El Colectivo por el Derecho a la Salud Mental vuelve a marchar a 12 años de la sanción de la ley nacional. Denuncian que se ejecuta menos del 50% de lo previsto.
Ed Impresa 11/11/2022
Miriam Campos
En Córdoba, los internados por problemas de salud mental permanecen en promedio más de ocho años institucionalizados. En los centros estatales, el promedio es de 12 años y medio, e incluso hay registros de personas que vivieron allí 47 años. Este mes, la Ley nacional 26.657 que plantea el Derecho a la Protección de Salud Mental, -y que logró la derogación de la 22.914- cumple ya 12 años, y aunque resulta algo extraño hablar de “nueva ley” cuando tiene más de una década, lo cierto es que durante todo este tiempo en la provincia nunca se llegó a implementar como tal. Por ejemplo el nodal artículo 27, que plantea la sustitución definitiva de los manicomios por dispositivos comunitarios, y marcaba plazo para hacer esa transición hasta 2020.
“Falta implementar la ley y eso tiene que ver con transformar el sistema de atención a la salud mental, que aún hoy está basado en centros u hospitales monovalentes: neuropsiquiátricos, manicomios, distintas instituciones que están por fuera del sistema general de salud. Lo que debiera haber son dispositivos que sustituyan en la comunidad esos hospitales monovalentes”, dice a este medio Martín Passini, licenciado en Psicología y parte del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos que monitorea las prácticas y políticas públicas en la materia y en Córdoba.
Este viernes, trabajadores del sector, organizaciones e instituciones, nucleados en el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental, saldrán a las calles para reclamar que se ponga en práctica la legislación: “Cumplir la ley es prioridad, hay que invertir en la comunidad”, dice la consigna de esta novena movilización. La concentración será a partir de las 17 desde Colón y General Paz.
En cuanto a los “dispositivos sustitutivos” que debían preverse como parte de la “desmanicomialización”, en la ciudad de Córdoba solo hay dos casas de medio camino públicas, y una autogestionada. Sin contar que durante la pandemia se suspendieron los talleres, las consultas ambulatorias, hubo restricción en seguimientos domiciliarios y que, pese a que se aumentaron las partidas para salud a nivel nacional, hubo suspensión de convenios con organizaciones comunitarias.
Los hospitales generales de Córdoba tienen pocas camas destinadas a salud mental, los equipos interdisciplinarios son incompletos y no existen las guardias 24 horas para estos casos. En el artículo 9, por ejemplo, la ley a implementar plantea que el proceso de atención primaria debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalaria y con “un abordaje interdisciplinario e intersectorial”. Pero la capital provincial “tiene equipos incompletos e insuficientes”, muestran los datos del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba, y añade: “En los 100 centros de salud municipales, hay solo 29 psicólogos y psicólogas y 28 trabajadoras y trabajadores sociales”.
“Tiene que haber un sistema del primer nivel de atención, es decir los dispensarios, los centros de salud barriales, tanto en la Ciudad de Córdoba como en las distintas localidades de la provincia, incluyendo recursos humanos, profesionales, de equipos vinculados y dedicados a atender la salud mental de las poblaciones en los territorios”, dice Passini y agrega que respecto a las internaciones de personas que han sido alojadas en los centros psiquiátricos durante décadas, es necesario ofrecer otro lugar, porque si los cierran el destino de esas personas no puede ser la calle.
Para el psicólogo, todas estas cuestiones son las que “no se han hecho” durante estos 12 años: “Por eso decimos que disfrazan de desmanicomialización lo que en realidad es un ajuste, porque cierran por ejemplo el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD) justo donde va a desembocar el nuevo puente que vincula el Panal con General Paz. Lo cerraron con la excusa de que lo iban a reformar, mejorar, pero no abrieron nada. Entonces, ¿dónde va la gente que estaba yendo ahí, dónde van los jóvenes que iban ahí con consumos problemáticos?”, se pregunta.
