Más allá de las urgentes demandas por reordenar la economía, el oficialismo avanza en la depuración de la Justicia. Nuevos pedidos de juicios políticos y de jubilaciones de jueces y fiscales.
Ed Impresa 18/02/2021 Daniel Salazar
Especial para La Nueva Mañana
Tan desordenado quedó el país tras el paso neoliberal del gobierno de Cambiemos, que llevará otra vez muchos años volver a ordenarlo. Así lo reflejaron los magros índices económicos, productivos y de endeudamiento que se vieron reflejados en los deteriorados índices sociales de desocupación, de pobreza, de indigencia y emergencia sanitaria, que hubo que recomponer para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Y ni hablar el daño institucional que dejó con la connivencia de una parte de la Justicia y el acompañamiento de los grandes medios para perseguir a empresarios y dirigentes políticos opositores.
Sin embargo, nada es nuevo. Esta semana murió Carlos Menem, el traidor de masas si se le atribuye que dijo: “Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie”. “El caudillo popular que hizo neoliberal al peronismo”, según recordó el liberal diario La Nación, que fue tanto uno más de ellos, que con las mismas prácticas de Macri dejó también el país en ruinas y estalló en el 2001.
Más aún, el riojano fue el continuador de las políticas económicas neoliberales de la nefasta dictadura cívico militar, como señaló el propio ex ministro de Economía de la época, José Alfredo Martínez de Hoz, en una entrevista exclusiva que concedió, después de dejar el poder, a Felipe Pigna, publicada en la revista Tres puntos y que reproduce en su libro Lo Pasado Pensado: “Ustedes le dejaron hacer a Menem lo que no nos permitieron a nosotros por haber estado en un gobierno militar”, dijo. Lapidario.
Nunca tan apropiada aquella frase de “los pueblos que no conocen y olvidan su historia están condenados a repetirla”. Pero ahora es el turno de Alberto Fernández y la ansiedad de sus votantes y todo lo que hay que recomponer es grande. Reconstruir siempre es mucho más lento que destruir, pero en ese camino pareciera ir el gobierno para poner la casa en orden.
Más allá de las urgentes demandas por reordenar la economía y que el Gobierno se ponga en funcionamiento, como reclamó en sendas cartas públicas la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la cuestión judicial es el talón de Aquiles del Presidente.
En ese sentido, el detonante que parece haber despertado “la indignación” del Poder Ejecutivo para desmantelar la tan cuestionada Justicia Federal de Comodoro Py, que le reclaman sus aliados de la coalición gobernante, fue la decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo ordenaron que la mega causa de espionaje ilegal que involucra a espías, funcionarios macristas y que complica al ex presidente Macri, que se investigaba en los tribunales de Lomas de Zamora, se traslade a Comodoro Py, afín al gobierno anterior. Yque la investigación recayera en manos del procesado fiscal Carlos Stornelli, nada menos.
Conocida la decisión, el fin de semana largo disparó la reacción hasta ahora desconocida de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que con una serie de tweets cargó en duros términos contra algunos integrantes de la Casación y contra el fiscal Stornelli, que fueron compartidos por el presidente Alberto Fernández. Hubo alusiones también al presidente del cuerpo, Gustavo Hornos, denunciado penalmente el jueves anterior; y también hubo señalamientos al juez Borinsky, porque registra un ingreso a la Casa Rosada en el mismo momento que el asesor estrella Jaime Durán Barba.
Sin embargo, la primera en reaccionar ante tamaña arbitrariedad fue Cristina Kirchner, quien logró frenar la embestida a través de la presentación que hizo su abogado Carlos Beraldi, de un recurso ante la Casación para llevar el tema de la competencia ante la Corte, que el presidente de la Sala IV Mariano Borinsky le dio trámite, suspendiendo el traspaso de la causa a los tribunales de Retiro, esta misma semana.
Hasta ahora, el Gobierno logró cortar una de las patas del trípode de poder histórico en los tribunales de Retiro, que es la intervención de los espías en la Justicia, a la espera de una nueva Ley de Inteligencia.
Sin embargo, no ha logrado avanzar con el proyecto de reforma de la Justicia Federal, conocida como reforma judicial, y la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal que acorta la duración del mandato y modifica las mayorías para nombrar al procurador, cargo que ocupa interinamente Eduardo Casal y fue un sostén de Stornelli durante el último tiempo, por la falta de acompañamiento de la oposición en la Cámara de Diputados.
Mientras tanto, en los últimos días el oficialismo sigue dando pelea. El diputado rionegrino Martín Soria, con el acompañamiento de otros integrantes del Frente de Todos, denunció penalmente al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, por considerarlo partícipe de la mesa judicial del macrismo.
Soria, junto a otros legisladores que acompañaron la denuncia, revisó los registros de entradas a la Casa de Gobierno, suministrados a la organización Poder Ciudadano, y detectaron seis ingresos de Hornos, que coinciden con fallos adversos para funcionarios kirchneristas. Tras la denuncia, los legisladores irán por el jury de enjuiciamiento del magistrado, para su destitución en el Consejo de la Magistratura.
Además, el Ejecutivo a través de una resolución de la Anses, de acuerdo al nuevo régimen de jubilaciones para el Poder Judicial que fue modificado en marzo del año pasado, puso en marcha una eficaz medida para depurar legalmente la justicia de jueces y fiscales y terminar con otro de sus privilegios.
El organismo conducido Fernanda Raverta dispuso que aquellos funcionarios judiciales que hayan iniciado los trámites jubilatorios y que siguen trabajando deberán renunciar o caerán sus trámites. Los más de 200 jueces y fiscales que iniciaron los trámites para jubilarse y todavía no lo hicieron deberán, entonces, renunciar a sus cargos o a sus trámites jubilatorios.
Entre los principales nombres que alcanza la medida están Martín Irurzun, el camarista federal autor, junto a Ricardo Lorenzetti, de la doctrina de las “relaciones residuales” como justificación de la prisión preventiva; Leopoldo Bruglia, trasladado a dedo por el macrismo a la Cámara Federal para el armado del tribunal; el ultramacrista Raúl Plee, fiscal ante la Casación; el camarista Eduardo Riggi, denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el abogado de Cristina Kirchner; Elena Haigton de Nolasco, pasada de edad para la jubilación, Carlos Stornelli, el procesado fiscal del espionaje ilegal y con pedido de juicio político, y el procurador interino Eduardo Casal.
Este año habrá elecciones intermedias y el Gobierno buscará avanzar en el ordenamiento de la casa, una buena ocasión para no repetir la mala historia.
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