Franco Méndez, que resiste con su abuelo el desalojo de un terreno en Santa María, denunció que este fin de semana cuatro policías encapuchados le dieron una golpiza.
Córdoba 25/07/2022
Miriam Campos
El sábado a la noche Franco Méndez tuvo una premonición. “Creo que esta noche no me salvo”, mensajeó mientras cargaba su celular en Santa María de Punilla. Había ido hasta la zona urbanizada para cargar la batería, porque en su casa ya no tienen luz ni agua: los servicios fueron cortados tras la intimidación de desalojo por el trazado de la Autovía de Punilla, que pasará por encima de la vivienda donde Saturnino Abel Méndez, su abuelo, vive hace casi 40 años.
Al regresar a la casa porque su abuelo había quedado solo -consta en la denuncia realizada- en medio de la oscuridad a Franco lo arrastraron cuatro policías encapuchados y le dieron una paliza. Producto de ese ataque, en el Hospital Domingo Funes comprobaron que tiene tres costillas fracturadas.
“Lo patearon por todo el cuerpo, la panza, las costillas, la cabeza. Las piernas las tiene moretoneadas, él quedó en shock”, cuenta a La Nueva Mañana Gabriela Taborda Varela, integrante de la Asamblea de Punilla y la persona que lo socorrió poco después del ataque. Ella es a quien Franco le comentó por teléfono su premonición y las situaciones de intimidación que venía viviendo esos días. El viernes mismo, el hombre ya había tenido un forcejeo con los policías mientras se encontraba en la puerta de la vivienda junto a su hija de ocho años. “Vos acá no tenes nada que hacer”, lo increparon.
“Van con esa metodología, en medio de la noche, aprovechan la oscuridad para atacar. Esto ya pasó con el desalojo violento del campamento en Molinari”, cuenta Taborda Varela, que esa noche se desplazó con su pareja en medio de la soledad del monte para poder trasladar a Franco hasta el hospital, porque el joven no podía caminar.
“Era una oscuridad, íbamos en el auto y en un momento yo sentí temor por mi y mi compañero, el viernes habíamos sido reprimidos en el sitio arqueológico, entró la Policía, nos empujaron, vivimos un momento de tensión. Pensaba en eso y me decía ‘acá pasa algo’, pero pese al miedo seguimos hasta la casa y pudimos constatar el daño que le habían hecho a Franco”, relata la mujer y añade: “Hay una estrategia, un modus operandi de moverse de la Policía y en particular de la plana policial de la regional norte de Punilla, de la cual ya sabemos los acontecimientos que se han venido dando desde el caso Cecilia Basaldúa, el desalojo de Molinari y la muerte de Jonathan Romo”.
“La situación es que esta semana lo desalojan”, contó Franco sobre la situación de Saturnino Abel y cómo estaban las cosas en el terreno. Es por eso mismo que él y su abuelo pidieron ayuda a las y los vecinos de las Asambleas de Punilla, como muchos campesinos de la zona que denuncian ser intimidados, forzados al desalojo y desconocen cómo proceder en términos judiciales.
El hombre de 84 años lleva décadas viviendo en esa casita que ahora quedó a 100 metros de donde se instaló el obrador de la empresa Roggio, que avanza sobre las viviendas que quedaron bajo el trazado del proyecto impulsada por la Provincia y respaldada por Nación como garante en el pedido del préstamos a la CAF-Banco de desarrollo para América Latina para la obra, que no cuenta con licencia social.
“El señor Méndez tiene un comodato sobre el terreno y no es inocente que así sea, porque muchas veces es una figura que se utiliza para ocultar una real locación. Se puede hacer de forma onerosa gratuita: se paga o se cambia por servicio, con trabajo”, dice a este medio la abogada Eugenia Scarpinello, que este lunes anunció la realización de una presentación ante la oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial por el caso de violencia institucional que sufrió la familia Méndez.
“Lo que hicieron es aberrante. Ni siquiera tiene lógica dentro de la maldad, porque ya hay incluso una orden judicial, no cabe en la cabeza que cuatro uniformados golpeen a una persona así”, dice Scarpinello y agrega: “Acá hay una precariedad de situación, no es lo mismo que esta persona tenga una escritura pública y que el Estado quiera expropiar, que lo puede hacer bajo la ley de expropiación. Pero lo que no puede hacer es pasar sobre los derechos fundamentales”, agrega.
Para la letrada, se debe tomar en cuenta la “situación de vulnerabilidad” de las personas que van a ser expropiadas y tener en cuenta las cualidades personales de las y los afectados, ya que tanto el señor Méndez como la señora Olga Benavídez, la vecina de Bialet Massé de 80 años a quien el mes pasado intimidaron con el desalojo, “son personas muy mayores, y no tienen la capacidad para enfrentar un juicio. Entonces no basta con ir y depositar el porcentaje base que exige la ley para sacarlos de sus casas”.
Toda la zona, refieren los vecinos, está “prácticamente militarizada”. La presencia policial al pie de la maquinaria es constante, y días tras día la futura autovía avanza sobre terrenos, viviendas y familias.
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