La víctima es una joven que al momento de ser captada era menor de edad. Hay dos ex funcionarios del Poder Judicial que fueron detenidos y están imputados.
Ed Impresa 30/09/2022
Consuelo Cabral
“Se trata de Nora” es un caso emblemático para todas las personas que luchan contra la violencia de género y en los que se cruzan la trata de personas con fines sexuales la participación de funcionarios del Poder Judicial de Córdoba como responsables de la captación y sometimiento a condiciones de esclavitud de la víctima, la falta de perspectiva de género en la Justicia, y la batalla en las calles de los movimientos de mujeres y disidencias, así como también de organizaciones políticas y sociales, para lograr justicia y el reconocimiento de un delito, la trata, cuya existencia es negada por la Justicia.
O, como el caso de ‘Nora’, los victimarios captan a jóvenes vulnerables mediante mentiras en las cuales les hacen creer que están comenzando un vínculo romántico, cuando en realidad las están captando para someterles y violentarlas de diferentes maneras en el marco de una red, pero que a la hora de intervenir la Justicia, éstos intentan ampararse en dicho vínculo para que los delitos sean considerados como violencia de género individual o intrapersonal, cuando en realidad hay acciones sistemáticas y en conjunto con otros actores, que sostienen la red. En ese sentido, desde Asamblea Ni Una Menos, acompañaron el reclamo de les familiares de ‘Nora’ denunciando que existe una sistematicidad en el abordaje de la Justicia Federal de desestimar cualquier causa que pueda tener una perspectiva desde la trata de personas.
Hoy, a dos años y tres meses del rescate de ‘Nora’ por sus familiares y amigos, y tras la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Federal N°2 de Córdoba a cargo de Carlos Casas Nóblega, la Justicia elevó a juicio la causa en la cual está imputado y detenido desde el 2020, el ex funcionario judicial Eduardo Julio Garzuzi, de 52 años, por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y de reducción a la servidumbre, agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad y amenazas.
Además, el 15 de septiembre pasado fue detenido Eduardo Zanello, abogado y jubilado del Poder Judicial de la provincia, a quien desde la querella venían denunciando desde hace más de un año como cómplice de Eduardo Garzuzi en la captación de la joven.
“Esta detención es producto de la lucha y organización de familiares y amigxs de ‘Nora’, así como de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba y del movimiento de mujeres y disidencias que lo tomaron en sus manos como una causa propia. Esto demuestra que teníamos razón y que la Justicia actúa muy lento, obstaculizando el acceso a la justicia, evitando la recolección a tiempo de pruebas, permitiendo que otras jóvenes corran riesgos”, señalaron desde la querella integrada por la abogada Natalia Bilbao Carmona y por Claudio Orosz.
Y agregaron: “Se confirma lo que sosteníamos desde el inicio: la existencia, en nuestra provincia, de un entramado complejo para la consumación del delito de trata con fines de explotación sexual, de manera organizada (red). Sujetos como Garzuzi y Zanello no actúan solos ni son casos aislados. Son funcionarios judiciales, en este caso, como Garzuzi y Zanello, miembros del poder judicial de la provincia y con estrechos vínculos con sectores del poder político”.
Mientras tanto, ‘Nora’ (nombre ficticio de la joven víctima/sobreviviente para resguardar su identidad e intimidad) se recupera favorablemente del doloroso proceso que atravesó. Gracias al apoyo recibido y a su resiliencia, logró finalizar el secundario y comenzó estudios terciarios. A la vez que analiza constituirse en parte activa del proceso judicial contra Zanello, señalado como su entregador.
La Nueva Mañana dialogó con Natalia Bilbao Carmona sobre la elevación a juicio de la investigación y sobre los desafíos de la inclusión de la perspectiva de género en el proceso judicial, así como la demostración de la existencia de una red de trata.
