Los gremios públicos solicitaron la reapertura de los acuerdos firmados en marzo y manifestaron que no quieren un bono, sino que se anticipen las subas acordadas en paritarias.
Ed Impresa 22/04/2022 Nicolás Fassi
Especial para La Nueva Mañana
Los nada alentadores números de la inflación, que muestra un primer trimestre con un 16%, recalentaron las alarmas de los gremios públicos. A caballo del 52,24% en los últimos 12 meses, las organizaciones sindicales públicas “orejean” el acuerdo firmado a principios del mes de marzo, que estipula una suba del 30% hasta el mes de julio, a cobrar en agosto, lo que dejaría las actualizaciones totalmente licuadas.
Con todo, la discusión pasa por no perder la carrera contra los índices que mensualmente publica el Indec, sino también por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. La letra fría del acuerdo marca que la reapertura de las negociaciones está pautada para agosto, una vez que se hayan completado el pago de los incrementos convenidos: 15% en febrero, 5% en abril y 10% en julio.
El último antecedente se remonta a marzo. Pero como en economía y en la política son los números los que cantan, sorprendió a pocos el pedido de reapertura salarial realizado esta semana por los gremios estatales que firmaron una nota en la que formalmente se le pidió al gobernador Juan Schiaretti la reapertura de las paritarias “en el marco de la preocupación por el notorio deterioro del valor adquisitivo de los salarios”.
El escrito fue firmado por Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Sindicato de Músicos, Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba y Unión de Empleados de Lotería, a los que se sumaron el Sindicato Vial Córdoba, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Unión del Personal Superior de la Administración Pública Provincial y Asociación Cordobesa de Empleados de Casinos.
Zulema Miretti, secretaria Gremial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), dictó el tempo de lo que pueden ser las conversaciones al señalar que se pedirá que se adelanten las fechas de los aumentos.
“No vamos a pedir un bono. Siempre defendimos el hecho de que todos los aumentos pasen al salario básico”, expresó Miretti, quien recordó que en virtud de la actual ley jubilatoria, todos los jubilados que tributan a la Caja Provincial perciben las subas con dos meses de atraso. “Desde un principio reclamamos la derogación no sólo de la Ley 10.964”, aprobada en 2020 y que entre otras cuestiones implicaba un aporte obligatorio de quienes cobran dos beneficios, y los cambios en el cálculo del haber inicial y en las pensiones.
El reclamo, que venía cocinándose a fuego rápido, tiene un fundamento clave: el aval del gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y de Trabajo, para que se rediscutan las escalas, además del refuerzo salarial dispuesto para monotributistas, empleados informales, de casas particulares y jubilados.
“Nunca discutimos un bono. Creemos que lo que se obtenga tiene que estar en el salario”, reafirmó la representante del gremio docente. “Si bien llegamos a un acuerdo semestral, el 30% llegará a los bolsillos recién en el mes de agosto”, especificó.
La hendija por la cual se podría vislumbrar el entendimiento sería un adelantamiento de las fechas de cobros. “Tenemos que adelantar el sentarnos a discutir y solucionar también el problema de los jubilados que con este proceso inflacionario, los aumentos quedan ‘licuados’. En definitiva, todos y todas tenemos que tener más dinero en el bolsillo”, finalizó Miretti.
El otro gran jugador, por la cantidad de afiliados, es el SEP. Su titular, José Pihen, se manifestó a favor de reabrir la discusión, no tuvo una alusión explícita respecto de la modalidad de la eventual actualización. De cualquier manera, Pepe advirtió que con el ritmo inflacionario, el acuerdo quedará “viejo”.
Como en otras veces, la cintura de los dirigentes sirve de dique de contención para el creciente descontento de las bases, que además de reclamar una suba sustancial, también ponen sobre la mesa la pérdida del poder adquisitivo real, algo palpable a partir de la suba en la canasta alimentaria.
“Los números dan”, señalan fuentes gremiales, que toman como sustento el hecho de que la recaudación provincial llegó, a cifras del mes de marzo, a 54.735 millones de pesos; un 55% más que en 2021 en términos nominales y un 4% más en términos reales.
Desde El Panal no hubo respuesta formal alguna, más allá de la recepción del escrito. De hecho, los trascendidos dieron a entender que hay un “acuerdo vigente” y que por los próximos días no habría movimientos en este sentido.
El clima otoñal tomará temperatura a fin de mes, cuando el 29 de abril se desarrolle el tradicional acto por el Día del Trabajador, convocado por la CGT Regional Córdoba y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), que contará con la presencia de Gildo Onorato, secretario Gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep). El combo será el espacio propicio para reforzar el pedido y llegar con “más músculo” a la mesa de negociación.
“Nos movilizamos en defensa del poder adquisitivo de los salarios, para que el Estado actúe contra los responsables del alza incontenible de los precios de los alimentos y por la sanción de las leyes que impulsan los trabajadores de la economía popular”, indicaron desde la entidad sindical.
En tanto, desde los gremios de la salud reclamaron una apertura real de la mesa de negociaciones “con todos los gremios representativos” y remarcaron que ya habían advertido de la insuficiencia del acuerdo. “Evidentemente, si los mismos gremios que firmaron hace un mes ya señalaron que se trata de un acuerdo insuficiente es porque nosotros teníamos razón”, explicó Gastón Vacchiani, secretario General de la Unión de los Trabajadores de la Salud (UTS). “Lo dijimos: no se contemplaba la pérdida del 10% del poder adquisitivo de los últimos dos años”, graficó el integrante de la Multisectorial de la Salud, que remarcó que “no nos sentimos representados por el SEP”. “Exigimos una reapertura de paritarias con los gremios representativos de la salud”, concluyó.
En la Municipalidad, en tanto, rige el tiempo de descuento para la negociación. De acuerdo a lo convenido en diciembre del año pasado, las conversaciones entre el Suoem y las autoridades del Palacio 6 de Julio deben comenzar en mayo. Es decir que las huestes del “flamante” secretario General, Rubén Daniele, llegarán a la mesa con el panorama más claro para recoger el guante y comenzar con la discusión. La pauta firmada en diciembre estipula una suba de 18,95% en dos veces: un 9,5% remunerativo con el sueldo de noviembre; y 9,45% no remunerativo con el de febrero, que pasará al básico en mayo de este año.
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