Redacción La Nueva Mañana
El Departamento Antisecuestro, dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía, realizó diversos allanamientos en farmacias y domicilios particulares de la ciudad, en relación a defraudaciones y estafas en perjuicio de la obra social provincial Apross.
Según fuentes policiales, "en los procedimientos fueron detenidos un hombre y una mujer mayores de edad, quienes operaban valiéndose de recetarios oficiales, pero con prescripciones médicas apócrifas".
Asimismo, se secuestraron recetarios, prescripciones apócrifas, teléfonos celulares, troqueles de medicamentos, listados de afiliados, copias de DNI y carnets de la obra social damnificada; también medicamentos y equipos tecnológicos que se habrían utilizado para la maniobra delictiva.
En la causa tomó intervención la Fiscalía del Distrito 1 Turno 4, a cargo de José Bringas.
Desde la obra social provincial, precisaron a La Nueva Mañana que cuando se notificó que desde el lunes en farmacias se debía usar sólo la credencial digital, empezaron a observar un crecimiento de presentación de recetas de insulina.
En virtud de ello, hicieron un seguimiento de esa anomalía y a través de una auditoría, constataron con afiliados que ellos no habían pedido esas insulinas.
Con esa información, Apross hizo nuevas denuncias formales, que permitieron a la Fiscalía continuar investigando y hacer estos allanamientos.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, los detenidos son el propietario y el responsable técnico farmacéutico de farmacias Don Bosco, en la ciudad de Córdoba, quienes fueron imputados por Defraudación Calificada en grado de tentativa.
Según se informó oficialmente, el intento de defraudación a la obra social provincial se realizó prescribiendo, en formularios originales, insulina, tiras reactivas y lancetas para pinchar el dedo, a nombre de beneficiarios que presentan la patología diabética, falsificando los datos del profesional médico, con datos auténticos pero sello falso.
Se presume que la medicación era retirada por personas, que no eran las beneficiarias.
Estiman que esta intervención judicial y policial evitó que existiera un perjuicio patrimonial para la obra social estimado en 100 millones de pesos.
