Similitudes y diferencias entre la reforma que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó en 2021 y la que debate Córdoba. Kicillof pudo, Schiaretti no quiere.
Ed Impresa 22/07/2022
César Martín Pucheta
La tensión mayor de la política cordobesa pasa por estas horas por los reclamos municipales. Esta vez, no se habla de atrasos en la llegada de fondos coparticipables, ni pedidos de ayuda económica, ni asignación de fondos especiales. La discusión es política y tiene que ver, concretamente, con el futuro electoral. En juego, 289 intendentes e intendentas que comenzaron su mandato, al menos, en 2015 y que estarían imposibilitados a repetir por una reforma que la Legislatura aprobó por unanimidad en 2016 y puso un límite de dos mandatos consecutivos para todos los cargos electivos de la provincia.
El debate fue acalorándose con el paso de las semanas y expuso algunas riñas públicas especialmente en la oposición. Sucede que mientras un numeroso grupo de jefes y jefas comunales del radicalismo y el vecinalismo piden avanzar con una reinterpretación de la norma, los representantes legislativos y las propias autoridades partidarias de las fuerzas que integran Juntos por el Cambio se niegan a avanzar en ella. Algo similar pasa en el oficialismo, aunque la costumbre más arraigada en la disciplina partidaria evita por el momento que la sangre brote a la superficie peronista. Nadie le pide nada públicamente a Schiaretti, que se mantiene firme en su postura de avanzar en una nueva reforma siempre y cuando sea por consenso. Vale aclarar que si de números se tratase, Hacemos por Córdoba cuenta con la mayoría suficiente para cambiar lo que se le ocurra desde la Unicameral.
Es tal la inquietud que por estas horas se maneja desde los poderes municipales que hasta la posibilidad de echar mano a una estrategia judicial que reinterprete la ley se baraja desde hace tiempo como una de las salidas posibles al conflicto político. Quienes analizan esa posibilidad usan un argumento que suena lógico, sobre todo teniendo en cuenta la jurisprudencia legislativa general. “No se puede legislar para atrás”, advierten quienes señalan que una ley dictada en 2016 no puede empezar a correr desde el 2015. Así, no se oponen a la limitación de dos mandatos, pero sí quieren que el mandato en curso se considere como el primero y, por esa razón, habilitar la posibilidad de ser reelectos o reelectas en 2023.
Nadie sabe a ciencia cierta cómo puede resolverse el entuerto del que, según señalan, puede atarse una parte de la suerte que se pondrá en juego en la contienda provincial del año que viene. Lo concreto es que la discusión parece calcada a la que tuvo lugar a finales del 2021 en el territorio bonaerense que comanda Axel Kicillof.
La reforma de la reforma en la Provincia de Buenos Aires tuvo algunos ingredientes políticos que sirvió para habilitar discursos críticos a la clase política que era denunciada desde medios y tribunas públicas por parecer más preocupada por sostener el poder que por avanzar en las soluciones “que reclama la ciudadanía”.
Al igual que reza el deseo profundo de Schiaretti, la solución del entuerto en Provincia de Buenos Aires se alcanzó a partir de un consenso, no general, pero bastante representativo. Se votó el 28 de diciembre del 2021, en un día, el Día de los Inocentes. Obtuvo votos de todas las fuerzas, pero resquebrajó algunos de los espacios hacia adentro. En Juntos por el Cambio, las bancas que respondían a María Eugenia Vidal prefirieron evitar el “quemo” mientras que en el Frente de Todos, el massismo también se opuso a la reinterpretación. La izquierda y el espacio Avanza Libertad, que responde a José Luis Espert, votaron en contra.
La particularidad del escenario bonaerense es que a diferencia del cordobés, los beneficiados mayoritarios (43 de 69) fueron los jefes y jefas que habían llegado al poder con el boom del tándem Macri – Vidal en el 2015. La mayoría de ellos, radicales. En Córdoba, los números son bien distintos. Son más de 140 los jefes y jefas locales que están inhabilitados a volver a presentarse y revistan en el peronismo provincial, y si se le suman los identificados con el Gobierno nacional, el número supera los 180. Por otro lado, hay 73 representan a la Unión Cívica Radical, y una treintena que se reparten el PRO y el vecinalismo.
El artículo que se busca cambiar es el mismo, el séptimo. La modificación que piden los cordobeses es la misma que cambiaron en la Provincia de Buenos Aires. Pero las realidades políticas de Schiaretti y Kicillof son distintas. Mientras que el cordobés fue un fuerte impulsor de la norma que hoy se busca modificar, el bonaerense solo tuvo que habilitar un debate que terminó dando marcha atrás con una política que había empujado su antecesora María Eugenia Vidal.
Schiaretti comanda un bloque compacto de poder que apenas encuentra algunas grietas internas que, por lo general, logra emparchar. Kicillof es, todavía, el gobernador que llegó al poder a partir de un frente que desde su misma conformación sostiene abiertas discusiones públicas. Si bien esa realidad le da una mayor posibilidad de “control” al cordobés, también le carga mayores responsabilidades sobre las acciones de su fuerza política. “El costo”, al que tanto le teme en medio de su proyección nacional y su futuro “legado”.
Aunque parece difícil, la discusión podría canalizarse legislativamente aunque más no sea para evitar el escándalo de dejar en manos de la Justicia la solución de un problema netamente político. Ahora bien, si eso sucede, la reforma bonaerense también abre otro campo de atención. En la redacción de la norma que rige actualmente quedó redactado que la limitación de dos mandatos consecutivos como máximo incluía a todos y todas “sin importar que el cargo haya sido ejercido total o parcialmente”. Así, se evitó que los intendentes e intendentas que asumieron otros cargos apenas asumieron en sus municipios intentasen no contabilizar ese período. En Córdoba, unavw modificación que no contemplase esa realidad, beneficiaría c asi exclusivamente a peronistas.
Aunque no está en el centro del debate, la reforma de la reforma también podría causar el pataleo de algún que otro legislador, que podría pedir tener el mismo trato que los intendentes e intendentas. Pase lo que pase, lo más ridículo de toda la situación es que a un año de las elecciones y con una ley vigente que se sancionó hace apenas cinco años, más de la mitad de los representantes municipales de Córdoba no saben si pueden proyectar futuras gestiones o si deben empezar a buscar su futuro político siguiendo otros horizontes.
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