Redacción La Nueva Mañana
El Gobierno nacional disolvió el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y avanza la desregulación del Estado. La noticia fue anunciada este lunes a través del Decreto 452/2025 publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
Allí, la gestión de Javier Milei anunció la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge) que reemplazará a los actuales Enargas y ENRE y asumirá todas sus funciones bajo una estructura única. El Enrge será un organismo autárquico que dependerá de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y estará plenamente operativo dentro de los 180 días corridos.
Durante este plazo se avanzará en la transferencia de personal y bienes desde los organismos actuales hacia la nueva estructura, manteniendo las condiciones de empleo vigentes hasta su reubicación. De acuerdo con la normativa, el directorio estará compuesto por un presidente, un vicepresidente y tres vocales designados por el gobierno nacional tras un proceso de selección conducido por la Secretaría de Energía.
Durante este período de transición, el Enargas y el ENRE seguirán ejerciendo sus competencias habituales hasta que el nuevo organismo esté plenamente operativo.
Entre las atribuciones que tendrá el Enrge se cuentan la fiscalización de las normas vigentes, la formulación de presupuestos, la elaboración del balance anual, la aplicación de sanciones y la administración de la tasa de inspección y control que financia su funcionamiento.
La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley 27.742 (Ley de Bases) que ordenó la creación de un único ente para supervisar ambos sectores.
El decreto establece además que el proceso de selección del primer directorio deberá iniciarse dentro de los 30 días hábiles contados desde la publicación del decreto.
El esquema establece un mecanismo de control parlamentario: antes de la designación o remoción de los directores, el Poder Ejecutivo deberá comunicar los fundamentos a una comisión bicameral del Congreso, que tendrá treinta días para emitir opinión. Si no lo hace en plazo, el Ejecutivo podrá avanzar con el acto administrativo.
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