A treinta años de los últimos indultos presidenciales, un análisis sobre el desarrollo y la trascendencia de los mismos. LNM dialogó con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
Ed Impresa 28/12/2020 Flavio Colazo
Especial para La Nueva Mañana
En el Día de los Inocentes del año 1990, la ciudadanía argentina –cual víctima propicia de una broma de mal gusto en relación a la fecha- se desayunó con la noticia de que varios genocidas partícipes del estado terrorista entre 1976 y 1983 recuperaban de modo inmediato su libertad, interrumpiendo el cumplimiento efectivo de sus respectivas condenas, como resultado de una serie de indultos presidenciales promulgados por el entonces presidente Carlos Menem. El primer mandatario en aquel momento sancionó varios decretos indultando a un grupo de personas implicadas en el ejercicio del terrorismo de estado. Entre ellos, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Guillermo Suárez Mason y Ramón Camps; así como también al ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. En junio del 2006 el máximo tribunal penal de la Nación consideró que los indultos referentes a delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales. Y en 2010 la Corte Suprema confirmó las sentencias anuladas y ordenó el efectivo cumplimiento de las mismas.
Eduardo Barcesat fue uno de los miembros de la Convención Constituyente de 1994 y es Profesor Consulto de la Facultad de Derecho de la UBA. Además ha desempeñado -y desempeña- una vasta tarea dentro de varios organismos en defensa de los DD.HH. Fue, en aquellos años, de los primeros en alzar la voz en oposición a las medidas pergeñadas, desde el poder político, para aliviar de culpas y cargos a genocidas, torturadores y demás partícipes en los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno terrorista (1976-1983). En esta oportunidad ha accedido a una entrevista exclusiva para LNM. Aquí repasa las razones y consecuencias de aquellos indultos, al tiempo que analiza una posible utilización de los mismos en el presente.
-¿Cómo recuerda haberse anoticiado de los indultos de 1990, y qué impacto provocaron en su fuero íntimo?
- Desde la administración de Alfonsín ya había una declinación en la política de Derechos Humanos (DD.HH.) - patentizada con el dictado de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida-. Luego Menem, en otra de las ocurrencias surgidas desde su megalomanía, pensó que por su designio podía transformar lo que fue terrorismo de Estado en pacificación nacional. Mesiánicamente creyó poder hacer esto mediante los indultos presidenciales. Sin que esto nos sorprendiera demasiado, nosotros, quienes participábamos dentro de las entidades de los DD.HH. -y quienes ya habíamos presentado en el ámbito nacional nuestros reclamos por las leyes de Punto Final y Obediencia Bebida-, a raíz de los indultos de Menem, recurrimos a los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de DD.HH. de la OEA y de Naciones Unidas. En dichas sedes presentamos nuestra firme oposición a las leyes aludidas y a los indultos presidenciales. Debemos recordar que ambos organismos (tanto la Interamericana y la de la ONU) emitieron sendas resoluciones dando por nulos y lesivos a ambos estamentos (las leyes y los indultos) en cuanto a derechos civiles y políticos. El gobierno insistió, tratando de descalificar los dictámenes, pero ambos organismos los ratificaron… Y eso, creo yo, fue la gran base para que, en ejercicio de la presidencia, Néstor Kirchner anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
-¿Y qué pasó con los indultos?
-Néstor Kirchner le dejó a la Justicia la tarea de anular los indultos. Y así ocurrió.
-¿Cómo considera que afectaron estos indultos a la institucionalidad del país y al conjunto de víctimas, familiares de víctimas, y demás sectores de la población ávidos de justicia?
-Yo soy más crítico de las leyes que de los indultos. Estos últimos son una rémora monárquica presente en nuestra Constitución que permaneció allí, desgraciadamente, después de 1994. Lo de las leyes fue más grave, porque en ella trabajaron los grandes cultores de la filosofía analítica en Argentina. Muchos de aquellos habían sido compañeros míos. Lo de Menem ya venía anunciado desde su campaña y posteriores discursos presidenciales, desde que tomó un tono mesiánico… solía proclamar por entonces: “¡Argentina, levántate y anda!”... ¡Lo proclamaba tres veces! Viendo estas cosas el tema indultos no me impactó tanto, porque era una especie de secuela de menor trascendencia institucional que las leyes; porque las leyes son permanentes, y los indultos atienden a casos puntuales. Los indultos han sido utilizados, clásicamente, para condenados… y no para procesados.
