A pesar de la existencia de leyes de paridad de género, la ausencia de mujeres en los puestos expectables da cuenta de la discriminación vertical y horizontal en las estructuras políticas.
Ed Impresa 29/07/2022 Nicolás Fassi
Especial para La Nueva Mañana
Mientras los nombres y precandidatos se peinan para una foto electoral que se aproxima cada vez más, los reclamos por los lugares expectantes comienzan a tomar cuerpo alumbrando las clásicas disputas internas que, de acuerdo a las vías de escape orgánicas de cada partido o frente electoral, pueden desembocar en un temporal a cielo abierto o transformarse, cuando pase el temblor, en una “saludable” muestra de democracia interna partidaria.
La puja por esos lugares tiene un denominador casi común: la (hasta ahora) ausencia de candidatas con peso propio para cargos ejecutivos. Un rápido paneo de los nombres que suenan para el turno electoral de 2023 muestra que todos los expectables son varones.
De manera contradictoria y quizá llamativa, el “kilómetro 0” del calendario del año próximo, las elecciones para la intendencia de Marcos Juárez tienen a dos mujeres como candidatas.
Sin embargo, esta excepcionalidad está lejos de ser un punto de partida certero hacia el camino de una representación paritaria en cuanto a candidaturas y postulaciones ejecutivas.
Según datos del Observatorio de Democracia Paritaria (ODP), dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, 21 provincias han adoptado este tipo de políticas afirmativas para la representación política en el ámbito local y provincial y en muchos casos estableciendo el mismo criterio para la conformación de órganos del Poder Judicial, Poder Ejecutivo y partidos políticos locales. En Córdoba, la Ley de Paridad de Género fue sancionada hace 22 años. Fue en diciembre de 2000, cuando la Unicameral, a instancias de la entonces secretaria General de la Gobernación, Olga Riutort, alumbró no sin “polémica” la Ley 8901, conocida como Ley de Cupos o Ley Ruitort.
A partir de la normativa, una de las primeras de este tipo en el país, se estableció que las listas de cargos previstos en la Constitución provincial estén integradas en un 50% por mujeres y en un 50% por varones, con una postulación en forma alternada y secuencial, o sea intercalando un candidato de cada género por cada tramo de dos postulaciones.
La politóloga y magíster en comunicación política Paola Zuban, de la consultora Zuban & Córdoba Asociados, remarca la hipocresía existente al sostener que “se habla mucho de democracia y los partidos políticos son lo menos democrático que tiene el sistema”. “Excluyen, a veces abiertamente y otras subrepticiamente, al 51% de la población argentina, que son las mujeres. Y ni hablar de las diversidades, que directamente están apartadas”, lanza ante la consulta de La Nueva Mañana.
“Cuando un cliente de un partido político viene a pedir una medición le planteamos ¿por qué no medimos a una dirigenta a otra? y la respuesta es: ‘porque a fulana no la conoce nadie’. Hay un círculo vicioso: “Si fulana no mide en la encuesta, entonces no la conoce nadie, entonces no tiene apoyo partidario, ni fondos para campaña, por lo tanto no la va a conocer nadie”, cuestiona la especialista, que aporta el costado económico de la postura al señalar que “los recursos están más apostados a un varón que a una mujer, salvo pocas excepciones”.
Sobre este punto, Marina Llaó (Consultora JWC), aporta una variante al sostener que “la pregunta sería qué mujeres estamos midiendo”. “Se mide el nivel de conocimiento, entonces, sí aparece en un cuestionario, a aquella que la conocía le empieza a sonar”, explica e incluso problematiza señalando que “las mujeres que logran sortear los pisos y los techos son aquellas que son hegemónicas o suelen ‘ser hijas’ de o ‘esposas de’. Es decir que tuvieron cierto apalancamiento”.
En cuanto a la casi nula presencia de mujeres en la grilla de nombres para cargos ejecutivos, Llaó apunta que “hay un estereotipo de género que opera de manera segregativa para las mujeres en distintas direcciones”.
“En términos de verticalidad hay obstáculos excluyentes, porque hay un pensamiento general que da cuenta de la existencia de liderazgo con rasgos masculinos o masculinizados”, asegura para dar paso a lo que llama una segregación “puertas adentro”.
Esto se observa en los gabinetes de ministros, cuyos integrantes no son objeto de elección popular. “En el Gabinete nacional no hay paridad de género. Hasta la llegada de Silvina Batakis a Economía había dos mujeres en 20 ministerios”, explica al señalar también la noción de que “algunas tareas no son para mujeres y otras sí”.
