Consuelo Cabral
En el 2015, H., trabajador en la sede de Córdoba Capital de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), agredió físicamente a una compañera. Este hecho fue denunciado ante el área de Recursos Humanos de dicho organismo con el apoyo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), lo que animó a una veintena de trabajadoras más de la misma dependencias a hacer públicas una serie de agresiones y situaciones de acoso también perpetradas por H.
Además, se sumaron tres compañeros varones que también denunciaron haber sido violentados por el mismo empleado. Como resultado, se le inició un sumario administrativo, donde las trabajadoras violentadas declararon las situaciones vividas y hubo una pericia psicológica para evaluar cuál iba a ser el destino de H. Sin embargo, con el cambio de Gobierno y la política de ajuste de Mauricio Macri, H. que era contratado y había trabajado cerca de 8 años en la administración pública, fue despedido sin causa a fines de 2015.
Sin embargo, el 1 de agosto pasado, seis años después de haber sido desafectado, H. fue reincorpoado al Ministerio de Trabajo de la Nación. Ingresó como planta permanente, a pesar de los antecedentes de acoso y violencia hacia más de 20 mujeres trabajadoras dentro del organismo.
Su reincorporación fue repudiada por las trabajadoras de las Agencias Territoriales de Córdoba y Río Cuarto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, quienes realizaron una asamblea donde expresaron su preocupación por “la grave situación" que les toca atravesar "en materia de vulneración de derechos como mujeres trabajadoras producto que no se está garantizando un espacio libre de acoso y violencia laboral”.
En diálogo con La Nueva Mañana, Elisa María Sotti, integrante del Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Secretaria de Actas, Directora de Géneros y Diversidad en Córdoba, y trabajadora del MTEySS, explica que el hecho de que H. haya sido despedido sin causa genera un impedimento actual a la hora de exigir su desvinculación: "Despedirlo sin causa fue la vía más fácil que encontró el Estado para deshacerse de esta persona en 2015, lo cual implicó un claro ninguneo al pedido que hicimos el conjunto de las compañeras. Con el nuevo gobierno, Alberto Fernández avanzó en un nuevo decreto para la regularización de los trabajadores del Estado y de esa manera se abrió la posibilidad de que esta persona volviera a ingresar".
"Una persona que ha agredido a más de 20 compañeras no puede ingresar al mismo espacio laboral que sus víctimas. En marzo de este año nos enteramos que esta persona iba a ser reincorporada. Desde ATE hicimos presentaciones administrativas y legales reclamando el cumplimiento del convenio 190, exigiendo el resguardo de la integridad de las compañeras. Recién en julio, nos respondieron del área de Recursos Humanos desestimando nuestro pedido", amplía Sotti.
Y agrega: "Laura Rúa, quien está al frente del área de Recursos Humanos de dicha cartera nos respondió que no podían dar lugar a nuestro pedido ya que en nuestro convenio colectivo de trabajo no existe una conexión entre el sumario administrativo abierto en el 2015 con el ingreso actual. Hay un vacío legal que deja desprotegidas a las compañeras. Por eso decidimos avanzar con el pedido de dos audiencia: una con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, y otra con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Se debe avanzar en un abordaje que garantice la modificación de la situación de vulneración de derechos de las trabajadoras. La audiencia que solicitamos deberá contar con la presencia de la voz de las compañeras afectadas además de la representación gremial definida por las trabajadoras”.
Finalmente, Sotti concluye: “Esta alarmante situación es producto de un sin número de errores dentro del organismo y la existencia de un vacío legal en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector (SINEP) que no permite vincular los antecedentes administrativos y penales de la persona que ingresa a la Administración Pública Nacional, salvo que exista sentencia firme en la justicia. Por ende, se está vulnerando el derecho de quiénes somos trabajadoras, de tener un ámbito laboral libre de acoso y violencia, garantía que debería ser una prioridad en el país y de manera particular para el Ministerio, dado que la Argentina ha ratificado mediante Ley 27.580 el convenio 190 de OIT sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo”.
