículo 2º”, que refiere al desarrollo sostenible de la actividad sin explicar de qué manera se llevaría adelante. También, en el mismo artículo, reconoce la titularidad de las provincias sobre el dominio originario ya que éstas “pueden realizar todas las actividades relacionadas con su explotación económica por sí o por convenio con la Nación”.
Aunque es general, dicho proyecto aborda varios aspectos observados por la investigadora sobre el Código de Minería.
“Hoy el recurso es propiedad de quien lo descubra y puede explotarlo a perpetuidad por una concesión que le entrega la provincia a ese privado mientras ese recurso sea explotable”, asegura. Además existe la posibilidad de vender ese permiso a un tercero, originando así un verdadero mercado inmobiliario con los salares. Este punto es sumamente crítico por varios motivos. En primer lugar, es conocida la lucha de los pueblos originarios que son desplazados de sus territorios por la actividad minera, directa o indirectamente debido al impacto negativo sobre el medio ambiente; situación que empeoró por la reforma de la Constitución de Jujuy que desconoce la propiedad ancestral de los territorios. Al mismo tiempo, debido al marco jurídico, “es imposible llevar adelante investigaciones para el desarrollo de tecnologías para reducir el impacto ambiental porque justamente el litio pertenece a las empresas que lo explotan”. En este sentido, Calderón agregó que para reducir el impacto negativo es imprescindible determinar cuánto litio se va a extraer, cómo se hará el proceso y para qué se utilizará. Sin embargo, nada de esto puede planificarse porque no existe una legislación integral que lo contemple.
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