El proceso tendrá tres represores acusados, todos ya condenados. De las tres víctimas solo vive una. Las audiencias arrancan el 8 y durarán menos de un mes.
Ed Impresa 05/03/2023
Adrián Camerano
Ernesto Barreiro, Carlos Villanueva y Carlos Díaz son los tres represores acusados en el 13° juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-eclesiástica-militar en Córdoba. “Nabo”, “Principito” y “HB” sus alias, los apodos bajo los cuales cometieron delitos ya condenados, en tanto los nombrados integraban una de las “patotas” que asoló Córdoba durante el terrorismo estatal y que tuvo a La Perla como centro de operaciones más importante.
Pero no sólo: el mapa de la represión ilegal en la provincia estuvo conformado por circuitos, a su vez integrados por establecimientos militares, policiales, carcelarios, escolares, municipales. Y también inmuebles particulares: tal es el caso de la Quinta de Villa Gran Parque Guiñazú utilizada por represores del Tercer Cuerpo de Ejército y del Destacamento de Inteligencia 141 como centro clandestino de detención desde diciembre de 1977 hasta 1982, y en la que mantuvieron cautivos a detenidos-desaparecidos. Tres de las personas que padecieron ese pozo del horror fueron Rubén Amadeo Palazzesi, su cuñado Nilveo Cavigliaso y Jaime García Vieyra. De ellos, sólo uno tendrá la posibilidad de acceder a justicia: Palazzesi murió en la tortura, Cavigliaso falleció hace pocos años. Sólo vive el arquitecto García Vieyra, ex Secretario de Cultura provincial y vecino de Alta Gracia.
Parte de lo ocurrido en la quinta de Guiñazú durante la dictadura fue ventilado en la megacausa La Perla-La Ribera que se desarrolló entre 2012 y 2016. Por fuera quedó el hecho que ocupará las cuatro audiencias de este nuevo juicio, el 8, 14, 21 y 28 de marzo.
Los secuestros, torturas y muerte que se investigan tuvieron un punto de partida el 12 de agosto de 1979, cuando en un operativo callejero ilegal en barrio Parque Vélez Sársfield personal del Destacamento de Inteligencia 141 que se conducía en un Ford Taunus y un Peugeot interceptó el auto en el que viajaban Palazzesi y García Vieyra; ambos fueron secuestrados, y atados y maniatados conducidos en sendos baúles de los autos a la quinta que llevaba casi dos años copada por el Ejército. Villanueva y Díaz integraban esa patota de seis personas “jóvenes, armadas y vestidas de civil”, señala el expediente.
Al parecer, Palazzesi fue seguido en un vuelo Buenos Aires-Córdoba por represores de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Diez días después de ese procedimiento ilegal, un grupo de personas no identificadas irrumpió en la vivienda de Cavigliaso en Villa Revol, y lo trasladó a la quinta en la que estaban secuestrados su cuñado y García Vieyra.
Atados y vendados, en Guiñazú los tres hombres fueron sometidos a torturas físicas y psíquicas; colgados de las manos, sujetados a ganchos ubicados en la parte superior de un muro, y “frecuentemente encerrados en un sótano infestado de roedores”, reza la elevación a juicio firmada por el fiscal federal Facundo Trotta. Golpes de puño y con palos, y simulacros de fusilamiento fueron moneda corriente en esos días de terror; a Palazzesi, además, le aplicaron electricidad.
Por aquellos meses, de los más duros de la represión ilegal, en Buenos Aires había caído el grupo de Raimundo Villaflor (Peronismo de Base). A partir de allí los marinos obtuvieron información que llevó al grupo de Córdoba, al punto tal que el 25 de agosto de 1979 la propia patota de la ESMA llegó al centro clandestino de Guiñazú. La conformaban represores que a la fecha no han sido identificados y, según la elevación a juicio, viajaron con un detenido, utilizado para reconocer militantes. Ese grupo porteño se ensañó con Palazzesi, que murió ese mismo día a consecuencia de los golpes descomunales, efectuados incluso con objetos contundentes.
Fue a fines de 1975 o comienzos de 1976 que la quinta había sido adquirida en una sociedad de dos familias militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Los Viotti, de Oncativo, y los bonaerenses Mogilner-Gavaldá estaban a cargo del predio, tan ocupados de las 1.800 plantas de durazno como del desarrollo del trabajo político en la zona. La quinta estaba llamada a ser la base de la regional partidaria, en el sótano iba a funcionar una imprenta.
Pero el PCML, una organización pequeña, se encontraba desde hacía rato en la mira de la represión. Tras la fuga del coronel Juan Pita de una “cárcel del pueblo”, en diciembre de 1976 en La Plata, en febrero cae Jorge Bonafini Pastor, “hacen seguimientos, agarran a gente de Mar del Plata, al grupo de los rugbiers y a compañeros de la mesa política”, reconstruye hoy Silvio Viotti (hijo), quien tenía 16 años y es uno de los sobrevivientes de aquel terror. Ese aciago 1977 se cerraría con el “Operativo Escoba”, que buscó desarticular el trabajo territorial del PCML en distintas zonas del país, y que en Córdoba convirtió a la quinta duraznera en un centro clandestino de detención, tortura y muerte.
El operativo en Guiñazú comenzó el 5 de diciembre de 1977. Cebado, el genocida Menéndez adelantó las acciones un día para primerear a otros represores en el robo de dinero llegado al lugar directamente desde China. Es la tarde cuando el Ejército copa la quinta, en la que había cuatro niños: Germán Lara, Verónica Lara y las pequeñas mellizas Mogilner, que no habían podido ser anotadas con su apellido. Los jefes de familia Juan Mogilner y María Gavaldá “habían salido a comprar algo, y cuando vuelven son seguidos por camionetas; así se producen los secuestros”, cuenta Verónica Lara a La Nueva Mañana. La pareja fue vista en La Perla y está desaparecida, los niños fueron encerrados en una habitación, auxiliados por un vecino y recuperados luego por familiares.
