LESA HUMANIDAD - ENTREVISTA

Un nuevo traspié en una vida cruzada por el terrorismo de Estado es lo que vive por estos días María del Carmen Pietri, víctima de la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. El 29 de marzo de 1976 fue detenida por una patota de la represión junto a su esposo, Adrián Ferreyra, en las afueras de Media Naranja; ella fue liberada ese mismo día, su compañero permanece desaparecido. Por el caso están imputados dos ex oficiales del Ejército, Carlos Horacio Meira y Arturo Emilio Grandinetti; el primero admite su participación en el procedimiento de detención, el segundo niega los hechos. Tras años de estar sometidos a un proceso judicial con todos los derechos y garantías- de las que Ferreyra no gozó-, a mediados de diciembre los dos acusados en el juicio Diedrichs/Herrera respiraron aliviados: el propio fiscal federal Maximiliano Hairabedian pidió para ellos la absolución, por la supuesta legalidad del procedimiento bajo el paraguas del estado de sitio, el carácter de “averiguación de antecedentes” de la detención, y la valoración de que los imputados actuaron a cara descubierta y utilizando uniforme. El fiscal consideró que no está configurada la “privación ilegítima de la libertad”, y aunque no se sabe dónde llevaron a Ferreyra luego de su paso por la comisaría de Cruz del Eje, pidió al tribunal que evalúe la responsabilidad de Luis Gustavo Diedrichs, del Destacamento de Inteligencia 141. 

En esta entrevista con La Nueva Mañana, Pietri reflexiona acerca de la importancia de los juicios y de éste, que la tuvo como víctima y testigo; desarma el alegato del fiscal federal y reivindica su derecho a conocer la verdad.

- Le pido una reflexión acerca del alegato del fiscal Maximiliano Hairabedian con relación a su caso y el de su esposo...   

- El alegato del fiscal Maximiliano Hairabedian es algo que no imaginé ni en la más delirante de mis pesadillas. El Estado argentino tiene la obligación de “dar una respuesta de calidad” (cito sus propias palabras) a las víctimas del terrorismo de Estado, y desafortunadamente la pieza construida no superó la mínima prueba de “calidad”, porque acomodó el lenguaje para transformar los hechos reales en otra cosa, hizo comentarios innecesarios o inexactos, usó el condicional de tal manera que todo lo que incriminara a los imputados fue puesto en duda o, lo que es peor, se invirtió la situación y el victimario Meira pasó a ser un “honorable caballero” y Grandinetti un ”caballero” inexistente, casi un espejismo. Y las víctimas, en este caso, reforzadas a serlo a perpetuidad.

- ¿Qué sintió ante esto?

- Perplejidad. Esa es la palabra que describe lo que sentí. Vi varias veces el alegato para tratar de entender por qué me afectaba tanto cada palabra y gesto de Hairabedian. No podía dar crédito a lo que escuchaba, y tuve también la sensación de que el imputado Meira, que se defendió en medio minuto, no esperaba semejante favor del fiscal. 

- ¿Presintió algo en la audiencia del 4 de noviembre, cuando declaró ante los jueces del tribunal?

- El día que declaré advertí que los defensores de los ingenuos “comisionados” de la dictadura se abroquelaron para impedir que el abogado Claudio Orosz, de sobrada trayectoria en la representación de víctimas, pudiera intervenir en la audiencia, como sí lo hizo en otros casos sin la exigencia de ser querellante. Allí tomé conciencia de que no era suficiente mi palabra. En la estructura de un juicio una víctima sin defensa corre el riesgo de quedar desamparada y a merced de un fiscal. 

- ¿Se arrepiente de no haber sido querellante?

- Tal como lo dije en el juicio, no quise ser querellante porque esperé que el Estado se hiciera cargo de la representación. Creí ingenuamente que podría atravesar este juicio sin defensores particulares, que bastaría la verdad. Me equivoqué. Algunos representantes de la justicia de Córdoba parecieran conservar sus simpatías y complicidades con la dictadura y por ende, asumir la defensa de los imputados y no la de las víctimas.

