Gobierno, gremios y empresarios acordaron un nuevo Mínimo, Vital y Móvil que apenas alcanza para zafar de la indigencia.
Ed Impresa 26/08/2022
César Martín Pucheta
“El salario ha muerto”. El clima de época en la Argentina parece haber encontrado el slogan que resume casi todos los males del día a día del grueso de trabajadores y trabajadoras del país. La plata no alcanza y la inflación no cede. La consigna fue base de la protesta que el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) organizó el pasado lunes por las calles del centro porteño, que incluyó avisos fúnebres en los diarios y que llegó a las puertas del despacho del ministro Claudio Moroni.
Puertas adentro, las autoridades del Ministerio de Trabajo acordaban con referentes sindicales y representantes empresarios de diferentes sectores una nueva base salarial que pasará a ser de $51.200 en septiembre, alcanzará los $54.550 en octubre y llegará a $57.900 en noviembre, cuando las partes se vuelvan a reunir para reactualizar los montos.
Ese piso también influye en los diversos programas sociales y de empleo que se impulsan desde la órbita del Estado. Los beneficiarios del Potenciar Trabajo recibirán tres aumentos de un 7%, alcanzado los $28.950 en el penúltimo mes del 2023; y los montos del Programa Acompañar, que reciben mujeres de 18 y 65 años y personas de la comunidad LGBTI+, aumentarán a la par del básico. Con la nueva suba también deberá definirse nuevos montos para las prestaciones por desempleo, a la vez que se modificarán las bases y los requisitos para acceder a beneficios como la Asignación Universal por Hijo y las Becas Progresar.
El acuerdo contempló el aval de todas las partes, 16 del lado de la representación empresarial y 16 del lado de trabajadores y trabajadoras. El secretario general de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró, votó en contra; mientras que el diputado Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, decidió abstenerse.
“Venimos planteando que con la inflación que empezó a crecer durante el gobierno de Mauricio y continúo en la actual gestión no podemos permitir que el salario siga corriendo desde atrás. Por eso insistimos en la necesidad de establecer las bases de un plan, que incluso podría ser plurianual, que tenga como objetivo recuperar lo perdido durante todo este tiempo”, planteó Ricardo Peidró al ser consultado al respecto por La Nueva Mañana.
Entre los planteos que fueron puestos sobre la mesa por la única parte que votó en contra del nuevo incremento también se solicitó la incorporación de todos los sectores que hoy quedan por afuera de las pautas básicas, como el de trabajadores y trabajadoras rurales y de casas de familia, entre otros. Para evitar el cada vez más notable descenso de trabajadores y trabajadoras a niveles inferiores a la línea de indigencia, la CTA Autónoma también viene insistiendo en torno a la necesidad del funcionamiento permanente de un equipo que fije una canasta básica para que las sumas acordadas contemplen un “piso de dignidad”.
Así y todo, el planteo general de los representantes sindicales coincidió en la necesidad de acordar una pauta por encima de la inflación, que la mayoría de los operadores económicos ubican por encima del 90% para finales de año. Así, se auguraba un aumento total mínimo del 95%. Con el acuerdo actual, apenas si superaría el 75%. En esa situación general concreta también se explica la abstención de Yasky.
El problema principal del atraso salarial en la Argentina se encuentra en su relación con la suba desbocada de precios que ya alcanza niveles históricos, solo comparables con los expresados oficialmente luego de la crisis del 2001 y la devaluación del 2002. Por esa razón, los gremios terminan acordando una suba que se aleja de los reclamos previos y que deja las puertas abiertas a futuras negociaciones que contemplen otras herramientas en pos de la recuperación del poder adquisitivo. En el horizonte aparece la reapertura paritaria en cada uno de los sectores, pero también el pedido de bonos y alicientes similares que podrían ser impulsados desde el Estados.
Vale recordar que en los últimos números del Indec ubicaron el valor de la Canastas Básicas Alimentaria en $49.466 y la Canasta Básica Total en $ 111.298. Es decir que cuando el ministro de Trabajo comenzó con las negociaciones que derivaron en un nuevo acuerdo el salario mínimo, fijado para agosto en $47.850, no alcanzaba siquiera para que una familia tipo pudiese salir de la línea de indigencia. Con el pulso inflacionario cada vez más incontrolable y un aumento en el precio de los combustibles que volvió a activar la maquinita de la remarcación, las expectativas para que la nueva suba alcance para torcer el rumbo parecen diluirse.
Una de las mayores críticas que se escuchan entre las filas sindicales acusa a los empresarios de “dinamitar” los acuerdos que ellos mismos firman. “Hay que actuar sobre formadores de precios pero hay que establecer un mecanismo con participación de trabajadores, sectores de la economía popular y las cooperativas porque si los convocados para la discusión de la política económica siguen siendo los mismos, los resultados van a hacer lo mismo”, dice Peidró quien asegura que el sector empresario casi traba la negociación al negarse a establecer una fecha de revisión.
“Frente a la presión de los grupos económicos hay que crear una unidad del campo popular para plantear un plan que contemple la necesidades de las clases trabajadores, que en algunos sectores están al límite de la supervivencia”, asegura el dirigente gremial que advierte que el gobierno no está cubriendo las expectativas de quienes lo votaron en 2019.
Mientras que a nivel nacional se proyectan movilizaciones, acampes y planes de lucha que, aunque dispersos, buscan quebrar la quietud que observan desde la dirigencia política, en Córdoba la situación general presenta un inconveniente extra: la interna de la CGT.
Con un proceso de normalización sin fechas establecidas en el corto plazo, el movimiento obrero cordobés se encuentra fragmentado. “Estamos en una situación en la que tenemos trabajadores en blanco por debajo y no tenemos quien pueda conducir un plan de lucha en la provincia. No es un capricho, hay una situación concreta en la que necesitamos una CGT normalizada a la altura de las circunstancias”, dice a La Nueva Mañana el metalúrgico Rubén Urbano que destaca que el panorama general da cuenta de la necesidad de una unidad del movimiento obrero para que los gremios más chicos, que no tienen demasiado poder de fuego, “reciban el acompañamiento que necesitan”.
En medio de todo eso, el proceso de intervención quedó en stand by. No hay fechas en el horizonte, aunque los sectores en disputa con Pihen esperan que los tiempos se aceleren. “Esperamos que sea antes de fin de año”, dispara un dirigente que pidió no ser identificado porque cree “que no hay que llevar el conflicto al extremo porque se necesita que todos los actores queden adentro para que el movimiento obrero salga fortalecido y no más lastimado”.
En ese marco, Pihen resiste. Sin embargo, hay quienes empiezan a expresar su preocupación por “un Ministerio de Trabajo virtualmente cerrado” y una situación económica general en la que nadie se anima a descartar despidos y suspensiones. “A Luz y Fuerza le quieren cambiar el convenio colectivo y la CGT no hace nada. Con la falta de divisas que traba el ingreso de componentes y no hay precios, la producción se va a trabar y los primeros en pagar los costos van a ser los trabajadores”, vaticinan en el peor de los escenarios. “Necesitamos recuperar el sentido de la unidad y la lucha”, aseguran.
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