Los datos recabados por el Observatorio de Salud Mental y DD.HH. revelan también que “hay una falta de presupuesto” para el sector, que históricamente, en Córdoba rondó el 6% y con subejecuciones presupuestarias. La Ley de Salud Mental, en tanto, que sigue estándares internacionales, indica que del total del presupuesto destinado a Salud debiera destinarse un 10% para salud mental, pero durante el año pasado, por ejemplo, la ejecución fue solo del 3.88%, de acuerdo a los datos aportados por el investigador de la UNC, médico y especialista en Administración y Políticas Públicas, Iván Ase. “Ese 3,88% se destina solo a sostener los viejos hospitales, es decir, los mismos centros que en realidad deberían estar transformado”, añade Passini.
“En realidad hay toda una política de ajuste y vaciamiento en la provincia. Es evidente y lo venimos denunciando hace años” explica el psicólogo, y añade que “la situación es insostenible” en algunos espacios como el Centro Psico Asistencial (CPA) de Córdoba, donde fue llevado golpeado y maltratado Ezequiel Castro, el joven que finalmente murió en el Hospital Misericordia, y cuyos familiares siguen esperando respuestas.
Es en ese marco que el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental, entre las demandas de la lucha, también reclama por el cierre del CPA, justicia para Ezequiel y la renuncia de la secretaria de Salud Mental, María Pía Guidetti, “Pasaron ya 12 años de la ley, y es la principal responsable del estado actual de estos lugares, que es calamitoso”, dice Passini y cierra: “La deficiencia, la falta de atención, la ausencia del Estado en materia de salud mental, implican la posibilidad de riesgo de vida porque muchos, eso hay que tenerlo presente”.
Si bien la ley plantea la creación de un Órgano de Revisión Nacional para proteger los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, y promueve la creación de órganos de revisión en las distintas jurisdicciones, Córdoba no cuenta con ningún tipo de monitoreo ni mecanismo local de prevención del maltrato y la tortura en las instituciones psiquiátricas.
“En el CPA hay un cruce entre lo penitenciario, lo policial y lo psiquiátrico que todavía no se destraba, lamentablemente”, dice a este medio Belén Ardiles, licenciada en psicología, docente en la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en el campo de lo antirrepresivo y desde hace más de 10 años parte de la organización de la Marcha de la Gorra.
“Los casos de Jonathan Romo, muerto por la Policía en La Falda, y de Ezequiel Castro dejan expuestas dos cosas. Por un lado, la falta de formación de la fuerza policial. Hay una supuesta formación, hay un protocolo de actuación de la fuerza de seguridad para casos donde necesitan acompañar alguna situación de salud mental, que no se cumple. Tampoco tenemos la certeza que esas formaciones, como muchas otras que deberían tener, realmente se estén realizando. Y si se están realizando no están sirviendo, porque se ven este tipo de situaciones” dice Ardiles, y añade que la otra cosa que también queda de manifiesto “es la criminalización” hacia los usuarios de los servicios de salud mental, porque “algo que nos compete a todos como sociedad es que ante una situación así llamamos a la Policía, con todas las características que se sabe que tienen las fuerzas represivas acá. En la provincia nadie puede negar que pasan cosas con la Policía de Córdoba”.
Para la docente, la incidencia represiva de la fuerza policial y la falta de inversión en el área de salud responden a “una decisión política”, en tanto se decide invertir en algunas cosas y otras no: “En materia de seguridad esta inversión nunca se interrumpió, hay más móviles, más cámaras, más agentes, pero en los hospitales de salud mental no hay camas”, indica Ardiles, y explica que no es casual que se den estos “dos cruces entre lo represivo y la salud mental”, que sigue siendo “un tema tabú” porque aún está instalada la idea de que los usuarios de los servicios de salud mental “no le importan a nadie”.
“Es una paradoja, porque la consigna de este año es ‘cumplir la ley es prioridad, hay que invertir en la comunidad’; hay muchas comunidades de Córdoba donde prácticamente la única presencia del Estado es la Policía” dice Ardiles, y completa: “Siempre decimos que el Estado está ausente pero no es así, está presente pero con su aparato represivo. No es un despropósito que ante una urgencia, ante un brote psicótico, ante una persona que se quieren quitar la vida, o ante alguien que tiene una sobredosis o violencia vinculada al consumo de sustancias, la gente llame a la Policía, porque es lo que hay. La presencia del Estado está siendo esa y después viene todo lo otro, es para reflexionar”.
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