VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

“El pedido de elevación a juicio está en la Cámara del Crimen de Villa Dolores durmiendo el sueño de los santos, esperando que esa Cámara de una resolución que en definitiva marcaría si se eleva o no a juicio la causa”, dice a este medio el abogado querellante Claudio Orosz sobre el crimen de Joaquín Paredes, el joven de 15 años que fue asesinado por la espalda por la Policía de Córdoba. El crimen ocurrió el 25 de octubre de 2020 en Paso Viejo, en el noroeste de Córdoba, y esa noche, en plena pandemia, otros dos chicos también fueron baleados. 

Por el ataque, que tuvo 112 disparos por parte de la fuerza policial contra un grupo de jóvenes que celebraban un cumpleaños en un descampado, fueron detenidos cinco efectivos pero con los meses, la Justicia los fue liberando a cuentagotas y bajo fianza. Está pronto a salir en libertad otro más por lo que a dos años del asesinato, Maikel Mercedes López, autor del disparo que mató a Joaquín, sería el único en seguir preso.

“El Tribunal Superior le concedió a la Justicia de Cruz del Eje, que al cumplirse dos años de prisión preventiva del asesino, se la prorrogue por cuatro meses más. Diciendo que en esos meses ya la causa debería estar resuelta y elevada pero seguimos a la espera”, explica Orosz y cuenta, que tras el pedido de elevación a juicio, la defensa de los acusados se opuso y le fue rechazado el pedido, por lo que los abogados impulsaron una apelación en la Cámara de Acusación de Villa Dolores que aún no se expide.

“El 8 de agosto se terminaron los alegatos de los defensores y desde entonces la Cámara no resuelve. Hace dos semanas interpusimos un pronto despacho y nos respondieron que tenían mucho trabajo. Decir eso es un despropósito”, indica el letrado. 

“Es volver a revivir todo lo que pasó”

Los otros acusados son los policías Ronald Fernández Aliendro, Enzo Ricardo Alvarado, Iván Alexis Luján y Jorge Luis Gómez, que al igual que Mailkel Mercedes López, están imputados como coautores del delito de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función, por un miembro de las fuerzas policiales, en concurso ideal con el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En ese marco, el subcomisario Daniel Alberto Sosa Gallardo, también fue acusado como supuesto autor del delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego. 

La espera de justicia ya suma dos años y la situación, en un nuevo aniversario del crimen, se hace más difícil para la familia y los amigos del adolescente: “Es todo triste, nuevamente es volver a revivir todo lo que pasó, en esta instancia judicialmente estamos un poco cansados porque ya hace más de cuatro meses que se presentó la elevación a juicio y está tardando, como ha tardado todo estos dos últimos años”, dice a La Nueva Mañana, Ivana Reynoso que forma parte de la comunidad “Justicia por Joaquín Paredes”. 

Ivana indica que en diciembre de 2021, ante los reclamos, les prometieron celeridad y “evidentemente no se está dando”, se está terminando el 2022 y no tienen la confirmación de la elevación a juicio y eso los deja “aún más lejos de una fecha posible”, que es lo que están pidiendo.

“Siempre nos han dejado claro que están avalando este tipo de actitudes que tiene la Policía represiva de Córdoba. Hay mucha dilatación y complicidad. Respecto al juicio de Blas Correas que se está realizando, no hay que olvidar que Blas y Joaquín se convirtieron en la séptima y octava víctima de gatillo fácil en la pandemia. En nuestra provincia la Policía mata a un pibe cada 17 horas y el Gobierno no se hace cargo”, agrega la mujer y cuenta que este año, el próximo 2 de noviembre realizarán una marcha de antorchas, un recorrido entre el cementerio y el mural de Joaquín que está en Paso Viejo porque ese día, el joven cumpliría los 18 años. 

“Con el riesgo de que los homicidas queden en libertad”

“Si nosotros no tenemos una fecha de juicio antes que termine octubre, difícilmente vamos a tener un juicio en febrero y eso nos dará un 2023 con todos los homicidas en libertad, que es algo totalmente vergonzoso para la Justicia y totalmente terrible para los sobrevivientes”, dice Ivana y añade: “De ese modo, se extiende en el tiempo la maldad”. 

En esa línea, sobre la falta de celeridad judicial, Orosz puntualiza: “Creo claramente que acá hay voluntad de encubrimiento de la institución policial y del Gobierno provincial, por uno de los brazos que tiene el poder Ejecutivo, totalmente subordinado, que es el poder judicial”. 

“Pedimos que se vaya a juicio, que ellos tengan la oportunidad de defenderse, nosotros de acusar, y que un jurado decida si son culpables o no. Este caso está con requerimiento de elevación a juicio, no es cualquier caso”, añade el abogado sobre “el encubrimiento del accionar policial” que viene reclamando desde el inicio de la causa donde lograron consignar que ese día del crimen, “desde las seis de la mañana hasta las 10.15 que llegó el fiscal al lugar de los hechos, se estuvo cambiando literalmente la escena del delito”.

“Estos son claros delitos de poder. Cuando le das una pistola a personas que tienen pocos meses de preparación y no los años que tiene que tener alguien que vaya a cargar un arma en nombre del Estado. La mayoría de las veces suceden estas locuras, donde por el solo hecho de portar un arma se sienten poderosos, sienten que pueden prepear a los chicos, que pueden maltratar a los pobres y como siempre agacharse ante los ricos”, reflexionó el abogado en una entrevista con este medio cuando recién se cumplía un año del aniversario del crimen y se esperaba una pronta resolución.  Pasó otro año más, las denuncias son las mismas, los reclamos son los mismos y la justicia para Joaquín, no llega. 

La muerte de Joaquín

Joaquín murió en la madrugada del 25 de octubre de 2020, pocos minutos después de llegar a una reunión donde se festejaba un cumpleaños. Había estado en la casa de “B”, el chico de 14 años que después recibió un plomo cerca del corazón. Pasadas las cuatro de la madrugada, cruzaron la plaza junto a otros amigos y llegaron al lugar del festejo, un descampado que está atrás del dispensario.

Un rato antes, el efectivo Enzo Ricardo Alvarado había ido tres veces a la fiesta pero nunca pidió que culminara sino fue para advertirles que no hicieran lío, que bajaran la música, nada más. “Era obvio que la fiesta tenía la aquiescencia de uno de los dos policías del pueblo para que se siguiera realizando”, explicó la querella en su momento. Sin embargo, al rato, tres móviles policiales, dos por una cuadra, otro por otra cuadra, encerraron a los chicos por el descampado y sacaron una escopeta y los empezaron a amenazar para que culminara la reunión.

Los primeros disparos fueron con la escopeta, con postas que no tenían plomo, pero ante el reclamo de los jóvenes que “no tenían derecho a tratarlos como perros ni a dispararles como lo estaban haciendo”-como explicó el abogado de la querella-, los policías sacaron las armas de fuego. Allí, en el descampado empezaron a disparar al bulto de jóvenes, allí hirieron a “B”, que aún necesita de fisioterapia, allí también lesionaron a otro joven de 18 años, y allí mataron a Joaquín.

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