LNM habló con el vicepresidente de Enacom, Gustavo López, quien dijo que el nuevo sistema es una forma de “mantener la competencia y resguardar al que menos tiene”.
Ed Impresa 08/01/2021
Ignacio Martín
Las tarifas sociales para Internet, telefonía y cable ya son una realidad en Argentina. Como consecuencia directa del aislamiento por la pandemia de Covid-19 y con el objetivo de regular esos servicios, desde el 1 de enero entró en vigencia la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU), que permite a un amplio universo de personas obtener paquetes a precios muy por debajo de los ofrecidos por las empresas. La medida, rechazada por la mayoría de las prestadoras, fue anunciada a finales de diciembre pasado por el Gobierno nacional como una “ampliación de derechos” bajo un marco de regulación “histórico”. Beneficia en su totalidad a personas que reciben la AUH y la Asignación por Embarazo, como así también a sus hijos de entre 16 y 18 años, y miembros de su grupo familiar; también incluye a beneficiarios de Pensiones No Contributivas; a monotributistas; a clubes de barrio que se encuentren registrados bajo la Ley 27.098; a asociaciones de bomberos voluntarios y entidades de bien público, entre otros. Es decir, abarca a un amplio universo de personas que vieron notablemente afectada su comunicación durante los meses con mayor nivel de aislamiento. Esto incluye a alumnos de todos los niveles que virtualmente perdieron un año escolar, por lo que la medida puede ser criticada por su tardanza a meses del arribo del coronavirus al país, algo que Gustavo López, vicepresidente de Enacom a nivel nacional, explicó de esta manera a La Nueva Mañana: “Algunas cosas ya se habían establecido, como la liberación de las páginas .edu y .gob en los paquetes de datos. Después, en agosto se avanzó con la Prestación Básica Universal que se puso en práctica en enero”.
López pone énfasis en que el Estado nacional “cambia las reglas” para “mantener la competencia y resguardar al que menos tiene”. “Es el equilibrio que se trata de buscar. La pandemia puso en evidencia esta necesidad”, agregó el funcionario.
La otra pata de la cuestión son las empresas de telecomunicaciones, desde las gigantes que operan en las grandes ciudades hasta las pequeñas cooperativas que permiten el acceso a Internet en pueblos y comunas. Ningún representante directo apareció en la foto del anuncio realizado por el jefe de Gabinete ,Santiago Cafiero, el pasado 18 de diciembre, una muestra clara de que desde el Gobierno se avanzó a pesar de las negativas empresariales. Asimismo, no hay que perder de vista que la PBU nace a partir del DNU 690/20 de agosto pasado, que no solo congelaba los precios hasta fin del año, sino que establecía a estos servicios como públicos, esenciales y en competencia. “Las empresas hubieran preferido la no existencia del decreto y que siga siendo un bien de mercado, por lo tanto, que se fije libremente el precio. Lo que pasa es que dejó de ser un bien de mercado para convertirse en otra cosa. Es una regulación distinta porque siguen compitiendo entre ellas, pero obviamente hay intereses encontrados”, subrayó López.
Mientras tanto, sigue el diálogo segmentado entre el Enacom y los prestadores de cara a futuros aumentos que ya fueron solicitados hacia finales del 2020. “La pyme y la cooperativa tienen una relación distinta de mano de obra con respecto a las grandes empresas. En un pueblo tenés que cablear con fibra óptica con 10 conexiones en 100 metros, mientras que en una ciudad tenés 600 conexiones. Los rendimientos son distintos y lo que se viene es un diálogo por tipo de empresa donde vayamos segmentando los aumentos futuros teniendo en cuenta la variedad de costos”, explicó el vice del ente nacional.
• Internet para hogares: los prestadores con más de 50 mil clientes ofrecen 10 megas por $700 AMBA y 5 megas por el mismo valor en el resto del país. Las empresas que posean entre 2 mil y 50 mil clientes ofrecen 5 megas por 700 pesos; en este caso, el beneficiario también podrá optar por acceder al plan de menor velocidad ofrecido por la compañía con un 30% de descuento. Por último, los prestadores con menos de 2 mil clientes ofrecen 2 megas por $600.
• Celulares: se puede acceder a un plan a $150 por mes que incluye 500 minutos en llamadas a celulares de la misma compañía, 50 minutos a números de otras compañías, 500 SMS, sitios web y 0800 liberados y mensajes de WhatsApp únicamente de texto. En tanto, existen dos opciones de paquetes de datos: La primera tiene un precio de $200 por mes y permite utilizar 1 GB. La segunda modalidad es prepaga y ofrece 50 MB por día a $18.
• Telefonía fija: el plan cuesta $380 por mes e incluye 300 minutos de llamadas locales y de larga distancia a líneas fijas de la Argentina, llamadas a 0800 y números de emergencia libres y llamadas entrantes sin límites.
• Cable: por último, la prestación básica implica un descuento sobre el precio del plan de menor valor ofertado por el operador al 31 de julio pasado y/o aumentos posteriores. Si el operador tiene más de 500.000 abonados, el descuento será del 30%; si tiene entre 100.000 y 500.000, del 25%; entre 30.000 y 100.000, del 20%.
Los usuarios alcanzados por la medida podrán acceder directamente a la PBU haciendo una declaración jurada que Enacom pone a disposición en su página web para ser completada y enviada al prestador, que deberá aceptarla como medio de acreditación. López aclaró a este medio que con el solo envío ya basta para acceder al beneficio y que el ente cuenta con una base de datos actualizada de aquellos que pueden adquirir los planes, teniendo hasta 30 días para corroborar los datos con las empresas.
Más información:
Prestación Básica Universal - Política de creación de nuevos derechos
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