El conjunto de medidas sanitarias anunciadas por el Presidente rigen desde hoy y se extienden hasta el 30 de abril. Por qué Córdoba vuelve a separarse de las medidas nacionales. El desafío de los intendentes y la preocupación por bares y locales nocturnos.
Ed Impresa 09/04/2021
César Martín Pucheta
Especial para La Nueva Mañana
Desde las cero de este viernes rige en la Argentina el primer conjunto de medidas restrictivas en el marco de la segunda ola del coronavirus que, en nuestro país, ya superó los picos de casos diarios más altos desde el inicio de la pandemia. Específicamente, se trata de disposiciones que apuntan centralmente a reducir la circulación nocturna y evitar la conglomeración de personas en contextos considerados de alto riesgo para la propagación de contagios.
En ese marco, no solo se prohibió la circulación de personas entre la medianoche y las seis de la mañana (salvo el personal considerado esencial) sino que se avanzó en la suspensión de actividades sociales en domicilios particulares, las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas, las actividades de casinos, bingos, discotecas o cualquier salón de fiestas, y la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas. Además, se fijó el cierre de los bares y locales gastronómicos a partir de las 23. “Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar”, dijo el Presidente el miércoles por la tarde. Aunque la palabra definitiva, para algunos territorios provinciales, no fue esa.
A la misma hora que el mensaje presidencial se difundía a través de todos los canales institucionales, el Gobierno de Córdoba daba a conocer el informe epidemiológico correspondiente a la semana 65 desde el comienzo de la pandemia. Si bien todos los datos volvieron a mostrar un (“leve” dice la Provincia) incremento en los indicadores, desde el Ministerio de Salud consideran que la situación se encuentra controlada. “Todavía estamos hablando de un rebrote, pero no de una segunda ola”, repiten desde la cartera sanitaria que mira cómo el número de camas ocupadas todavía se ubica muy por debajo de la media nacional (18,3% al momento del informe).
Más allá de los números sobre los cuales la Provincia se apoya para pararse enfrente de las medidas nacionales, hay una razón que tiene más que ver con el humor social y los “costos políticos” que se ponen en juego que con cualquier otra cosa. Si bien hay un sector económico que se verá afectado con las nuevas restricciones, el grueso de la actividad productiva mantendrá su marcha. Córdoba siempre se enorgulleció de mantener ese nivel de acción en medio del parate global y dejó en un segundo plano otro tipo de actividades cuyos actores reclamaron de modo constante su atención. El sector cultural fue uno de ellos, basta mirar unos meses atrás para dar cuenta de dicha situación. Así las cosas, sería descabellado pensar que el Gobierno de Juan Schiaretti vaya a poner en riesgo su relación “institucional” con la Nación solo por el funcionamiento de los locales nocturnos. Más allá de que el reclamo del sector sea comprensible, en principio.
Como sucedió a lo largo de toda la pandemia, en El Panal prefieren que ese costo político se facture a nombre de otros. El Presidente, mirando hacia arriba, y los intendentes, mirando hacia abajo.
El informe epidemiológico cordobés habla de 174 localidades sin casos activos en la provincia. Un número que, aunque significativo, comprende a la menor parte del territorio. De hecho, en la previa de los anuncios, una veintena de municipios habían decidido aplicar restricciones a la circulación nocturna que, en mayor o menor medida, se asemejaron mucho a las anunciadas por el Presidente.
Es precisamente en las localidades del interior donde la situación sanitaria amenaza la convivencia política entre las administraciones vecinas. La razón fue planteada, entre otros, por el intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, a comienzos de la semana. “¿Qué pasa si yo cierro la actividad, pero Villa Allende o Córdoba, no? ¿Cómo evito que quienes no pueden estar allá, agarren el auto (o el transporte público habilitado) y vayan hacia allá?”. El planteo que acompañaba un pedido para restringir la actividad en toda la provincia suena lógico y se replica a lo largo de todo el territorio.
En su comunicado inmediato después del mensaje de Fernández, el Gobierno provincial aseguró que “se coordinará con los municipios las medidas a aplicar de manera conjunta”. Ayer, la Mesa Provincia Municipios se reunió con los intendentes para analizar los pasos a seguir y se decidió profundizar el trabajo coordinado. La estrategia de tinte regional para evitar que las decisiones de un municipio contradigan a las tomadas por la administración inmediatamente aledaña buscará ser la herramienta para evitar que la discusión por las “fronteras” vuelva a ocupar un espacio en las agendas informativas provinciales
Ya en la previa de los anuncios, los responsables de locales gastronómicos, bares y salas de conciertos habían advertido que mayores restricciones para ese sector iban a representar una especie de “tiro de gracia” para el sector. Después de casi un año sin poder trabajar y (a contramano del resto de las actividades de la provincia) una vuelta a la actividad marcada por protocolos que fueron acordados a un ritmo mucho más lento que lo que sucedió en el resto del país, los empresarios del sector advirtieron que “no hay espalda” para poder sostener un cierre del tipo que propuso el Presidente.
