“Estamos muy atentos a la promulgación y reglamentación de la ley de aborto”

Brenda Austin, diputada cordobesa de la UCR, dialogó con La Nueva Mañana sobre la recientemente aprobada ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
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ENTREVISTA A BRENDA AUSTIN

A casi diez días de la aprobación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Senado nacional, la diputada cordobesa Brenda Austin, una de las impulsoras de la iniciativa, reflexionó sobre los alcances que tendrá esta normativa.

La legisladora, cuyo mandato se cumplirá en diciembre de 2021, adelantó además su opinión sobre las elecciones legislativas que están previstas para este año y también sentó postura sobre la necesidad de volver a las clases presenciales, con los protocolos pertinentes, en el próximo mes de marzo.

¿Qué sensaciones le trajo la aprobación en el Congreso de la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo días atrás?

- La verdad que fue un proceso complejo de mucho tiempo. El resultado de hace una semana atrás no se podría explicar sin el debate que aconteció en 2018. Se da tras un proceso de maduración de la sociedad en general, de discusión de argumentos, de comprensión de que estábamos hablando un tema que existía en la Argentina y que la criminalización lo único que hacía era agravarlo. No solo no lo evitaba, sino que generaba las consecuencias en la morbimortalidad de las mujeres a lo largo y lo ancho del país. Evidentemente, ese proceso de aprendizaje también se vivió dentro del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. 

Haber podido participar de ese proceso de aprobación, a quienes venimos trabajando en ese tema, fue una enorme satisfacción tanto por la historia del movimiento de mujeres que viene peleando la campaña hace más de una década, como también por aquellas que fueron sus referentes. En el caso de mi partido, el radicalismo, una de ellas fue Florentina Gómez Miranda, que allá por el retorno de la democracia venía presentando proyectos en esta línea. 

Creo realmente que se corre el velo de alguna manera. Nos va a permitir trabajar de frente y seriamente en una problemática compleja y multidimensional como lo es la de los embarazos no intencionales. Poner los esfuerzos del Estado, en sus tres niveles,  en la articulación de acciones efectivas para tratar de reducir los embarazos intencionales y que a la vez el sistema de salud esté presente, es un gran paso para Argentina. 

Brenda Austin
En lo personal me alegró que hayamos podido cerrar el año parlamentario con la sanción de esta ley.

En lo personal me alegró que hayamos podido cerrar el año parlamentario con la sanción de esta ley. Considero que permite que Argentina se inscriba en el conjunto de naciones que reconocen los derechos de las mujeres como derechos humanos. Porque, sin lugar a dudas, es un avance en materia de conquista de derechos.

También creo que lleva tranquilidad que se vayan a encontrar modos de prácticas seguras. Muy por el contrario al miedo que se intentó instalar, que seguramente iban a aumentar la cantidad de interrupciones de embarazos en Argentina, las estadísticas en el mundo muestran lo contrario. Demuestran que una vez que se legaliza, aparece en el sistema de salud público la tarea de la prevención y el acompañamiento posterior, para que las mujeres, las niñas, y adolescentes, no tengan que suscribir una situación como esa. 

Estoy confiada en que nuestro país pueda dar este paso delante de manera sostenida, como una política pública integral.

A la luz de lo que ha venido ocurriendo en distintas provincias donde, a pesar de que existía en el Código Penal el aborto no punible, se obstaculizaba la interrupción del embarazo en niñas embarazadas, ¿cree que podrá aplicarse rápidamente?

- Hay una diferencia importante entre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la ley que acaba de aprobar el Congreso. En el primer caso, hubo un actor clave en el año 2012 que fue la Corte Suprema de Justicia con su fallo FAL que estableció los marcos de interpretación del artículo del Código Penal que está vigente de 1921, pero que necesitó de esa interpretación de la CSJ para delimitar su alcance. 

Ese año, la misma Corte Suprema invitó a los distintos ministerios de Salud a dictar protocolos de aprobación y pasó que muchas provincias se negaron a hacerlo y adherir al mismo protocolo de Nación.

¿Qué hace esta ley que aprobamos en el Congreso ahora?  Primero, modifica el Código Penal de modo que ya no está sujeto a interpretación del fallo de la Corte, sino que el Congreso ha establecido con mucha claridad en qué casos no considera que es un delito la interrupción del embarazo (hasta las 14 semanas). Y luego estableció una redacción clara de lo que se conoce como las causales de no punibilidad: los casos de violación, de riesgo de salud o de vida de la mujer. 

A la vez incorpora un artículo a partir de aquellas situaciones que hemos visto a lo largo de Argentina de personas que se han dedicado a obstruir el acceso a estos derechos. Esa conducta está tipificada penalmente; a partir de ahora es un delito impedir esto que a nuestro país le implicó llamados de atención de organismo internacionales como el Comité de Derechos del Niño. 

Se establece ahora una figura en el Código Penal para aquellos que sean obstructores de la aplicación de la ley, para aquellos que utilicen prácticas dilatorias o que impidan a una niña, una adolescente o una mujer gestante ejercer su derecho de interrumpir el embarazo. 

Y en tercer lugar, respecto a la ILE, hay que recordar que actualmente está vigente y existen protocolos emitidos por los ministerios de Salud de distintas provincias. En estos casos. lo que se establece en la ley es la incorporación de las prácticas al programa médico obligatorio por ley. Tanto en las obras sociales como en el sistema de salud en sus diferentes niveles se debe garantizar lo que esta ley dispone.

