En mayo de este año, siete de cada diez ecuatorianos desaprobaban la gestión del presidente Guillermo Lasso producto de las políticas en materia económica y social.
Ed Impresa 29/07/2022 Claudia Gallardo Sandoval *
Especial para La Nueva Mañana
OPINIÓN
En mayo de este año, siete de cada diez ecuatorianos desaprobaban la gestión del presidente Guillermo Lasso producto de las políticas en materia económica y social. Nada descabellado teniendo en cuenta que, según cifras oficiales, el 27,7% de la población percibe menos de u$s 85,60 mensuales, mientras que otro 10,5% vive en pobreza extrema, con un ingreso menor de u$s 48,24 al mes. Solo 3 de cada 10 personas tienen empleo formal en el que perciben al menos el salario básico u$s 425, pero el costo de la canasta básica familiar incrementó a 735,15 dólares. El valor más alto de la historia.
Como consecuencia de aquello, los indicadores sociales básicos arrojan cifras alarmantes. Por caso, la desnutrición infantil llegó al 29%, a esto se le suma la falta casi total de medicinas, insumos y equipamiento en el sistema de salud pública y la seguridad social. Además, se desmanteló la infraestructura educativa y se bajó el presupuesto para la educación superior. Sumado a ello, hay nula inversión en el sistema vial y un alza permanente del precio de las gasolinas y el diésel que la administración estatal solo congeló en el mes de octubre 2021.
A este clima de descontento generalizado se le suma la incapacidad del gobierno frente a los problemas de inseguridad que atraviesa el Ecuador y ponen de manifiesto la incompetencia de sus fuerzas. Solo por mencionar algunos ejemplos, el mismo mes de mayo, 150 armas fueron hurtadas al interior del cuartel policial y, durante el gobierno de Lasso, 276 personas fueron asesinadas en las masacres de la peor crisis carcelaria del Ecuador. A todo esto, se le suma la proliferación de organizaciones criminales con anuencia de las fuerzas. A raíz de este clima, el embajador de EE.UU. en Ecuador, Michael Fitzpatrick, declaraba a la prensa que están “muy preocupados por la penetración del narcotráfico en Ecuador y en las fuerzas del orden.” Razón por la cual han retirado visas.
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En este contexto, la inconformidad de la población se expresó entre otras cosas con en el pedido de revocatoria del mandato. Así fue que diferentes colectivos solicitaron los formularios respectivos al Consejo Nacional Electoral para formalizar la revocatoria. Por otro lado, y en paralelo, se anunciaba el paro nacional indígena para el 13 de junio; con mucha anticipación, con la intención de presionar pero también de dar tiempo al gobierno para activar canales de diálogo antes de efectivizar la medida.
La respuesta del gobierno no fue otra que la de imponer su fuerza coercitiva. El 19 de mayo fueron allanadas 11 viviendas y detenidas ocho personas, 6 hombres y 2 mujeres. El montaje policial y de fiscalía se hace alrededor de un caso que justifique la construcción de un enemigo interno en el país, la legitimación de un Estado policial y la posterior represión, desprestigio y muerte de manifestantes en el paro nacional indígena que estaba anunciado antes de la captura de los Hijos e Hijas de Mayo, como los familiares bautizaron a las personas indebidamente privadas de su libertad.
¿La acusación? Pertenecer al Movimiento Guevarista Patria y Libertad, dedicados a la acción social con 20 años de existencia pública, considerados terroristas por el Gobierno. Se trata de activistas políticos y sociales, preocupados por dar auxilio emergente a grupos de extrema pobreza y vulnerabilidad. Ellos trabajaban con mujeres de barrios populares, niños y niñas de esos hogares en capacitaciones sobre diversas temáticas: cursos de salud sexual y reproductiva, de visión de género, de defensa personal, clases de artes para niños y jóvenes. En fin, en lo que pueden trabajar voluntarios y voluntarias que desean paliar parte de la desesperante situación de exclusión del sistema.
En paralelo con la construcción de un enemigo interno, el Estado se policializa. Esto se refleja en un aumento desmedido de la fuerza de policial, (pasó de 40.000 a 62.000 hombres en menos de 3 años. Las Fuerzas Armadas tienen 40.000 hombres). La justificación, el combate a la delincuencia; pero la matanza en las cárceles no cesa, como tampoco las muertes violentas por supuestos ajustes de cuentas, sicariato y asalto callejero que crecen exponencialmente. Nada de eso se esclarece con los 62.000 policías, pero sí hubo 7 muertos en el paro y tienen 200 procesos judiciales en camino según declaró el ministro del Interior Patricio Carrillo, General de Policía en la cadena Teleamazonas. Se trata del mismo funcionario que estuvo a cargo de la represión del paro indígena del 2019 que dejó 12 muertos aun no esclarecidos.
En este panorama político, no ha sonado un solo tiro por parte del grupo Guevarista. Se los acusa de pertenecer a organizaciones terroristas clandestinas, se habla de grupos guerrilleros urbanos y rurales. Ya inventaron frente a la opinión pública cinco grupos armados y entrenados para desestabilizar la democracia. No obstante, no existe prueba alguna que lo justifique. No hay nada que puedan imputarles. Visto así, la suerte judicial de los detenidos estaría echada, condenados por la opinión pública y por los jueces que se presten, son 8 familias contra todo el poder del Estado.
Para pedir justicia para los luchadores y activistas sociales, las familias convocan a la opinión pública y a todas las instancias nacionales e internacionales a la solidaridad y a condenar al fascismo que usa las condenas como casos testigos de la judicialización de la protesta para disciplinar a todas las organizaciones sociales ecuatorianas. Pensar y actuar diferente no es delito; cuestionar el sistema no es delito; tampoco lo es apoyar los procesos organizativos de la población. Contrariamente, así es como se fortalecen nuestras democracias. Sí lo es la criminalización de la protesta de un pueblo empobrecido y las detenciones arbitrarias, como fueron apresados los Hijos e Hijas de Mayo. Detenidos en cárceles en las que la muerte está a la orden del día, por ser administradas por mafias a vista y paciencia del Estado y por lo que su vida corre peligro.
(*) Activista por los derechos humanos y hermana de Gabriela Gallardo, presa política.
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