Más allá de eso el gran debate, no parece concentrado solamente en el horario, sino que tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos que los empresarios del sector aseguran haber cumplido “a rajatabla”. Sin generalizar, es preciso señalar que las imágenes que se viralizan semana tras semanas a través de las redes sociales servirían para dar cuenta de lo contrario. El punto en cuestión es que hay una buena parte que efectivamente se ha esforzado por mantener el funcionamiento de sus locales “en regla”. Allí, entonces, hay un punto rojo grande entre las deudas de las administraciones locales. Para revertirlo, los controles deberán ser más efectivos y la tolerancia ante el incumplimiento de los protocolos, hacerse menos cotidiana. Aquí se incluye la urgente necesidad de poner un coto a las fiestas clandestinas que se transformaron, lamentablemente, es un signo de estos tiempos.
De cara a los tiempos que vendrán, algunas de las actividades puestas en práctica durante el período pandémico deberán fortalecer su perfil. La más básica será acotar el funcionamiento a los horarios establecidos por las nuevas normativas. Este desafío aparece como crucial para los productores de espectáculos que, si bien desde hace tiempo han comenzado a programar actuaciones y conciertos en horarios vespertinos, todavía no logran que los públicos puedan naturalizar el nuevo escenario. Hasta el 30 de abril, sólo podrán hacerlo en aquellos lugares habilitados como bares, que tienen el permiso para ofrecer espectáculos en vivo. Las grandes salas, deberán esperar hasta el mes de mayo.
Si bien las fuerzas provinciales deberán encargarse de controlar la situación en cada uno de sus territorios y los controles deberán combinar el accionar de los municipios con el rol de la Polícia; la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, afirmó ayer que las fuerzas federales de seguridad cumplirán "un rol central" para "hacer cumplir" en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)" y en las provincias que requieran apoyo las medidas anunciadas por el Presidente para mitigar la expansión de la segunda ola.
"Es importante la colaboración y el apoyo que las fuerzas federales van a dar a las provincias que lo requieran, a través de los comandos de emergencia que hay constituidos a partir de la declaración de la emergencia por la pandemia", señaló la titular de la cartera de Seguridad a nivel nacional que también puso el énfasis en la responsabilidad ciudadana a la hora de cumplimentar con las normativas. "La población debe tomar conciencia de que éste es un problema del que salimos entre todos y con solidaridad", señaló.
El decreto tendrá vigencia hasta el próximo 30 de abril. La estrategia, en este caso, a dos datos concretos que se tendrán en cuenta para el futuro de las medidas en todo el país. Con la suba de casos diarios experimentada esta semana, las autoridades sanitarias aguardan que los efectos de la movilización turística de Semana Santa se plasmen en los partes epidemiológicos con el correr de los días, mientras que también se proyectarán los datos comparativos para analizar el efecto de las medidas anunciadas. De eso dependerá si el decreto se extiende, las restricciones se relajan o si, en caso de que la situación se complejice aún más, se endurezcan.
Uno de los puntos que más controversias había causado en la previa y sobre el cual también se esperaba algún tipo de definición tenía que ver con el funcionamiento de las escuelas. Fue el propio Presidente el que llamó a “cuidar todo lo que sea posible la presencialidad en las escuelas” y despejó cualquier tipo de dudas al respecto. Apenas un rato antes desde la UEPC habían lanzado un comunicado en el que solicitaban “dejar atrás posiciones demagógicas acerca de la cuestión de la presencialidad y fortalecer el aporte de recursos provinciales, así como la aplicación adecuada de procedimientos sanitarios para que la escuela sea un lugar seguro y cuidado para toda la comunidad educativa”.
Encolumnados en parte con el discurso oficial, desde el gremio sostienen que los protocolos se cumplen y que “la mayoría de los contagios no se da en las aulas”. Sin embargo, quedan algunos aspectos a resolver de cara a la creciente de contagios. El primero tiene que ver con cuáles serán los mecanismos para evitar que el virus no se meta en las escuelas debido a los riesgos que representan las calles y, principalmente, el transporte público. El segundo en cómo garantizar los protocolos que contemplan ventilaciones constantes y ventanas abiertas con la llegada del frío, lo que traería aparejado otros riesgos sanitarios que se sumarían a la exposición a la Covid-19.
“Siempre dijimos que la presencialidad no podía ser a cualquier costo”, aseguraba Zulema Miretti a La Nueva Mañana haciendo un análisis al respecto. Aunque consciente del estado cambiante de la situación, también aclaró que, en caso de que sea necesario, serán las autoridades sanitarias “quienes tengan que analizar la situación y, eventualmente, tomar nuevas disposiciones”.
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