Quizás haya algunos actores que pretendan frenar esta ley en sede judicial. Lo vimos en Córdoba en su momento con el amparo que presentó Portal de Belén. Seguramente esto mismo va a ocurrir, pero hay que desdramatizar porque no tengo dudas que la Corte Suprema, bajo el mismo criterio con el que dictó el fallo FAL, va a considerar absolutamente constitucional y acorde a lo que establecen nuestros tratados internacionales, la ley que acabamos de sancionar. 

Brenda Austin by gentileza
El Congreso ha establecido con mucha claridad en qué casos no considera que es un delito la interrupción del embarazo (hasta las 14 semanas).

Obviamente va a haber lugares donde será más complejo y nos vamos a encontrar con un montón de médicos que, en el ejercicio de un derecho que los asiste. se consideren objetores de conciencia. Así que habrá que trabajar en distintos hospitales y en el sistema de salud privado con los convenios de derivación para garantizar las prácticas. 

Se viene un trabajo arduo de implementación sobre todo para que los sistemas de salud estén capacitados integralmente, no solo para lo que es la realización de la práctica sino además en todos los pasos previos y posteriores de acompañamiento hacia la niña, la adolescente, la mujer gestante. 

Y estamos también muy atentos, primero a que salga la promulgación y luego el proceso de reglamentación de la ley.

A fin de diciembre finalizará su cargo en la banca de Juntos por el Cambio en Diputados. ¿Volverá a ser candidata a diputada en las legislativas de este año? 

- Mi partido está discutiendo y ojalá pueda llegar a buen puerto la búsqueda de acuerdos y consensos para evitar, no solamente la interna en lo que respecta al armado de las listas, sino además en lo que es la renovación de las autoridades partidarias. 

Yo estoy muy confiada y esperanzada de que eso pueda ser así, aprendiendo de los errores que tuvimos en las elecciones a gobernador, en el daño que nos generó como partido la ruptura de Cambiemos. Habrá que hallar el mecanismo para saldar las diferencias, poder convivir incluso con miradas distintas, dentro de una lógica que ponga por delante la necesidad de la provincia y las estrategias partidarias

Falta todavía mucho tiempo. También tengo este deseo de que podamos confluir nuevamente con los partidos que integran Juntos por el cambio en Córdoba, en tratar de armar una lista de unidad. En este aspecto, creo que hemos tenido la capacidad y la autocrítica, para mejorar el recorrido y el camino que se viene por delante. 
En mi caso, sobre la posibilidad de volver a ser candidata a diputada, me allano a lo que resuelva mi partido.

Usted ha sido una férrea defensora de la vuelta a las clases presenciales. ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Cree que esto será posible en virtud de la situación sanitaria en el país?

- El argumento más firme es que a lo largo del 2020, más de un millón de chicos dejaron la escuela. Ese es quizás el dato más duro y más cruel de una realidad que, seguramente cuando terminemos de ver los datos de los últimos meses, va a ser aún peor. 

Lo que hemos visto es que la virtualidad, lo único que ha hecho es aumentar la desigualdad. Aquellos que ya estaban en situación crítica con proceso de aprendizaje muy diferente, cayeron prácticamente del sistema, más allá del enorme esfuerzo que hicieron los docentes.

Los problemas de conectividad dejaron a un alto porcentaje de chicos en algunas provincias sin acceso a Internet y otro tanto sin acceso a dispositivos tecnológicos. Esto hizo prácticamente nulo el seguimiento por parte de los docentes. 

Yo creo que fue un error del Gobierno y también de los ministros provinciales que no reclamaron la apertura de las escuelas, en especial en los momentos en muchas provincias argentinas había una baja de casos de Covid. 
No había que inventar mucho. Muchos países del mundo empezando por Uruguay, que tiene el tamaño de nuestra provincia, pudo de manera gradual, progresiva con protocolos muy cuidados, lograr la reapertura de las clases. Y lo mismo pasó en países europeos. Para ellos, “lo último en cerrar y lo primero en abrir” eran las escuelas, y eso marcó las prioridades de esos países. 

En Argentina pasó exactamente lo contrario. Fue lo último en abrir, al punto en que solamente el 1% de la población escolarizada terminó el año yendo físicamente a la escuela, a pesar de que también fue la primera actividad en cerrar. 

En agosto del año pasado ya empezamos a plantear un pedido de emergencia educativa, para que el Estado articulara políticas que permitieran resolver la brecha digital pero también atender las problemáticas de los sectores vinculados al sistema educativo que estaban sufriendo fuertemente el olvido: los transportistas escolares, los docentes suplentes -que en provincias como Córdoba se quedaron sin cobrar-, los jardines maternales. 

Necesitamos que se priorice la reapertura para los niños y niñas que más lo necesitan, quizás con menos horas, alternando los días, pero garantizando el contacto de los chicos con la escuela porque no se trata solo del aprendizaje curricular, sino además de la vinculación. Es el contacto con sus pares, el lugar donde muchas veces se detectan situaciones de abuso o violencia intrafamiliar; donde se ve cuando un chico está en riesgo; donde hay acompañamiento en casos de bajo peso o desnutrición. Todo eso también se perdió y eso va a impactar seguramente con mucha profundidad en toda una generación en Argentina.

Por eso planteamos que sí o sí hay que poner toda la energía en que, independientemente del contexto del Covid, si está o no la vacuna, en marzo tengamos la certeza que con protocolos adecuados vamos a estar retornando a la presencialidad

 

 

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