- ¿Qué imprecisiones, errores o inexactitudes considera que existieron en su alegato?

- Yo no sé nada de leyes, de artículos o de la bibliografía con la que justificó las acciones de los genocidas. Pero hay algunos aspectos del alegato que ofenden mi entendimiento. Por ejemplo, no es cierto que fuimos privados de la libertad por personal civil: la detención la produjo un grupo conformado por Carlos Meira, soldados que estaban en un camión del Ejército y dos autos con civiles armados (la patota, para ser más clara). Todos ellos irrumpieron como una horda amenazante en la casa del frente de donde estábamos y nosotros, atemorizados ante la advertencia de un vecino, huimos para preservar nuestra integridad y la de nuestro hijo en camino. Ellos salieron de cacería, nos encontraron, ataron con alambres las manos de mi compañero, nos subieron al auto -siempre violentos y amenazantes- y luego se dirigieron hacia el camino principal, donde aguardaba Meira como responsable a cargo y no como un veedor de legalidad. Esta acción fue similar a las descriptas por miles de víctimas; la diferencia es que en este caso hay nombres y apellidos. 

- ¿Y acerca de la supuesta averiguación de antecedentes?

- No es cierto que el día de la detención Meira me informara que estábamos en la comisaría por averiguación de antecedentes. La noche del 29, la misma de la detención, un grupo de personas violentó la puerta de nuestra casa en Córdoba, cuya dirección habíamos proporcionado, revolvió todo y robó algunas pertenencias. ¿Este sería el método de averiguación de antecedentes contextual y legal del que habla el fiscal? Al día siguiente Meira me recibió en un despacho de la comisaría y allí dijo que habían averiguado que éramos Montoneros. Siempre sostuve que no sabían a quienes estaban buscando, desde el comienzo fueron imprecisos. ¿Hubo algún registro del pedido de antecedentes ante la policía? Si todo fue tan “legal”, ¿dónde está la prueba de ese pedido? Por otro lado, Adrián no militaba en Montoneros sino en PRT, en el frente de Familiares de presos políticos. Y no es cierto que se comunicó a su familia la situación: la abuela (y no la madre, como dijo el fiscal) fue muchas veces a la comisaría y jamás le fue comunicado nada. A Adrián lo trasladaron sin su documento de identidad; ¿Meira no sabía a dónde se llevaban a los que eran despojados de su documento?; ¿Y el soldado Villarreal… a quién respondía?

- Otro eje del alegato es la supuesta inexistencia de dolo. ¿Qué tiene para decir al respecto?

Es naif pensar que un teniente y un capitán porteños comisionados en Cruz del Eje por la dictadura no fueran partícipes del plan de represión ilegal y exterminio. Obraron con impunidad criminal y abrieron la puerta para la tortura, asesinato y desaparición en al menos un caso, el nuestro. Que sea la única imputación que tienen no les quita responsabilidad. 

- Sorprendió que, en su alegato, Hairabedian de algún modo cuestionara algunas gestiones de la familia para dar con el paradero de Ferreyra. ¿Le llamó la atención?

Hairabedian dijo que en la desesperación, la familia le escribió cartas a Meira. ¿Decir “desesperación” no es una manera de deslegitimar o minimizar el derecho a reclamarle que se hiciera cargo y respondiera por una persona a la que él había detenido y desaparecido? Y a la vez  me pregunto: ¿No es extremadamente raro que un par de años después de la desaparición, el Ejército responda un habeas corpus reconociendo la detención y mintiendo luego en una liberación que nunca ocurrió?

- Por lo que refiere, el juicio la deja con las mismas incertezas que tenía antes del comienzo de las audiencias...