-Habida cuenta del descrédito actual de la Justicia por parte de la ciudadanía (según surge desde encuestas varias), ¿cómo cree usted que tomaría la población la utilización de este recurso por parte de un presidente en la actualidad?
-No comparto el uso del indulto para con el estado actual de los juicios persecutorios -y del lawfare-, a los cuales, por supuesto, critico a todas voces. Pero sí reclamo medidas contra este mecanismo, el lawfare, que es mucho más grave que un indulto presidencial. Actualmente presido un tribunal ético internacional en atención a estos casos, el cual, pese a que ha detenido su funcionamiento durante la pandemia, va a emitir un dictamen ético sobre esta práctica perversa que se ha instalado en toda Latinoamérica, y que es descendencia putativa de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
-Tengo para mí que la ausencia de justicia institucional para quienes habían cometido tropelías y crímenes desde organismos estatales usurpados ilegalmente motivó, en algunos casos, la búsqueda de justicia por mano propia. Me refiero a los casos como el atentado contra Ramón Falcón en 1909, y más tarde los de Aramburu, Alberto Villar, etc. Esta intención de tomar la justicia en sus manos –en algunos sectores- entiendo que se detuvo luego del juicio a las Juntas militares durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. ¿Usted pensó en aquel 1990 que a raíz de los indultos podría retornar aquella búsqueda de justicia por propia mano?
-No, en ningún momento temí por eso. Porque en ese momento el movimiento por los DD.HH., y las entidades defensoras de los mismos, al unísono fueron muy claras en cuanto a que no debía buscarse ninguna forma de venganza, sino que debía a ser a través de la Justicia; y de una justicia que fuera de lo más respetuosa para con la supremacía constitucional, y de los tratados internacionales de los DD.HH., para el juzgamiento y castigo de esos actos del estado terrorista. Esta fuerte posición de los organismos, la de oponerse a cualquier tipo de venganza o revancha personal, se ha mantenido hasta hoy en día. En cuanto al Juicio a las Juntas…. Si bien tiene un valor simbólico e histórico innegable, también tiene una parcialidad que debe ser puesta de relieve. La pretensión de los organismos defensores de los DD.HH. era la del juzgamiento a la totalidad de los casos de quienes habían sido víctimas de desaparición forzada, torturas, reclusiones en centros clandestinos, etc. Pero lo cierto es que la tarea de la Cámara Federal fue ceñida por la elección que hizo la fiscalía de 712 casos (por considerarlos como en los cuales se tenía un mayor caudal probatorio). Se utilizó el trabajo de los familiares (en la Conadep) para llevar a delante sus denuncias. Esto se hizo bajo el concepto que, independientemente del número de casos, la pena iba a ser la misma: reclusión perpetua. A mí ese argumento no me convence mucho, y mucho menos cuando en la causa 13/84 el fiscal acusó por 70 casos, un número infinitamente menor al que registra la conciencia histórica del pueblo argentino como víctimas del estado terrorista.
-En estos días la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) rechazó la nominación como eméritos de dos docentes acusados de colaborar con la dictadura. ¿Considera que este hecho reafirma el compromiso de las instituciones para con el sistema democrático de gobierno?
-Yo aplaudo la decisión de la UNC -a la cual le aclaro que yo he visto, desde 1975 en adelante, como bastante retrógrada, reaccionaria y con poco compromiso por los DD.HH.-. Al respecto creo que es relevante aclarar que en la Constitución de 1994 está establecida la inhabilitación absoluta para ocupar cargo o función pública a quienes hubieran prestado servicio durante la usurpación del poder político por parte del estado terrorista.
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