Adultos comprometidos en la defensa de los Derechos Humanos, hoy levantan firme la bandera de Memoria, Verdad y Justicia.
Juan Mogilner
El mismo 5 a la noche Viotti hijo llegó a la quinta junto al militante del PCML Francisco Vijande; también cayeron en las garras de la represión y conducidos a La Perla. El 6 a la madrugada secuestraron a Perla Schneider en una pensión de barrio Alberdi, por la noche fue apresado Silvio Viotti padre y el 9 los militantes Rita Alés y Gerardo Espíndola, en Río de los Sauces. Vijande, Schneider, Alés y Espíndola están desaparecidos.
Unos días más tarde Viotti hijo fue liberado y volvió a la casa familiar de Oncativo, pero fue secuestrado nuevamente y llevado a La Ribera, donde perdió un testículo a manos de la tortura. “En ese lugar pasé mucho hambre, con 16 años perdí 20 kilos en 3 meses”, recordó.
Otra vez en libertad, decidió volver nuevamente a su casa familiar y retomar sus estudios secundarios. En el ínterin fue utilizado como emisario para lograr que su padre cediera bajo extorsión la propiedad de la quinta; la maniobra se concretó un par de veces, y el predio fue además de ocupado, saqueado. Entre otras cosas, faltó una Pick Up modelo 1968, un tractor Deutz 35, un arado de rejas, un arado de discos, 400 cajones fruteros, una mesa para seleccionar frutas, herramientas, puertas, ventanas y sanitarios. Los azulejos arrancados, marchitas las 1800 plantas de durazno.
En los tempranos 80 la causa 13/84, enmarcada en el Juicio a las Juntas, intentó buscar justicia para el caso, pero el menor de los Viotti recuerda que “fue muy restrictivo, no nos dejaron opinar”. Luego, a fines de esa década, “mi papá hizo un reclamo pero el juzgado federal lo desestimó”. Años más tarde, ya con las leyes de impunidad derogadas, Viotti hijo “venía desde 2005 investigando y consigo todos los testimonios; el más importante fue el de Cavigliaso, con lo que confirmo la existencia de la quinta como campo de concentración”. Hizo la denuncia formal y dio inicio al expediente que comenzará a juzgarse este marzo, a 45 años de los hechos.
Hoy no sólo exige justicia, sino que sueña con que la quinta “sea un sitio de Memoria impulsado por el Estado y gestionado por cooperativas de la economía popular”. Su familia y los Mogilner nunca pudieron recuperar el inmueble.
Fervientes solicitantes del 2x1, Barreiro, Villanueva y Díaz llegan al juicio bajo la figura de prisión domiciliaria.
“Gringo”, “Hernández”, “Rubio”, el multicondenado Barreiro se considera peronista, fue parte de los alzamientos carapintadas de la década del 80 y su prontuario no sólo incluye el haber sido jefe de interrogadores y torturadores en La Perla, sino que lo configura como un pertinaz provocador.
“Principito”, “Gato”, “Villagra”, Villanueva es también ex oficial del Ejército especializado en Inteligencia y fue condecorado por la dictadura genocida. Integró la Policía Militar en Córdoba, actuó en Bahía Blanca e ingresó al Destacamento 141 justamente en diciembre de 1977. Revistó en La Perla hasta su cierre en 1979, de allí fue destinado al tenebroso Batallón de Inteligencia 601.
Con “HB” como único apodo, Díaz es vecino de Alta Gracia, fue subalterno de Villanueva y actuó en La Perla y La Ribera. Suboficial del Ejército especializado en Inteligencia, entre otros delitos fue condenado por el robo del bebé de la detenida-desaparecida Silvina Parodi.
Los tres imputados están acusados de “privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados e imposición de tormentos seguido de muerte”. Ninguno de los tres estará en sala, y existe una posibilidad de que Villanueva sea apartado del proceso, por razones de salud.
La instrucción firmada por Trotta pide que se inicie proceso y se impute a otros tres ex militares, integrantes del estado mayor del área 311 del Tercer Cuerpo. Son Adolfo Patricio Etcheum, quien llegó a general, reivindicó públicamente el terrorismo estatal y tiene el dudoso honor de aportar su nombre a otra causa judicial en trámite por delitos de lesa humanidad en Córdoba: “ETCHEUM, A.P. y otros s/privación ilegal de libertad (art. 144 ter inc. 1)”. También Carlos Alberto Quevedo, ex jefe del Grupo de Artillería Aerotransportada 4, llegó a general de División, es veterano de Malvinas y actual jefe honorario de esa guarnición, al punto que en el pasado reciente encabezó actos oficiales sobre la Gesta en guarniciones de Córdoba. Y Emilio Juan Huber, condenado a 14 años de prisión en la causa “Videla”, ex jefe de la Policía Militar 141 culpable de tormentos y asesinatos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de barrio de San Martín.
Etcheum fue jefe de la División Inteligencia; Quevedo fungió como jefe de la División Operaciones y Huber, un operativo, estaba a cargo de la División Logística. Otro militar, ex jefe de Asuntos Civiles (G5), aún no pudo ser identificado.
Con once testigos previstos, las audiencias se realizarán en los tribunales federales y son abiertas a todo público. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos invita a asistir, bajo la consigna “El juicio es de todos y todas. Participemos. Llenemos la sala de Memorias”. El proceso está a cargo del Tribunal Oral Criminal Federal n°2 de Córdoba, presidido por Julián Falcucci, y se transmitirá por el canal de Youtube.
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