Expropian Cromañón y suspenden los desalojos en barrios populares

El Senado sesionó y convirtió en ley los dos proyectos. La cordobesa Carmen Álvarez Rivero fue la única que se opuso al cese de los desalojos.
Cromañón senado by Télam
El reclamo fuera del Congreso Nacional. Foto: Télam

El Senado sesionó este jueves para debatir un conjunto de proyectos acordados entre el oficialismo y la oposición, entre los que se destacaron la suspensión por 10 años de los desalojos de terrenos donde se levantaron barrios populares y la expropiación del predio donde funcionó el boliche Cromañón, abandonado tras el incendio en el cual murieron casi 200 personas en 2004.

La sesión fue conducida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, y comenzó a las 14.23 con 40 legisladores presentes, con un temario acordado entre todas las fuerzas políticas.

Antes de dar inicio a la sesión, algunos integrantes de la cámara alta rindieron homenaje al ex presidente Néstor Kirchner, con motivo de los 12 años de su fallecimiento.

Uno de los primeros proyectos convertidos en ley fue la reforma de la norma de integración socio-urbana de Barrios Populares, al prorrogar por diez años la suspensión de los desalojos de esos terrenos ocupados de manera precaria.

La iniciativa fue respaldada por 64 votos a favor y uno en contra, ante la mirada de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, que siguió el debate desde una de las gradas del hemiciclo de la Cámara alta.

El proyecto obtuvo el respaldo del oficialismo y de la oposición, aunque la única que votó en contra fue la macrista cordobesa Carmen Álvarez Rivero.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista jujeño Guillermo Snopek, del Frente de Todos, defendió el proyecto argumentando que se busca una “ampliación del plazo para darle tranquilidad a los argentinos cuyo futuro pende de una orden de desalojo”.

La iniciativa promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

El proyecto apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.

La vicejefa del interbloque del Frente de Todos, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, destacó que esta “es una ley que surgió de las organizaciones en los barrios” y que “la política escuchó ese reclamo, y esa ley salió. Lo bueno es que pasaron dos gobiernos de distintos signos políticos y estamos juntos generando certezas”, abogó.

Memoria en Cromañón

Otro de los proyectos aprobados en el Senado fue el que convierte en espacio de memoria el local bailable porteño República Cromañón, de Balvanera, donde murieron 194 personas por un incendio durante un recital en 2004.

Al respecto, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de "Cromañón" consideraron que servirá para "saldar una deuda con la sociedad".

La norma obtuvo 60 votos a favor y uno en contra para declarar de "utilidad pública y sujeto a expropiación" el inmueble situado en Bartolomé Mitre 3038/78, donde funcionó el boliche República Cromañón para destinarlo "a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004".

La ley fue celebrada por las organizaciones de los familiares y sobrevivientes que siguieron los discursos desde los balcones del recinto parlamentario con atención y emoción, abrazados, algunos llorando y otros portando fotos de las víctimas con sus nombres mientras esperaron la aprobación.

Puntualmente, además de la expropiación y de la creación de un espacio dedicado a la memoria, la norma contempla que en el lugar también haya una "muestra permanente" que refleje "la historia de lo allí ocurrido", así como también prevé la organización de actividades culturales e informativas.

Más temprano, el Senado convirtió en ley un proyecto que prorroga por 50 años las asignaciones específicas destinadas al sostenimiento de actividades como las de bibliotecas populares, el cine, la música y el teatro, con 57 votos afirmativos, dos negativos y nueve abstenciones.

El Frente de Todos y un sector del radicalismo votaron a favor, en tanto que los negativos fueron los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, del PRO, mientras el resto del bloque macrista presente en el recinto se abstuvo.

El debate se llevó a cabo con la presencia del ministro de Cultura, Tristán Bauer, y de referentes de la cultura argentina que se ubicaron en los palcos del segundo piso del hemiciclo del Senado.

El proyecto extiende hasta el 31 de diciembre de 2072 la vigencia de las asignaciones específicas previstas en los incisos b), e) e i) del artículo 4 de la ley 27.432: gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos previsto en la ley 20.630; impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos e impuesto sobre los videogramas grabados previstos en la ley 17.741; e impuesto a los servicios de comunicación audiovisual previsto en la ley 26.522.

El beneficio servirá para financiar actividades como el cine, los servicios de comunicación audiovisual y las bibliotecas populares.

La ley fue sancionada originalmente en diciembre de 2017, en el marco de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri, que estableció un límite temporal a las asignaciones específicas destinadas a cultura y comunicación, y si no era prorrogado por el Congreso, se vencía el 31 de diciembre de este año.

La integración socio-urbana de los barrios populares, la declaración de Cromañon como espacio de memoria y y la prórroga de las asignaciones para las actividades culturales se convirtieron en ley, tras haber sido aprobados previamente en la Cámara de Diputados.

Otros proyectos incluidos en el temario deberán ser ratificados por la cámara baja para convertirse en ley.

Uno de ellos es el que obliga a las empresas de medicina prepaga a incorporar la detección y la atención médica de los casos de violencia de género; el otro es el Plan Nacional de Ciencia y Técnica 2030, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y dictaminado hace un mes.

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