Quedan las incertezas, el asombro, las preguntas, el silencio de los acusados, la sensación de juicio/trámite para la fiscalía, la imposibilidad de aproximarse al último destino de nuestros desaparecidos. Pero elijo quedarme con el aspecto reparador que tienen los juicios de lesa humanidad. Adrián y cada compañero desaparecido estuvieron allí, presentes, con su historia de militancia y sus familias rescatándolos del olvido y la impunidad. La posible absolución no limpiará  la mancha por la participación en los crímenes, tampoco su crueldad y cobardía. Gran parte de la sociedad ya los condenó. Y tuve la oportunidad de encontrar en cada declaración de los otros testigos algo de mi propia vida, de los sueños perdidos, y comprendí también la diferencia entre la búsqueda en soledad y la fortaleza de hacerlo junto a otros,  algo que hasta ahora había sido  inalcanzable para mí. Estoy también muy agradecida por el acompañamiento y contención que recibí de Natalia Fernández, psicóloga del equipo del Espacio de la Memoria. Sin su trabajo amoroso no hubiera sido posible afrontar la parte dolorosa del juicio.  

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OPINIÓN

Una oportunidad perdida

Adrián Camerano (*)

Más de una década de juicios por delitos de lesa humanidad en Córdoba podría hacer suponer que ya está todo dicho, que nada nuevo hay bajo el sol y que los procesos que aún siguen abiertos poco pueden aportar al proceso local de Memoria, Verdad y Justicia. Se trata de un error: los juicios, aún pese a la impunidad biológica que da el paso de los años, están llamados a ser un pilar fundamental de una Memoria en permanente construcción.

Sin embargo, el desarrollo del 12º juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba, en parte ha contribuido a abonar esa teoría equivocada. Quizás sea la excepción que confirma una regla ampliamente ratificada por nuestra historia reciente; lo cierto es que, pudiendo hacerlo, no profundizó en el rol en el entramado represivo de dos enclaves del terrorismo de Estado ubicados en el interior provincial, un territorio varias veces ninguneado, mirada capitalinocéntrica mediante. 

En la memoria popular, y en los expedientes de las causas Diedrichs/Herrera, obran testimonios que dan cuenta de que por la comisaría 12 de Cruz del Eje pasaban, en los primeros días de la dictadura, decenas de detenidos. Muchos tuvieron la suerte de ser legalizados, otros fueron liberados, Adrián Ferreyra –por caso- permanece desaparecido. 

También en la memoria popular y en varias causas judiciales, incluyendo a la que se juzga desde el pasado 9 de septiembre, se da cuenta de que el Grupo de Artillería 141 fue un centro de detención, tortura y exterminio. De hecho, desde hace años se investiga si en el predio de 880 hectáreas existen fosas clandestinas con cuerpos de los desaparecidos, un dato que el fiscal federal Maximiliano Hairabedian no puede desconocer. Además, fue el propio imputado Carlos Meira quien reconoció en un escrito que la guarnición de Villa San Isidro, de la que él dependía al momento del hecho y hasta diciembre de 1979, “integraba la denominada lucha antisubversiva”.

Antes del inicio de las audiencias de este juicio necesario, reparador y fruto de la lucha popular, había expectativa en la posibilidad de avanzar sobre este tema. En la ventilación detallada acerca de cómo funcionaban ambos lugares, quiénes estaban a cargo, qué circuitos represivos integraban, cómo impactaban en la cotidianidad de las respectivas localidades y zonas de influencia. El caso de la detención del matrimonio Pietri-Ferreyra configuraba entonces bastante más que el análisis de un hecho puntual, sino que entrañaba una oportunidad para avanzar en el rol de esas dependencias –una formalmente policial, otra militar- durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. 

Una oportunidad que Hairabedian no supo, no quiso o no pudo aprovechar, por ejemplo cuando tuvo ante sí a dos testigos que pasaron por la comisaría cruzdelejeña, y a dos ex militares que revistaron en el ex GA –el imputado Meira, y un testigo de otro hecho en este mismo juicio-.

Una oportunidad perdida. Ahora los jueces tienen la última palabra.

(*) Periodista, ex Secretario de DD.HH. de Tierra del Fuego

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