Organizaciones sociales criticaron con dureza los proyectos para “regular” las manifestaciones. Pugna de derechos, necesidades y modalidades. Las “prioridades” de los legisladores.
Ed Impresa22/10/2022 Nicolás Fassi
Especial para La Nueva Mañana
Como ocurre cada vez que el nivel de conflictividad social sube, comenzaron a circular los proyectos y propuestas para sancionar o “contener” las protestas en las calles de los centros urbanos. En este caso, la Unicameral es la caja de resonancia de dos “nuevas” normativas en tratamiento.
Se trata de sendos proyectos presentados por el legislador de Hacemos por Córdoba (HPC) Juan Manuel Cid, y los radicales Dante Rossi y Verónica Garade Panetta. Con matices, ambas medidas apuntan a morigerar el impacto de las manifestaciones que se desarrollan en el centro de la ciudad, a partir de los reclamos enarbolados por comerciantes y vecinos que se ven afectados.
Casi al unísono, referentes de organizaciones sociales salieron al cruce de los proyectos que ya ingresaron a la Legislatura y tendrán tratamiento en comisiones.
En diálogo con La Nueva Mañana, referentes de organizaciones sociales y políticas repudiaron la posibilidad de sancionar las movilizaciones, medida que tildaron de “efectista” y “electoralista”.
“Nos parece muy grave el planteo. Lo primero que hicieron las dictaduras fue tratar de cercenar el derecho a la protesta. Es antidemocrático”, expresó Emanuel Berardo, dirigente del Polo Obrero. “Son dos proyectos que entendemos no pueden prosperar, ni siquiera deberían ser debatidos, porque los legisladores provinciales se están arrogando la potestad para establecer una posición contraria a la Constitución”, sostuvo por su parte Soledad Díaz García (Partido Obrero). Desde ese espacio, el miércoles se realizó una presentación en la Legislatura para repudiar los proyectos.
Para Sergio Job (Unión de Trabajadores de la Economía Popular - Rama Rural), en tanto, se trata de dos medidas con un alto nivel de hipocresía. “Cercenar la posibilidad de expresar esa angustia que están atravesando un montón de familias en lugar de solucionar el fondo de la cuestión nos parece de un alto de nivel de cinismo, por un lado, y por el otro una afrenta a la vida democrática”, señaló el también Coordinador Regional del Centro de Acceso a la Justicia.
A su turno, Marisa Cariddi, de Barrios de Pie-Libres del Sur, indicó “que están lejos de atender a las causas, sino que tienen un efecto absolutamente electoralista que no solucionan el problema de fondo”. “El cercenamiento de estos derechos es para un sector de la sociedad. No es a quienes llevan a cabo tractorazos o reclamos sojeros, que también se manifiestan, sino los movimientos sociales y los trabajadores en su conjunto. Está bien direccionado”, manifestó.
El Foro Sindical de DD.HH. y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos también se pronunciaron con dureza, al sostener que la presentación de este tipo de propuestas “desconoce la historia de la lucha del movimiento obrero de Córdoba”. “Es banalizar una herramienta democrática que tanto ayudó y ayuda a las y los trabajadores a la conquista de derechos, y no debatir realmente el motivo de fondo que desencadena una protesta social”, explicaron en un duro comunicado.
Los proyectos en danza son dos. El de Cid busca modificar el Código de Convivencia con sanciones económicas, trabajo comunitario y hasta arrestos en situaciones en las que se vea alterada “la transitabilidad y el uso de la vía pública”. “Tiene un corte clasista y estigmatizante de un sector de la sociedad”, reiteró Cariddi.
En tanto, el proyecto de Juntos-UCR intenta “brindar previsibilidad”, al solicitar que los manifestantes anticipen día, hora y tiempo de la marcha. “No estamos para nada en contra de las manifestaciones. Sólo pedimos que se prohíba la realización de concentraciones en el microcentro”, expresó Rossi, quien sostuvo que la excepción la tendrán movimientos vinculados con el Ambiente y los Derechos Humanos. El “espacio libre de manifestaciones” que se promueve es el que se encuentra entre las calles Marcelo T. de Alvear-Figueroa Alcorta, Humberto Primo-Sarmiento, Maipú-Chacabuco e Illia-San Juan.
Para Job, en caso de darle curso a cualquier proyecto el oficialismo “se estaría comprando un problema”, porque habría “una catarata de judicializaciones en contrario”, ya que las disposiciones inherentes en torno a la protesta fueron delegadas por las provincias a la Nación en el artículo 14 bis de la Constitución.
Berardo señala que lo que hacen este tipo de medidas es profundizar la situación conflictiva. “Estos personajes salen con este tipo de leyes o ordenanzas, pero no se han preocupado por el incumplimiento de leyes constitucionales como el derecho al trabajo, la vivienda, la alimentación, la salud y la educación. Eso no les importa en lo más mínimo”, observó.
Parlamentariamente, el trayecto marca que en los próximos días habrá convocatorias a diferentes sectores, entre ellos, prometen, sindicales y sociales, a los fines de tener la mayor cantidad de voces a la hora del debate.
No obstante, a nadie se le pasa por alto que el “OK” del Panal para habilitar el debate llega en un momento político clave de cara a lo que viene en materia legislativa: presupuesto y “re-re”, si es que en este último caso prospera la vía política.
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