Especial para La Nueva Mañana

Las negociaciones con el Fondo Monetario, principal acreedor externo del país, dejaron sabor agridulce en la alianza gobernante. Por un lado, la titular del organismo Kristalina Georgieva junto al staff técnico decidió flexibilizar la meta de reservas que debería acumular el Banco Central según lo acordado. Pero, por otro lado, el organismo multilateral de crédito no cedió con el otro compromiso de política económica suscripto en 2022 discutido en la última reunión: el déficit fiscal. 

El equipo económico sostiene que, por factores exógenos, el mundo es muy diferente a aquel en que se renegoció la deuda contraída por la administración Cambiemos. Con la guerra y la sequía que sobrevinieron a la pandemia sobre la mesa, el Fondo redujo en aproximadamente U$S2 mil millones las reservas que la economía argentina tiene que acumular en este año. Significa un alivio para el gobierno ya que sólo mediante una devaluación con recesión económica (y contracción de las importaciones por caída de actividad), el Central podría acumular los dólares comprometidos en un contexto de bajas exportaciones como el actual.

La sequía aplica una doble Nelson a la economía

Sin embargo, mantener la meta de déficit fiscal en 1,9% desafía a la alianza gobernante a ajustar el gasto más de lo previsto en un año en donde el gobierno se juega la continuidad. Ocurre que, así como la sequía repercute en el ingreso de dólares al afectar al principal complejo exportador de la economía, también hace mermar la recaudación impositiva. Puesto que los impuestos que se recaudan en concepto de retenciones a las exportaciones representan alrededor del 10% del total de los recursos tributarios. La erosión de la recaudación de este gravamen se advirtió en los números fiscales de enero y febrero con una contracción tanto nominal como real. 

Al estar la recaudación alineada al nivel de actividad, una contracción del producto hace que necesariamente caigan los ingresos tributarios, por lo que para cumplir los objetivos de reducción del rojo fiscal se necesitaría un mayor ajuste del gasto. Entiéndase por esto acelerar la quita de subsidios a los servicios. Ergo, aumento de tarifas que alimentarían la suba de los precios. La base del problema radica en que la magra cosecha significa un golpe a la base de sustentación de una economía agro dependiente. Así, los efectos recesivos de la sequía se potenciarían con una reducción del gasto que esmerila la capacidad de consumo. 

Molinero asume que no habrá contracción en la oferta de harina

Las estimaciones de las pérdidas económicas generadas por las condiciones climáticas varían entre 5 mil y 10 mil millones de dólares, según los estudios. Reportes oficiales proyectan que la cosecha de soja sería 18% menor a la campaña agrícola anterior. Mientras que en lo que va del año, la molienda de esta oleaginosa se contrajo 24%. El trigo cosechado, por su parte, cayó 40 por ciento en relación a los volúmenes de hace un año atrás, lo cual no evitó que la industrialización del cereal tuviera un buen comienzo de año.

Frente a la magra cosecha de trigo y su repercusión en la oferta de harina en el mercado interno, un reconocido molinero del departamento Juárez Celman dijo a LNM que no habría “faltante de materia prima para el sector”. Luis Macario, de Gastaldi Hermanos, explicó que, si bien la campaña agrícola arroja 10 millones de toneladas de trigo menos, la producción de harina se mantendrá constante. Básicamente porque el sector insume más materia prima que la harina demandada por el mercado interno.

Macario: “Si bien la campaña agrícola arroja 10 millones de toneladas de trigo menos, la producción de harina se mantendrá constante”.

 Para quien además preside la Unión Industrial de Córdoba, la magra cosecha de trigo sí repercutirá, sin embargo, en las exportaciones del cereal, perdiendo “mercados de exportación no tradicionales, más allá de que siempre Brasil es nuestro principal destino para el trigo y la harina”. Para Macario, la reducción de las retenciones podría permitirles no perder mercados pese a la mala cosecha. Lo mismo plantearon diferentes dirigentes rurales en un hotel de la zona norte de la ciudad: eliminación “total” de retenciones y devaluación. Se trata de dos medidas que le agregarían mayor impulso a la suba de los alimentos.

Preparan más medidas para contener el alza de los precios

Flanco en donde el gobierno no solo pierde, sino que se expuso sin necesidad; primero con el anuncio de “guerra a la inflación”, segundo con el objetivo que trazó el ministro Sergio Massa de que la inflación de abril comience con tres por ciento. Lejos de bajar, los precios durante los primeros meses escalan y la inflación de marzo también se encamina al 7%. En consecuencia, Economía prepara más medidas para contener el alza de precios que dejaría en virtual incumplimiento la meta inflacionaria del 2023, a tan solo dos meses de recorrido.
Aun así, los más optimistas dentro del gobierno destacan la vocación dialoguista del Fondo y no descartan que el organismo pueda también flexibilizar la meta de rojo fiscal en próximas negociaciones. Además, valoran también el apoyo financiero de parte de los organismos multilaterales tanto como la relación económica racional con China, como así también el reciente canje de deuda en pesos que despeja vencimientos próximos al aligerar compromisos financieros. Al mismo tiempo, otro sector de la alianza gobernante exige al ministro de Economía un nuevo acuerdo con el Fondo, mientras la interna con el presidente asciende a niveles que comprometen la unidad de la alianza.

En otros términos, el endeudamiento heredado, la pandemia, la guerra, la sequía y la debacle financiera norteamericana, factores exógenos de fuerte impacto en la realidad económica nacional, resultan excusas frente a la dificultad de la alianza gobernante para establecer acuerdos políticos elementales intragobierno. Sin los cuales la certidumbre económica es pura quimera. 

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