Al menos dos instancias exhiben descarnadamente la espuria relación existente entre miembros del sistema judicial y los más inescrupulosos factores de poder de nuestro país.
Ed Impresa03/02/2023 Flavio Colazo
Especial para La Nueva Mañana
OPINIÓN
Tanto el proceso iniciado para promover el juicio a los actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCdJ) –a instancias del presidente Alberto Fernández-, como el prácticamente nulo trabajo investigativo en el caso del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner están poniendo a la vista de todos la comunión de los sectores poderosos – a través de varios personeros de unos y otros- con intereses en común. En un calamitoso escenario de decadencia y corrupción del sistema judicial, la institucionalidad de la nación pareciera haber llegado a un punto de total incertidumbre en su rumbo (como una piedra en descenso).
El mecanismo del lawfare (*) hace ya tiempo viene causando estragos mayúsculos en nuestro país y en la región (latinoamericana) durante gran parte del siglo XXI. En la región desde aquella destitución al presidente de Paraguay Fernando Lugo, pasando por el impeachment a Dilma Rouseff, por la proscripción (con exilio forzoso) para Rafael Correa en Ecuador -y por las incontables crisis provocadas para generar la ingobernabilidad en Perú (que hoy mantiene encarcelado al presidente electo Pedro castillo)-, en Argentina el lawfare tocó su punto máximo el año pasado al proscribir a la figura política más importante -en cuanto representatividad popular-, Cristina Fernández. Ahora, sobre el territorio inclinado de unas próximas elecciones presidenciales, la piedra rodante ha cobrado en Argentina una velocidad inusitada que no permite dimensionar la magnitud de los destrozos provocados por su impacto, que quizás sean irreparables -si no se consigue detener su marcha o desviar su rumbo-.
A Alberto Fernández se le ha recriminado durante los tres primeros años de su gobierno para que asumiera la promesa electoral de tiempos de campaña en 2019: una profunda reforma judicial. Finalmente a comienzos del año ordenó que se diera impulso al proceso que pretende llevar a juicio político a los 4 actuales miembros de la SCdJ. Esta decisión nació del estado público que alcanzaron una serie de comunicaciones entre algunos (o varios) miembros del máximo tribunal y algunos personeros del poder empresarial (del grupo Clarín, por ejemplo) y/o del poder político (verbigracia, el ministro de seguridad de CABA, Marcelo D´Alessandro). En la reunión llevada adelante en Lago escondido (del magnate británico Joe Lewis) se encontraron jueces, espías, empresarios de medios y personeros del magnate inglés; luego no debe extrañar que todos los fallos que involucran a esas empresas y personas hayan salido -y salgan- constantemente a su favor, como por ejemplo otorgarle la posibilidad a un extranjero –expresamente prohibida en la constitución- de comprar un lago (e impedir el acceso a los argentinos) en territorio nacional; o, en el caso del grupo Clarín, otorgarle, por ejemplo, una cautelar para que la empresa pueda continuar subiendo los precios del servicio de tv e internet a su antojo (vendrían aumentos que rondarán el 9% en febrero, y otro tanto en abril). Con todo esto sobre la mesa se ha iniciado el proceso para intentar llevar a juicio político a los actuales miembros del supremo tribunal. La oposición (JxC) amagó con no presentarse en la comisión que tiene a cargo el proceso, pero finalmente decidió estar presente para defender –a capa y espada- el accionar de los 4 jueces de la SCdJ desconociendo todo el material incriminatorio que ha sido expuesto en los medios; es que también existen pedidos de juicio político para algunos (o varios) miembros de la SCdJ promovidos por integrantes de JxC, tal es el caso del pedido que formulara la representante máxima de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, contra el magistrado Ricardo Lorenzetti. Como reacción -de neto tinte extorsivo -en contra del procedimiento constitucional de juicio político los miembros de la SCdJ han dejado trascender en los medios de su simpatía que se prepara un aluvión de próximos fallos consecutivos – antes de llegar a las elecciones- tendientes a perjudicar a la actual coalición gobernante (FdT).
A 5 meses del intento de magnicidio -intentando asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández- no se han dado pasos trascendentes en pos de resolver el caso; un caso que reviste –en cualquier país que se precie de no ser una república bananera- una gravedad institucional mayúscula. La causa está en manos de una jueza -ignota hasta el momento de asumir la causa del magnicidio- que no solo no preservó el material probatorio obtenido inmediatamente después de realizado el atentado, sino que obstruyó por todas las vías posibles cualquier requisitoria para investigar la financiación del atentado y las vinculaciones con las terminales políticas que prestaron apoyo logístico, discursivo y jurídico (como abogados defensores) a los perpetradores del acto criminal. Al mismo tiempo la justicia liberó a la mayoría de los miembros de la organización (Revolución Federal) quienes hoy caminan entre nosotros, quizás planeando otros posibles crímenes políticos para cumplir su deseo de descomponer por completo la frágil institucionalidad que transita argentina. Por su parte hoy se sabe que la jueza en cuestión (Capuchetti) es empleada del gobierno de CABA, y pese a ello no aceptó ser recusada (aunque debiera haberse excusado por su propia voluntad). A 5 meses del atentado la jueza no ha emitido una sola expresión sobre la causa dirigida a la ciudadanía.
…la dirigente jujeña Milagro Sala continúa encarcelada –habiendo pasado ya más tiempo como prisionera que si hubiera sido condenada- sin que quien(es) tiene(n) el poder para rescatarla de su injusta prisión haga(n) lo necesario para devolverle su libertad. Mientras tanto en Uruguay el eterno prófugo, Pepín Rodríguez Simón, continúa disfrutando la obscena impunidad de la que goza.
Quizás en este marco -siempre y cuando la situación económica no desbarranque abruptamente- no debiera sorprender que empiecen a sucederse ininterrumpidamente marchas en contra de los miembros de la SCdJ -como la ocurrida en estos recientes días pasados-. Este tipo de reclamos ya tuvieron lugar cuando las SCdJ intentó validar el beneficio del 2x1 para genocidas y represores de la dictadura cívico/militar.
(*) Ataque y demonización a alguien a quien luego la justicia cómplice condena y/o encarcela -con o sin pruebas-.
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