Sobrevivió a una violación grupal policial y logró la condena de sus abusadores

La sentencia es histórica ya que A. y su abogado demostraron que los abusadores fueron tres: Juan Funes recibió 12 años de prisión; Daniel Chacón y Cristian Quiroga, ocho.

Ed Impresa 10/06/2022 Consuelo Cabral Consuelo Cabral
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A. fue detenida la noche del 19 de abril de 2019 en Villa La Quebrada a donde había llegado para anotarse en una feria de artesanías.

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“Acaba de terminar el juiciooooo. Lo logramoooooos, lo logreeee. Condenados los tres. 12 años uno y los otros dos 8 años. No puedo hablar de la emoción. Gracias, gracias”. El mensaje de A. es escrito el martes 7 de junio a las 13.30. Pasaron más de tres años desde que logró sobrevivir a una violación grupal policial ocurrida en una comisaría de Villa La Quebrada, en San Luis, cuando estaba detenida por un delito federal, por el que luego fue absuelta. Y tres meses desde que comenzó el juicio contra sus abusadores: los, en aquel entonces, sargento ayudante Juan Funes y cabos primeros Daniel Chacón y Cristian Quiroga.

El pedido del fiscal federal Cristian Rachid y de la querella fue de 20 años para quien al momento del hecho era sargento y de 18 años para los dos cabos. Y si bien, finalmente el Tribunal Oral Federal de San Luis, resolvió condenar a 12 años de prisión a Funes, acusado como autor de la violación, y a 8 años a Chacón y Quiroga, condenados por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante y doblemente agravado”, la sentencia fue celebrada por la víctima/sobreviviente, por su familia, su abogado y el resto de profesionales que la acompañaron en un proceso que afrontó luchando también contra enfermedades surgidas como consecuencia de los abusos que sufrió.

Las pericias médicas que le realizaron arrojaron que su útero había sufrido múltiples lesiones, por lo que debieron operarla dos veces. Al poco tiempo fue diagnosticada con cáncer de mama y comenzó quimioterapia. Pero no fue suficiente y debieron extirparle los dos pechos. Actualmente se somete a terapia de rayos y paralelamente lleva adelante un tratamiento psicológico. Por todo lo anteriormente mencionado, A. tiene un certificado de discapacidad del 95%.

“La Justicia escuchó mi voz”

A. está feliz. En los audios que envía dando la noticia de la sentencia se le nota la sonrisa. Está exultante. Se ríe con ganas. Por primera vez en años, A. está feliz. No le importa si para algunas personas son pocos años los que les dieron a sus abusadores. Ella dice que ya ganó, porque lo pudo poner en palabras, porque gracias a que se animó y la animaron a denunciar, vio a Funes, Chacón y Quiroga sentarse en el banquillo insistiendo en que eran inocentes y salir condenados por unanimidad.

“Esperar el peso del martillo fue eterno. No les deseo el mal. No les tengo odio, les tengo asco. Me rompieron toda y cambiaron totalmente mi vida. Yo aprenderé a vivir con semejante horror y ellos estando presos. Siento que la Justicia escuchó mi voz y aunque para algunos sean pocos años, no soy yo quien decide lo que realmente merecen. Logré hablarlo, escribirlo de puño y letra, volver personalmente al lugar del hecho… ahí dejé la mochila de piedras que ellos llenaron. Este proceso de justicia, haber denunciado, ha sido de algún modo sanador. Yo ya lo logré. Estoy viva y tranquila”, dice A. en diálogo con La Nueva Mañana.    

El rol de la fiscalía federal y la Dovic

A. fue detenida la noche del 19 de abril de 2019 en Villa La Quebrada a donde había llegado para anotarse en una feria de artesanías. Como esa noche llovía, se refugió en “una especie de bar, de boliche de pueblo”. Ahí había un grupo de policías que empezaron a hostigarla, hasta que finalmente la detuvieron con el argumento de que ella había pagado bebidas con billetes falsos, un delito federal. Por esa causa, A. fue absuelta tiempo después. Con ese argumento, la trasladaron a la comisaría de Villa La Quebrada, de donde debían retirarla integrantes de la Policía Federal Argentina, ya que la falsificación de moneda es un delito de competencia federal pero la PFA no tiene sede local. Fue durante las horas que pasó en esa comisaría, esperando ser trasladada, que los policías la abusaron y golpearon.

Hoy, a tres años, A. destaca el apoyo y la contención que recibió de parte de la fiscalía federal a cargo de Cristian Rachid, así como también del equipo de profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic).

El fiscal desde un primer momento priorizó “la grave violencia de género, institucional y sexual que padeció A. como consecuencia precisamente de su detención”, por sobre el delito que se le adjudicaba.

“Pude animarme a contar todo”

“Yo no me animaba a denunciar. Una mujer policía vio todo y fue la que de algún modo me salvó la vida al abrir la puerta de esa oficina y descubrir que me estaban violando. Un segundo más y yo era una desaparecida. Por eso cuando la fiscalía federal se enteró de lo que había pasado, muy por encima, me llamaron”, recuerda A.
Y agrega: “Gracias a dios recibí esa llamada de la fiscalía federal y al escucharme de inmediato me presentaron un equipo de grandes profesionales. Y por supuesto ya estaba contenida por Alina, mi psicóloga del Polo de la Mujer de Río Cuarto. Gracias a ella, a mi pareja y a mi hija, pude animarme a contar todo. Antes no podía, me daba vergüenza, asco, sentía culpa y escuchaba las amenazas en mi cabeza”.

A. se emociona cuando recuerda las videollamadas diarias que mantuvo durante dos años con el equipo de la Dovic, que tiene base en Buenos Aires, y que puso a su disposición abogadas, psicólogas y psiquiatras, cuyos testimonios fueron incluidos como pruebas en el juicio que acaba de terminar. “Un día Paola, mi abogada de la Dovic, se tomó un avión para venir a una pericia en San Luis y como ésta se demoraba, se tomó un taxi y se vino a mi casa. Por eso si algo aprendí, es que de esa pesadilla no se puede salir en silencio ni en soledad”. 

 

 

LNM - Edición Impresa 262

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