Pero incluso para las que superan el “techo de cristal” o el “piso pegajoso” se encuentran frente a un tercer obstáculo, que es el de asumir en un contexto de crisis: Carla Vizotti (Salud) asumió en plena pandemia y (Silvina) Batakis en plena crisis económica.
“En contextos adversos, alcanzan cargos que antes no les eran accesibles. Son áreas masculinizadas. Entonces, cuando asumen roles de liderazgo son precarios y en situación de urgencia”, gráfica la consultora.
Esta estereotipación de género de la mujer empática, con mejor capacidad de gestionar la crisis tiene una contracara en el hecho de que “los hombres se protegen y evitan exponerse en lugares de crisis porque son más ‘cuidadosos’ en su lugar de poder”.
La emergencia de las derechas a nivel mundial también atraviesa la cuestión de género y complejiza la cuestión con presencia fuerte de candidatas, quizá más asentadas que en espacio de la centroizquierda. “Es paradójico”, indica Valeria Brusco, politóloga, integrante de la Red de Politólogas No Sin Mujeres y autora de varios trabajos sobre la emergencia de los movimientos políticos de derecha. “Esos espacios, donde por ejemplo circulan ideas antiderechos, tienen candidatas mujeres. Abren el espacio. Eso es como una agenda especial”, asegura.
“Mirando sus dinámicas de esos espacios, las maneras de pensar pasan más por una mezcla de individualismo y menos proyecto colectivo. Es la idea liberal del feminismo, pero no de los feminismos populares”, apunta al asegurar que “desde la izquierda más radical, hay otra prácticas distintas. En la centro izquierda, en cambio, es complejo”.
“Entonces me parece como si cuajara el lugar de la mujer. Además se premia ‘el ser madre’, esa cosa falsa de ser mujer que en estos tiempos viene bien”, opina Brusco.
“A partir de mi experiencia, creo que hay como una especie exigencia grande en el progresismo, visión de mundo, de compromiso, de justicia, como que todo tiene que ser colectivo y construido. Entonces, alguien que asume una posición de liderazgo genera resquemores. Y si es mujer te posiciona mal, porque recordemos que la mujer tiene históricamente una carga extra y se ve obligada a sobresalir”, explica.
A nadie le escapa que esto último tiene correlato habitual en la llamada “campaña sucia” que se difunde principalmente por redes sociales, pero también a través del boca en boca, esparciendo rumores y versiones con el fin de degradar y desacreditar la actuación de las mujeres sin importar si son candidatas o están en función. A este respecto, el artículo 6 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres tipifica la violencia institucional contra las mujeres, incluyendo las que “se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil”.
Y sin embargo, la violencia política es moneda común, por ejemplo, en el mismo Congreso, con habituales interrupciones cuando una mujer hace uso de la palabra o no es convocada a las reuniones donde se toman las decisiones.
Para Zuban, la principal responsabilidad para que esto pueda modificarse es de los partidos políticos porque “son los que tienen el monopolio de la representación política y son los patovicas de la puerta de entrada a la política de las mujeres y las diversidades”. Además, remarca la responsabilidad de los medios de comunicación en el entramado que obstaculiza el acceso de las mujeres a la política. Para superar esta situación se hace imprescindible la “actuación de las mujeres en red que desde los partidos políticos empujen y la asistencia de los medios de comunicación”. “A veces, las mujeres conspiramos en contra de nuestros intereses al creernos la cuestión de la meritocracia y no apoyar los proyectos de acción afirmativa que despejan los obstáculos”, finaliza.
Brusco, quien además cuenta con trayectoria sindical, ponderó la existencia de la intersindical de mujeres al entender que “hizo que se construya desde un colectivo y se empuje para que las mujeres tengan más reconocimiento”. “Y así y todo es una disputa a dar, porque hay secretarías adjuntas, pero no generales, salvo Mariana Mandakovic, secretaria General del Cispren o Ilda Bustos, del sindicato de gráficos”, explicó la politóloga.
Según estadísticas del Observatorio de Democracia Paritaria (ODP), el 19% del Gabinete ejecutivo de Córdoba está integrado por mujeres, mientras que en la Unicameral, el 37% de las bancas le corresponde a legisladoras. Además, solo hay 32 intendentas en toda la provincia, un 48% de concejalas y tres integrantes del Tribunal Superior de Justicia son mujeres.
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