Los precios siguen subiendo y se desploma el consumo. Con un nivel de actividad mayor al previsto, el Gobierno nacional busca recomponer los alicaídos ingresos.
Ed Impresa 11/11/2022 Facundo Piai
Especial para La Nueva Mañana
Fin de año será más inflacionario de lo estimado hace algunas semanas atrás. Así lo demuestran los precios en las góndolas y lo corrobora el último informe sobre expectativas de mercado del Banco Central. Según las proyecciones de consultoras y entidades financieras que podríamos señalar como “el mercado”, las subas generalizadas estarán más cerca de las tres cifras que del 97% estimado hace un mes atrás. Es de esperar que en el último trimestre los precios no rompan el piso de los seis puntos, consolidando lo que afecta a la economía desde antaño: la inflación crónica. En efecto, con los ingresos corriendo por detrás de la inflación, vale preguntarse qué ocurrirá con el consumo en el último bimestre.
Dentro de la fuerza gobernante crece la inquietud. Calor, sumado a pérdida de poder adquisitivo, la proximidad de las fiestas y cifras de pobreza elevada (aunque a la baja), son un maridaje difícil de tragar a las puertas de un diciembre tradicionalmente convulso. Para aplacarlo, el equipo económico que comanda Sergio Massa apuesta a tres estímulos, principalmente, hasta que la ecuación económica cambie. Es decir, hasta que el campo venda, ingresen agrodólares a las arcas del Banco Central, la expectativa devaluatoria se disipe y deje de operar en la confección de los costos futuros.
Por lo pronto, desde el Palacio de Hacienda buscan contrarrestar la contracción de la demanda apalancándola con crédito blando para bienes de consumo, el IFE5 (o “bono a la indigencia”) y un acuerdo de precios para moderar las subas. Sobre esto último, el presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Córdoba (Casac), Víctor Palpacelli, confirmó a LNM que se reunieron con la Secretaría de Comercio y que están próximos a firmar el acuerdo para participar del programa que busca congelar el precio de 1.500 productos.
Sin embargo, Palpacelli, quien también preside la Federación Argentina de Supermercados, aclaró que la suerte del programa depende “exclusivamente” de la “adhesión” de la industria alimentaria, algo que no ocurrió con los anteriores congelamientos, por lo que no contaron con el “abastecimiento necesario”. En esta nueva versión del acuerdo de precios para apaciguar incrementos en alimentos (69%) más acelerados que la inflación acumulada (66%), el Gobierno facilitará la importación de insumos a las empresas que firmen. Además, pondrán tope al aumento de los productos que no ingresen al plan, para que las empresas no “compensen” lo que no facturan con los productos que ingresan al congelamiento.
Más allá del éxito o fracaso de este programa en disipar la inercia y dispersión de algunos precios de productos de consumo masivo, dada la caída del poder adquisitivo, crece la exigencia de movimientos sociales y sindicatos por una recomposición del ingreso. Según registros oficiales, la remuneración promedio de los asalariados registrados acumuló en los últimos nueve meses 5% de caída respecto a la inflación. Mientras que el ingreso de los informales se deterioró aún más. Esto explica la merma del consumo masivo de septiembre (0,8% en todo el país, según consultoras privadas), que amenaza con pintar completamente de rojo al último cuatrimestre.
En este estado de situación, dentro de la alianza gobernante hay dos propuestas para recomponer los ingresos. Un sector del Gobierno y del sindicalismo proponen que, junto a la paritaria, lo trabajadores perciban un ingreso extra mediante un bono. Mientras que otro sector del Frente de Todos, dentro del cual se inscribe la vicepresidenta, propone incrementar los sueldos mediante una “suma fija”. A diferencia del bono, que es un ingreso extra “por única vez”, la propuesta de suma fija, significa un aumento del sueldo de todos los trabajadores en relación de dependencia, impactando en las cargas sociales e impositivas.
El efecto distributivo de la propuesta de la ex vicepresidenta es más efectivo que el de un bono. La suma fija incide en los ingresos del mismo modo en que lo hace la suba del mínimo vital y móvil, eleva el salario y genera pautas de referencia para los sectores informales. Parte de la discusión pasa por la capacidad de las empresas para afrontar estas erogaciones. Seguramente muchas industrias de la alimentación, automotrices, industrias pesadas altamente competitivas y empresas vinculadas a la generación de energía, entro otras, no tengan problema. ¿Pero qué pasaría con las pequeñas y medianas empresas que aún no recuperaron el nivel de actividad?
Otro aspecto a tener en cuenta con la implementación de los estímulos tiene que ver con la reacción de los precios frente a un eventual calentamiento de la demanda. Asimismo, del mismo modo que todo incremento en el ingreso de los trabajadores iría al consumo, es de esperar que todo aumento del excedente del comercio, invariablemente, busque dolarizarse. Consecuentemente, el equipo económico debería resolver esta ecuación que se presenta más compleja que elegir entre un bono o un aumento por “suma fija”.
En la vereda de enfrente de los casi 9,5 millones de los asalariados registrados (entre trabajadores del sector público y privado), están los informales preocupados de cara al último bimestre del año, quienes no percibirían ningún estímulo directo. Desde el Gobierno sí le otorgarán un “bono a la indigencia” que impactaría en aproximadamente 2 millones de personas en extrema vulnerabilidad. En Córdoba, alrededor de 150 mil personas percibirían este ingreso. Sin embargo, desatada la pandemia, fueron más de 650 mil cordobeses los que recibieron el IFE por estar en una situación de vulnerabilidad y según cifras de empleo, solo 42 mil cordobeses se incorporaron al empleo formal en los últimos dos años.
A todo esto, Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, señaló que si en un contexto de recuperación económica como el actual se otorga un “ingreso social” superior al mínimo vital y móvil, se estaría desincentivando al trabajo registrado. Declaraciones que no cayeron bien al interior de los movimientos sociales. Una dirigente explicó que el beneficiario de un programa social percibe medio salario mínimo, que está muy atrás respecto a la canasta básica de alimentos. Además, agregó que votaron al actual gobierno “con expectativas completamente diferentes a estas”, ya que pretendían incorporarse al trabajo formal, cosa que “no está pasando”.
Con todo, si bien la actividad productiva registró una leve baja recientemente, los niveles de actividad económica evidencian un crecimiento respecto al año pasado superior al previsto. Es de esperar una desaceleración explicada por el freno a las importaciones y la contracción del consumo, pero todo indica que la recuperación económica del 2022 será cercana al 5%. Es decir, superior al 4% proyectado.
De lo anterior se desprende que de expandirse la economía más de las estimaciones presupuestadas que orientan al gasto y recaudación, para cumplir el objetivo de déficit de 2,5% del producto deberían aumentar las erogaciones, de lo contrario estarían sobre cumpliendo la meta del rojo fiscal.
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