Nora es una joven que fue sometida a trata con fines de explotación sexual y además a amenazas y a otro tipo de situaciones delictivas. La víctima es una mujer joven que al inicio de estos hechos era menor de edad, cuando Zanello, quien nosotros sindicamos como entregador, se hace de su confianza, y comienza un proceso de sometimiento que es incrementado a fines del año 2019, por Eduardo Garzuzi, quien está detenido hace más de dos años. Es Garzuzi quien la capta y la somete a una situación de casi esclavitud. La otra persona que era de su confianza es Eduardo Zanello que fue detenido hace unos días, que desde el comienzo nosotros los sindicábamos como parte de una organización probablemente mayor que involucra a otras personas, que implica que no son actores aislados, sino que están coordinados. De hecho, Zanello la ofrece a ella en otras situaciones. Y en ésta es sometida por Garzuzi de una manera feroz por muchos dispositivos de sometimiento y disciplina miento extremando el uso de sus condiciones de vulnerabilidad, ya sea por su edad, por su situación de adicción, o por venir de una familia de escasos recuvrsos.
Al momento de su rescate, que es el 5 de junio del 2020, Garzuzi, quien la tenía en su departamento, figuraba como funcionario del poder judicial en la parte de director de la Policial Judicial, y había sido empleado del Poder Judicial en la parte penal llegando incluso a ser secretario de una fiscalía. Y el otro involucrado, Zanello, detenido recientemente, era abogado, jubilado del Poder Judicial habiendo llegado a secretario de un tribunal penal.
La causa fue elevada a juicio a principios de septiembre, todavía no hay fecha de inicio, y se ha desdoblado: esta la investigación llevada a cabo en relación a Garzuzi que está en condiciones de ser juzgada y eso es que lo implica la elevación a juicio y el desprendimiento de la investigación que tiene que ver con Zanello, que si bien nosotros desde el principio lo vinculamos, la fiscalía solo con el correr de la investigación encontró elementos para avanzar con su procesamiento.
Existe una situación bastante sólida en cuanto a la situación de trata de personas con fines de explotación sexual, con el agravante de haberse aprovechado la situación de vulnerabilidad de la víctima, y también con amenaza por parte de Garzuzi en el momento en que ella es rescatada, donde éste despliega una serie de amenazas hacia la familia de ‘Nora’
¿Cómo ha incidido en la investigación y en la defensa el hecho de que los involucrados sean funcionarios judiciales?
La defensa al haber ex funcionarios del poder judicial obviamente que ha sido compleja. Hemos tenido muchos obstáculos, desde el primer momento no tener una perspectiva de lo que se estaba denunciando. Y por eso era desestimada. Nos acompañaron organizaciones sociales y movimientos de mujeres, que dieron cuenta de que la fiscalía no estaba analizando en contexto todo lo que se le venía poniendo en su conocimiento, más toda una suerte de impericias y descuidos, sino son encubrimientos de parte de muchos organismos públicos, sobre todo provinciales. El Polo de la Mujer a partir de la Secretaría de Trata, la propia Policía que no efectúa las diligencias mínimas, como secuestrar el celular a Garzuzi cuando ella es rescatada. Y así, infinidad de descuidos y malas praxis.
Con los movimientos de mujeres, la familia de Nora y distintas referentes políticas, exigieron la aplicación de la perspectiva de género. ¿Considerás que ésta se ha aplicado?
Nosotros peleamos bastante al principio de la causa porque no tenían perspectiva de género. Tuvimos mucho apoyo de distintas organizaciones, como la Asamblea Ni Una Menos. La Justicia lo investigaba como si hubiese sido un problema de pareja o de adicciones. Fue una batalla. Logramos que pudiera incluir esa mirada solo después que les ofrecimos una concatenación de los hechos y un cuadro completo de lo que venía sucediendo, más pruebas que fuimos recabando por nuestra parte. Consideramos que a la Justicia le falta mucho para aplicar la perspectiva en delitos vinculados con mujeres, niñeces y disidencias.
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