El proyecto fija un plan de pago para personas que no cuentan con aportes suficientes para jubilarse, pero el arco opositor niega el quórum. Qué otros temas están trabados en el Congreso.
Ed Impresa 11/02/2023
César Martín Pucheta
Especial para La Nueva Mañana
Cuando el Presidente de la Nación decidió convocar a las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, ubicó en el temario uno de los temas pendientes del ejercicio 2022 que aparecían como una de las urgencias del oficialismo: la moratoria previsional. La norma, básicamente, brinda la oportunidad de que hombres y mujeres en edad de jubilarse que por alguna razón no cuenten con los aportes para hacerlo puedan acceder a situación pasiva a través de un plan de pago que les habilite a saldar esa deuda.
Si bien la iniciativa fue cuestionada por la oposición, que en su mayoría se abstuvo durante la discusión del Senado, el argumento principal para no habilitar el quórum para su tratamiento se concentró en el intento del oficialismo de avanzar con el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y la reforma al Concejo de la Magistratura, ambas iniciativas también incluidas en el temario de las extraordinarias.
Razón o excusa, lo cierto es que el proyecto que establece el Plan de Pago de Deuda Provisional sigue sin tratarse en Diputados y traba el devenir de casi un millón de personas que en la Argentina estarían en condiciones de jubilarse mediante el mecanismo en el 2023.
Debido a la fractura del diálogo que los diferentes bloques del Congreso de la Nación experimentan desde comienzos de este 2023, hay más de 800 mil personas que se ven privadas de acceder al beneficio, entre ellas, 54 mil cordobesas. Por esa razón, desde la gestión analizan desde hace tiempo la posibilidad de avanzar mediante algún decreto presidencial que extienda la moratoria anterior, tema que es cuestionado por especialistas y, principalmente, por la oposición que argumenta razones legales a la vez que utiliza el tema como moneda de cambio para negociar el retiro del temario legislativos de los proyectos oficiales más resistidos, entre los que también se encuentra la iniciativa para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema.
El proyecto de ley trabado en la Cámara baja cuenta con media sanción del Senado desde junio del año pasado. Desde entonces, cientos de miles de personas esperan por un avance que se encuentra imposibilitado por la situación política que vaticina un año electoral complicado en materia parlamentaria.
En aquella ocasión, el proyecto impulsado por la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el porteño Mariano Recalde recibió 38 votos a favor, 18 abstenciones y 6 votos en contra, entre ellos, los de Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, senadores cordobeses de Juntos por el Cambio. Alejandra Vigo, en aquella oportunidad, se alejó del posicionamiento mayoritario de la oposición y acompañó la iniciativa.
Según se desprende del debate y los informes de aquella sesión en la Cámara alta de las 800 mil personas que están en condiciones, 477 mil son mujeres y 295 mil son varones. Según la presidente del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, “son 522 mil mujeres de 50 a 59 años en actividad y 327 mil varones de 55 a 64”. En caso de aprobarse el plan de pago que contempla el proyecto, podrán acceder a la jubilación pagando los montos adeudados en un número de cuotas que podrían extenderse hasta 120. El valor actual de la cuota, que se contempla móvil, era, en junio del 2022, de 3.665,14 pesos y se descontaría automáticamente del haber jubilatorio percibido.
La nueva moratoria previsional contempla la posibilidad de que las personas en edad prejubilatoria (mujeres de 50 a 59 años, y varones de 55 a 64 años) que no llegarán con los años de aportes necesarios a la edad de jubilación, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.
A pesar de su importancia, la moratoria previsional no es la única norma que traba la falta de acuerdos en el Congreso. Con la agenda judicial como característica destacada, cuyo punto más controversial fue anunciado el 1 de enero por el propio Presidente, Alberto Fernández intentó construir una agenda que contempló el tratamiento de la mayor parte de sectores del arco político nacional, aunque hasta el momento no consiguió los frutos que apostó a cosechar.
Si bien las comisiones que tratan los temas en cuestión están funcionando la falta de acuerdos impiden que se pueda avanzar sobre algunas cuestiones en las que las discusiones parecen haber sido saldadas. El conflicto surge por la advertencia opositora respecto a una estrategia del oficialismo par “meter” en la sesión temas sobre los que no existen acuerdos previos. En el medio quedan algunas normativas importantes cuya aprobación se retrasa desde hace tiempo a pesar del pedido de sus principales impulsores, como, por ejemplo, la ley que nacionaliza la Alcoholemia Cero, o la que busca asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de síndrome de Down, para sus niños recién nacidos. Esperando, hay un paquete de medidas económicas que Sergio Massa considera central para avanzar con el plan con el que intenta estabilizar los difíciles números de la economía argentina, la siempre dilata designación de un nuevo Procurador General y la creación de nuevas universidades, entre la que contempla la Universidad Nacional de Río Tercero.
Esta semana, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se sumó al reclamo pidiendo el tratamiento del tema desde la ciudad de Tandil, sede de la Universidad Nacional del Centro, una de las más prestigiosas entre las ubicadas en la Provincia de Buenos Aires. “Quiero pedirlo desde Tandil que aquellos que están trabando la aprobación de las leyes para que haya más universidades en el país o en la provincia piensan en las millones de personas que necesitan que haya universidades públicas cerca de donde viven”, dijo el gobernador, que entiende que la negativa de Juntos por el Cambio al tratamiento del tema excede el argumento de “la sesión tramposa” que denuncia anticipadamente la oposición. “Se quejaban de para qué tantas universidades, yo me quejo de por qué tan pocas universidades” advirtió.
Desde el ojo cordobés, el debate salta la grieta y encuentra a dos diputadas a la espera de que sus proyectos, que son diferentes, lleguen a buen puerto. Una de la ellas es la kirchnerista Gabriela Estévez y otra de Gabriela Brower de Koning, que integra el bloque Evolución Radical, uno de los que se mantiene firme en su postura de no dar quórum al tratamiento en extraordinarias.
La norma iba a tratarse en la sesión del 1 de diciembre, cuando comunidades educativas y políticas de las localidades a donde iban a crearse las universidades se habían movilizado hasta el Congreso. Aquella sesión terminó en escándalo a los pocos minutos de haber comenzado (bueno, la oposición dice que nunca comenzó) y las expectativas se concentraron en el debate en el recinto que iba a darse el 21 de diciembre. Sin embargo, con menos gritos, la historia se repitió. Tras denunciar que el oficialismo avanzaba sobre sus proyectos de ley sin acuerdos que incluyeran a iniciativas surgidas desde las bancadas opositoras, tampoco habilitó el quórum.
En esa sesión que nunca se realizó, había dos temas que se destacaban entre el temario: la creación de universidades y la moratoria previsional.
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